MÉXICO
MEDIDAS POR LAVADO DE DINERO
El 'plan maestro' de Morena para detener el lavado de dinero
Desde el Senado, el
partido de López Obrador impulsa una reforma que daría más facultades a la
Unidad de Inteligencia Financiera y obligaría a una mayor coordinación entre
autoridades.
febrero 15, 2019
David Martínez Huerta
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Morena sostiene que combatir al crimen
organizado necesariamente implica golpear sus ganancias y, en
esa línea, desde el Senado impulsa una iniciativa para reforzar la
lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La propuesta fue presentada por los senadores Ricardo
Monreal, líder de la bancada, y Alejandro Armenta, presidente
de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, y plantea medidas para atacar los
ingresos generados por delitos como el narcotráfico, la evasión fiscal, la
extorsión y el huachicoleo.
El propósito —según los promotores del documento—
es dar más herramientas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a
través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Fiscalía General
de la República (FGR).
La iniciativa, que actualmente se analiza en
comisiones, llegó al Senado al tiempo que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador impulsa una estrategia anticrimen en la que el combate al
lavado de dinero es un punto clave.
El texto recoge alrededor de 40 recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo
intergubernamental creado en 1989 por los siete países más desarrollados del
mundo para promover medidas regulatorias contra el blanqueo de activos y el
financiamiento al terrorismo.
¿Qué es el lavado
de dinero?
La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) define al lavado de dinero como
“el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de actividades ilegales”.
En otras palabras, son los
actos para hacer llegar dinero obtenido de forma ilegal(por ejemplo, a
través de un robo o del narcotráfico) a la economía legal(por ejemplo, estableciendo
negocios o comprando propiedades).
¿Qué busca esta
reforma?
La
iniciativa plantea reformar la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para
atacar el dinero sucio producto de actividades como narcotráfico, trata de personas, tráfico ilegal de
hidrocarburos, falsificación, evasión fiscal y extorsión.
¿Por qué Morena
considera que es necesaria?
Datos
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que entre 2004 y 2016
se duplicó hasta 72,000 el número de operaciones financieras.
Por ello, los
morenistas plantean que es necesario dar más facultades a las autoridades para detectar
cualquier operación ilícita y, con ello, atacar las estructuras
financieras del crimen.
¿Qué facultades
se plantea dar a las autoridades?
La
reforma busca dotar de autonomía técnica y de gestión a la UIF, a
fin de que pueda actuar con más rapidez sin dejar de estar adscrita a la SHCP.
Además, se plantea facultarla para establecer los requisitos de alta y registro
en el sistema electrónico para quienes realicen actividades vulnerables, así
como para recibir y administrar la información de esos trámites.
También
tendría que informar a la Procuraduría Fiscal cuando detectara un posible
delito en la materia y promover en los estados que hubiera unidades
especializadas en recibir y analizar información patrimonial.
Más
aún, todas las autoridades competentes tendrían que coordinarse para hacer una Evaluación Nacional
de Riesgos y para actualizarla, así como para trabajar con la Guardia Nacional que
el presidente quiere crear.
¿Qué otras
adiciones se proponen?
De
acuerdo con el GAFI, es importante identificar a quienes hacen operaciones y
tienen el control de los recursos financieros.
Para
ello, la reforma plantea añadir un capítulo a la ley en el que se establezca la
figura de “beneficiario final”, que en el caso de las
personas morales —empresas— sería aquel que tuviera la titularidad de más de
25% del capital social.
Asimismo, cualquier cambio en la tenencia accionaria o
de partes sociales tendría que ser inscrito en un registro público operado por
la Secretaría de Economía (SE), mientras que la SHCP tendría que promover que
los estados adoptaran medidas similares en sus ámbitos.
Otro
cambio es el de añadir en la legislación como sujeto obligado a quien lleve a
cabo “actividades
vulnerables” por medio de fideicomisos.
Con
ello, según se argumenta, sería más fácil detectar delitos y que la FGR
procediera penalmente contra los responsables.
¿Y qué dice la
iniciativa sobre el terrorismo?
Al respecto, el documento dice que, si bien en
México no hay expresiones de terrorismo doméstico, “sí se presenta un riesgo de terrorismo en nuestro país proveniente de dinámicas externas”, principalmente por la posición geográfica, la corrupción y
la enorme extensión de la línea fronteriza.
Tan solo la frontera de México con
Estados Unidos mide más de 3,000 kilómetros.
Fuente
“ADN Político”, México, 15.02.2019
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