MENDOZA:
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Domingo, 3 de febrero de
2019
Extinción de dominio: ex funcionarios del PJ bajo la lupa
de la Justicia
Si el proyecto se aprueba, el Ministerio Público
hará un relevamiento de causas abiertas a políticos por corrupción.
Diego Parés / Los Andes
Por Juan
Manuel Torrez
El Gobierno provincial impulsó un
proyecto de ley para aplicar la extinción de dominio en Mendoza, tras el Decreto de Necesidad y
Urgencia del presidente, Mauricio Macri.
En caso de que la
Legislatura apruebe la iniciativa, que fue
adaptada con algunos cambios significativos al decreto nacional, se revisarán las
causas penales abiertas que están en curso contra ex funcionarios – mayoría del
PJ – y ex intendentes, y se
investigará si adquirieron bienes que podrían ser pasibles de la extinción de
dominio.
El proyecto tiene como objetivo que el Estado pueda recuperar de manera ágil y rápida todo tipo de bienes adquiridos producto de la corrupción, antes que finalice el proceso penal en la Justicia.
Desde el
Gobierno provincial afirmaron que la mayoría de estos juicios o duran muchos
años, o ni siquiera terminan con sentencia debido a la complejidad.
De manera paralela se pretende iniciar una causa civil para que los
acusados de delitos de corrupción justifiquen el origen de sus bienes.
Según la
opinión de algunos fiscales consultados por Los Andes, la
inversión de la carga de la prueba será clave para clarificar este tema, ya que
en el proceso penal es el fiscal el que debe probar que los bienes se
adquirieron de manera fraudulenta, pero en este proceso civil, será
el propio acusado el que deberá justificar que todo fue legal.
En el Poder Ejecutivo defienden este proyecto al expresar que
se garantizarán los derechos de los imputados y que habrá un Juez que
determinará si se justificaron o no los bienes.
No obstante, si el acusado no puede
demostrar el origen lícito de los bienes, estarán bajo el poder del Estado por
más que la causa penal persista sin resolución.
Tal como establece la iniciativa, que modificará artículos del Código
Procesal Civil y el Ministerio Público Fiscal, los bienes recuperados por
el Estado (desde lotes y viviendas hasta vehículos, joyas y dinero) irán
a parar a un fondo para la construcción y reparación de escuelas
provinciales.
No obstante, otra parte se destinará al fondo de
garantía, en el que se pagarán los gastos de secuestro, administración y
mantenimiento y todos los costos procesales.
Por último, otro porcentaje se resguardará en caso que el
acusado a quien se le quitaron los bienes, sea declarado inocente.
Allí,
o se le devolverá el bien, o en su defecto el valor del mismo en dinero con
recursos previstos de este fondo.
Ex funcionarios
Si se aprueba
el proyecto, que se comenzará a tratar este martes, el Ministerio Público
Fiscal realizará un relevamiento en 30 días de todas las causas abiertas -la
ley es retroactiva a 20 años – por lo que varios ex funcionarios,
mayoría peronistas, tendrían que probar no sólamente su inocencia en las causas
penales (por enriquecimiento ilícito o defraudación, entre otros), sino el
origen de los bienes que adquirieron mientras estuvieron en la función pública.
Los Andes pudo averiguar los principales apuntados que tiene el Ministerio
Público Fiscal si se aprueba la ley, entre quienes se encuentran el ex gobernador, Francisco Pérez; los ex intendentes peronistas
Luis Lobos (Guaymallén), Sergio Salgado (Santa Rosa), Carlos López Puelles
(Luján de Cuyo); y ex funcionarios como Diego Martínez Palau
y Pablo Rousseau (Transporte).
También prometen estudiar la causa de fraude millonario de los tickets Vale Más, que se registró durante la época de los ex
gobernadores radicales Roberto Iglesias y Julio Cobos (entre 2000 y 2006).
Sobre el ex Gobernador Pérez, reflotaría -entre otros - la
compra de un departamento en las Torres
Agustinas en el año 2013.
