ECUADOR:
SUS JUBILADOS / ¿2033?
Solo cambios profundos podrían evitar la quiebra
del IESS en Ecuador
3 de febrero, 2019
Los
estudios actuariales a diciembre del 2018 que mostrarán el estado actualizado
de los fondos
de Salud y de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) se revelarán este mes.
Los de los fondos de Riesgo
del Trabajo y del Seguro Social Campesino no se conocerán hasta junio.
Así lo
afirma el presidente de esta entidad, Paúl Granda.
El temor de
una posible quiebra del
IESS, que cuenta con 3’721.042 afiliados, aumentó luego de que
un informe de Contraloría afirmara que el ente de
Seguridad Social cuenta con fondos para el pago de las pensiones por vejez
(jubilación), invalidez o muerte solo hasta el 2033.
Desde la sociedad civil se realizan análisis de los problemas
que enfrenta el IESS.
El miércoles pasado se desarrolló, en Guayaquil, un
taller, organizado por instituciones privadas, entre ellas Fundación Esquel.
Carmen
Corral, miembro de la Mesa de Seguridad Social, institución privada sin fines
de lucro que analiza la situación del IESS hace tres años, y quien participó
del taller, dice que el manejo político ha afectado al Seguro Social.
“Hay
que repensar el Consejo Directivo. Debería haber una política institucional
para que no importe la autoridad que venga los programas se cumplan. Ha habido
demasiada rotación y en la década anterior venían con consignas”,
afirma.
Señala que se
debe analizar “quién queda a la cabeza del IESS”.
Y asegura que “se debe buscar
aislarlo de la política. Hay (en la actualidad) candados para que solo el
ejecutivo tenga el control”.
Además,
señala que desde hace casi un año este Consejo Directivo no cuenta con
representante de los trabajadores.
Una de las
medidas políticas que más afectó al Seguro Social, según Corral, fue la decisión del
expresidente Rafael Correa de eliminar la contribución del 40% del Estado para
las pensiones, recursos que el IESS dejó de percibir desde 2015
debido a la Ley de Justicia Laboral.
El actual
Gobierno se comprometió a pagar de nuevo estos rubros.
De hecho, Granda indica
que ya se realizó un primer desembolso: “El Gobierno Nacional ya ha colocado el
40% en su presupuesto de este año. Ayer (martes pasado) nos transfirió $ 102
millones”.
Una
problemática es el aumento del número de trabajadores en el IESS.
“Esto responde a cuotas
políticas. Es verdad que el incremento respondería a los hospitales que
construyeron, pero el tema es el cómo y cuándo ingresaron porque no hay
procesos de selección y el personal que ingresó no tiene los conocimientos”,
dice Corral.
Otro
de los problemas, según Granda, es que muchas de las patologías que deben ser
tratadas en los establecimientos de primer nivel (dispensarios) se las trata en
instalaciones más especializadas.
“El
80% de nuestros pacientes tienen gripe, un dolor de cabeza, un problema
estomacal, pero de ese 80% muchos se atienden en nuestras instituciones de
segundo y tercer nivel (hospitales). Estamos trabajando un plan en ese sentido”.
Señala que el
IESS contratará a 80 nuevos prestadores externos para mejorar la calidad de
atención: “Es notorio que es muy difícil sacar una cita en el Seguro y que si
uno logra sacarla el tiempo de espera es enorme y hay enfermedades que no
esperan”, dice Granda.
Elthon Ojeda lleva diez años aportando al Seguro Social cerca de cien
dólares mensuales.
Afirma que su experiencia para acceder a servicios de salud
en el IESS lo ha decepcionado.
“Logré una cita en medicina general, me detectaron amigdalitis, pero el
médico me dijo que no me podía tratar y que tenía que ir a un especialista,
pero la cita me la dieron para dos meses después. Al final pagué un médico
privado, gasté $ 80 y me detectaron algo en el oído y tuve que pagar $ 400 por
una resonancia”, lamenta.
Un caso similar fue el de Adriana Procel.
Ella buscó una cita en
ginecología. Luego de dos meses la consiguió, pero cuando acudió la experiencia
no fue buena: “Llegué y me dijeron que la doctora estaba de vacaciones y me
reagendaron para dos meses después”.
El IESS gastó en 2018 por concepto de derivaciones a prestadores
externos un total de $ 542,9 millones, un 13,6% más que en 2017.
Además compró
dispositivos médicos por $ 349,2 millones y medicinas por $ 195 millones en
2018.
Sin embargo, solo en la adquisición de medicinas se registran
pérdidas por $ 400 millones.
Mauricio Espinel, miembro del Foro de
Salud Pública, quien también participó del taller, dice que para evitar esto se
deben realizar controles.
Señala que se debe asegurar la separación de las funciones de rectoría,
quien da las políticas de operación, quien cumple las políticas, y las de
control que aseguran los estándares.
A ello se suman las deudas por cobrar.
La más grande es de $ 3 mil
millones con el Estado por el concepto de salud.
Además, hay rubros por cobrar
por mora patronal a microempresas ($ 580 millones) y del sector industrial ($
575 millones).
Inclusive el sector público también le debe al Seguro Social un poco más
de $ 17 millones.
Granda reconoce que el “IESS ha sido mal cobrador”.
Para evitar la quiebra de esta institución hay que tomar decisiones
estructurales que tal vez no sean del agrado de varios sectores, afirma Jorge
Madera, representante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.
“El sistema necesita un diseño totalmente diferente... Dependerá
de las medidas, el sector de los afiliados puede afectarse si el IESS es
forzado a incrementar el aporte o si se aumenta la edad para jubilación. Que la
salud no sea para todos... Pero se deben tomar medidas a través de un diálogo”,
señala.
A principios de enero, Granda convocó un diálogo nacional para
determinar las acciones por tomar y lograr sostenibilidad de la seguridad
social.
“Nos está asesorando la Organización Internacional del Trabajo, también
fundaciones, universidades, la Organización Iberoamericana de la Seguridad
Social, es probable que Naciones Unidas. Vamos a discutir los temas y procurar
un acuerdo nacional. Espero que en julio o agosto tengamos ya el acuerdo”,
indica Granda.
Además, se está conformando un comité de ética y transparencia que
recibirá y procesará actos de corrupción.
El mismo miércoles, cuando se realizaba el taller, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional
varios legisladores propusieron la reducción de la edad de jubilación.
Sin embargo, Madera, Corral y Espinel concuerdan en que las medidas que
se deben aplicar en la seguridad social deben ser técnicas y no políticas.
Fuente
“EL UNIVERSO”,
Ecuador, 03.02.2019
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