RÍO NEGRO, BARILOCHE
ACU 2274/2013 – ACU 624/2015
12/06/2017
·
Política
Corrupción K
Detectan otro fraude millonario con viviendas
durante el kirchnerismo
Se pagaron más de 400 millones de pesos para hacer casas en Bariloche y
nunca se terminaron.
Apuntan a la ex intendenta, y a De Vido y su entorno.
El Gobierno presentó una denuncia penal.
María Eugenia Martini, la ex intendenta de Bariloche, en una elección en 2013.
Ignacio Ortelli
Corrupción K
Terrenos vacíos donde, en los papeles, figuran centenares de viviendas.
Casas inconclusas, sin puertas ni ventanas, con paredes sin pintar ni revocar.
Expedientes internos con documentación clave sugestivamente extraviados.
Más
de 400 millones de pesos ya abonados por el Estado por obras jamás emprendidas.
Todos
estos ingredientes son parte de una auditoría interna del Gobierno de Mauricio
Macri que derivó en una denuncia penal por malversación de caudales públicos,
abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra la
gestión de Cristina y una intendenta K; y que apunta directamente contra el
Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido al ex secretario
de Obras Públicas José López.
El informe, al que tuvo acceso Clarín, fue realizado por el
Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio y adjuntado a la denuncia que
recayó por "conexidad" en el Juzgado Criminal y Correccional Federal
N°9, a cargo de Luis Rodríguez, ya que allí se tramitan otras causas
por defraudación con la obra pública contra Julio de Vido y López.
Y es apenas uno de los cientos de relevamientos que, por pedido del
Presidente, se realizaron en torno a la obra pública.
Este se centró en dos
proyectos para construir viviendas en Bariloche, en el marco del programa
federal "Techo Digno", lanzado por la gestión kirchnerista en 2013.
El primer proyecto analizado fue firmado el 23 de diciembre de 2013 por
el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, dependiente de
López, y por la intendenta de Bariloche en ese entonces, la
kirchnerista María Eugenia Martini.
Aunque no los menciona, el escrito le
pide al juez que se evalúen sus responsabilidades.
En cambio, no cuestiona el rol de las empresas que estuvieron a
cargo de los proyectos, Alusa y Oriente Construcciones.
En el Gobierno
señalan que tienen antecedentes hace décadas, a diferencia de la constructora
montada por Lázaro Báez, aunque advierten que "es el juez quien lo
debe determinar".
Puntualmente, el "ACU 2274/2013" implicaba la construcción de
376 viviendas sociales en distintos barrios de la ciudad, con una inversión
global del Estado nacional -incluidas supuestas "obras
complementarias"- de 169 millones de pesos.
El informe que recibió el
subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, fue
contundente: señala que la obra, que arrancó en febrero de 2014 y tenía que
finalizar en un plazo no mayor a 24 meses, fue abonada en un 99% pero
el avance verificado es del 53%.
Lo curioso -o no tanto- es que en los papeles figura que
presentó el 100% de certificados de avance.
Vale la aclaración: este es el
requisito que mensualmente debe presentar un intendente que "ejecuta"
una obra de Nación para que se le giren los fondos.
Lo que sucedió en torno al segundo convenio es más llamativo.
Denominado
ACU 624/2015, se firmó meses antes de la campaña presidencial; y
tenía como objetivo la construcción de 495 viviendas por una cifra de $ 249
millones en doce meses.
Una promesa para impulsar la reelección de Martini, que
jamás se concretó: la auditoría señala que se certificó el avance al 100% de la
obra y que se giró la totalidad de los fondos.
Pero nunca se colocó ni
un ladrillo en ningún terreno.
"Hubo una sobre certificación del 100% respecto del avance físico
verificado, atento a que la misma no se ejecutó; con el agravante que
el programa se pagó en su totalidad", indica la denuncia presentada
por el Gobierno.
Entre otras particularidades que se detectaron en torno al proceso de
pago de las obras del ACU 2274/2013, los auditores hallaron que varios de los
certificados y de las actas de finalización de obras “sólo fueron firmadas por la
intendenta María Eugenia Martini" y que "no merecieron objeción de las áreas
involucradas en la recepción de de los referidos certificados de obra y pago de
los mismos” en Planificación Federal.
También les llamó la atención la falta de
las firmas "de un representante técnico del municipio y de la empresa
contratista, como acaeció en los primeros certificados”.
En tanto, del proyecto en el ACU 624/2015, directamente no quedó
registro: en el área de "Certificaciones Programa Federal Techo
Digno" dijeron que el expediente "no pudo ser hallado",
por lo que también se procedió a pedir que el juez evalúe si no se incurrió en
el delito de destrucción de documento público.
¿Dónde está el dinero? Nadie lo puede afirmar con certeza, ni siquiera
la actual administración, ya que desaparecieron documentos que impiden
seguir la ruta de los fondos.
Clarín consultó oficialmente al ministro del Interior Rogelio Frigerio
quien se limitó a informar que todo está en poder de la Justicia y expresó:
"El Presidente fue muy claro con nosotros. La obra pública no
puede ser más sinónimo de corrupción en la Argentina. Y debe realizarse en
tiempo y forma".
Fuente
“Clarin.com”, 12.06.2017
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