Por tal motivo, tras la manifestación del miércoles 13 de febrero se multó a 95 micros de transporte escolar que fueron utilizados como medio de traslado de los manifestantes de las distintas organizaciones sociales que estuvieron en la Avenida 9 de Julio.
Además de las multas, los agentes retuvieron dos micros: uno por patente adulterada y otro por no tener habilitación para transportar pasajeros.
La multa aplicada tiene un costo de $32100 por “transporte indebido”, monto al que se le debe añadir $2140 por estar mal estacionados sobre la Avenida 9 de Julio e inmediaciones.
En total, por todas las infracciones, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Justicia y Seguridad porteños recaudará una suma total de $3.329.840.
Juan José Mendez, secretario de Transporte de la Ciudad, indicó al diario La Nación que “las normas están hechas para cumplirlas y no son simples caprichos. Cuando se otorga la habilitación a un micro escolar se tienen en cuenta normas específicas de seguridad para transportar niños. Si el mismo colectivo es utilizado con otro fin se trata de un exceso al permiso otorgado“.
Presentaron un proyecto para quitarle los planes sociales a quienes cometan delitos durante piquetes
La aplicación de las multas fue bien recibida por muchos de los conductores que debieron modificar su viaje diario como consecuencia de la marcha y que también recibieron multas por ingresar en la zona de restricción de Tribunales.
Al mismo tiempo que los agentes implementaban las multas, Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos, presentó un proyecto de ley para quitar los planes sociales a las personas o agrupaciones que durante los piquetes corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público, por considerar que “Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado”.
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