Este hecho fue denunciado por senadores radicales en 2016,
pero no ha habido imputaciones.
Desde el Ministerio Público Fiscal también
confirmaron que se investigará el
patrimonio de Celina Sánchez, su esposa.
“En el proceso no se trata sólamente de imputados sino
también de intermediarios, que puedan ocultar el enriquecimiento del
funcionario”, destacaron.
Por otro lado, Lobos está imputado en varias causas, y
una de ellas es enriquecimiento ilícito.
Junto a su esposa y su suegra la
Justicia intentará avanzar en la extinción de dominio, ya que entienden que el
crecimiento de su patrimonio no condice con sus ingresos.
Señalaron también la
compra de vehículos, un lote y la propia casa como bienes que ellos deberían
demostrar su adquisición legal.
López Puelles también está bajo la mira de la Justicia por enriquecimiento
ilícito pero no está imputado, sino acusado.
Sobre él marcaron la compra
de vehículos que podrían caer en el proceso civil de extinción de dominio.
En
tanto, también está el caso de Salgado, condenado a 5 años de prisión.
Martínez Palau y Rousseau, por su parte, están imputados por
enriquecimiento ilícito en la compra de una finca en San Carlos.
La
fiscalía sospecha que el padre de Rousseau podría ser el testaferro
para su adquisición.
En diálogo con Los Andes, Martínez
Palau criticó el proyecto, sobre el cual anticipó que se vendrá una “catarata”
de demandas por daños y perjuicios que las tendrán que pagar los mendocinos.
El
ex funcionario dijo que hay una correlación entre el proceso civil y el penal.
En este sentido, expresó
que el gobierno logrará el “impacto mediático que desea” pero no se llegará a
esa finalidad de justicia de la que hablan.
Como dato
aclaratorio, el ex funcionario destacó que una cuestión es su opinión jurídica,
y otra cosa es la causa en la que está implicado: “Estoy de acuerdo con
que haya legislación sobre la extinción de dominio, pero lo que se hizo
es inconstitucional”, aseguró.
Sobre su causa, manifestó
que el propio Estado peritó sobre sus bienes y crecimiento patrimonial y no se
registraron irregularidades.
“Hay una gran presión del Ministerio Público sobre los
fiscales”.
Por otro lado, al no tratarse sólamente de personas
imputadas, y sí de causas abiertas, la Justicia local pondrá en foco también el escándalo de los Vale Más, que ha quedado
impune tras más de 10 años de investigación.
Uno de los cuatro expedientes
tiene a 4 ex funcionarios con
posible responsabilidad política (Liliana Mirábile, Paula Eisenchlas, Carlos
Marziali y Luis Carretero), pero se cree que participaron políticos con cargos más
importantes.
Francisco Pérez, Luis Lobos y Carlos López Puelles. | Los Andes
Tupac Amaru: los vehículos
Esta
investigación es la denominada “causa emblema”, según manifestó el
gobernador Cornejo, ya que afirma que es la más avanzada y en la que se podría
dar el caso de recuperación de bienes si se llega a probar en la Justicia Civil
que los mismos fueron adquiridos de manera ilegal.
En total hay 16 vehículos secuestrados por la Justicia, que investiga
presunta asociación ilícita y otros delitos de corrupción en la construcción de
viviendas con recursos del Estado.
También hay embargados un par de terrenos y
un plazo fijo, y mientras tanto hay más vehículos (en paralelo a los
secuestrados) pero todavía no los han hallado.
En cuanto a los vehículos secuestrados, Nélida Rojas (líder de la
agrupación) y Ramón Martínez (esposo), no tienen ninguno a sus nombres (tienen
autorización para viajar) y la mayoría de los titulares son sus hijos.
Alfredo Guevara, abogado de Rojas y su familia, aseguró que se
trata de una “canallada” del gobernador Cornejo, a quien lo comparó con Macri
al decir que es “bravucón con los débiles pero genuflexo con los poderosos”.
Fuente
“LOS ANDES”,
03.02.2019
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