PENSIONES POR
DISCAPACIDAD
– I –
(NI PELADO NI CON TRES PELUCAS)
Pedido de la Defensoría a la Anses
Escándalo frente al masivo recorte de las pensiones por discapacidad
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó un pedido de informes a la Anses para que explique los fundamentos de esta decisión, la cual perjudica a los sectores más vulnerables de la población.
Unas 70.000 personas habrían sido afectadas.
Ante las denuncias recibidas por parte de distintos sectores de la ciudadanía respecto a las bajas injustificadas de las pensiones no contributivas, el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, envió un pedido de informes a la Anses para que brinde explicaciones sobre los motivos por los que se realizaron los recortes.
En el comunicado presentado, se requiere que se detalle si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y se solicita que desde el Estado se comunique en qué normativa se fundamenta la decisión.
“Esta medida afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ataca a los derechos de las personas con discapacidad y se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresó el defensor del Pueblo bonaerense.
La Defensoría se hizo eco de distintos cuestionamientos que llegaron hasta el organismo, en donde se indicaba que las pensiones fueron suspendidas sin previo aviso.
Muchos vecinos se enteraron de la noticia en la propia ventanilla del banco, en el momento en el que debían cobrar el beneficio.
Lorenzino subrayó que “nos preocupa que no tienen en cuenta la necesidad de la gente, es otra acción más que atenta contra el bolsillo de las personas”.
“Si el argumento es el ahorro de los recursos, me parece que vamos por mal camino, porque es gente que no tiene otro tipo de ingreso, hay mucha injusticia por parte del Estado”, advirtió.
En la presentación de la entidad que representa Lorenzino, también se pidió información sobre la cantidad de pensiones que fueron dadas de baja en los años 2016 y 2017.
El organismo además busca saber si existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso, y si se producen rehabilitaciones del beneficio luego del reclamo de los beneficiarios.
Un cambio de paradigma
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio, desde que el macrismo asumió a la presidencia ascenderían a 70.000 las suspensiones que fueron efectuadas sobre las pensiones por discapacidad.
Con el cambio de gestión, desde diciembre de 2015, la pensiones no contributivas dejaron de pensarse como una herramienta o un instrumento de seguridad social, para ser entendidas como una carga plausible de ser recortada.
Este tipo de beneficio fue diagramado originalmente en función de aquellas personas que, por diferentes situaciones, no cuentan con los recursos o los bienes suficientes para su subsistencia o la de su grupo familiar.
Como parte de las políticas de ajuste, la administración de Cambiemos estaría evaluando cambiar los criterios a partir de los cuales otorgar este servicio.
Para que la pensiones por invalidez o vejez sean otorgadas con el carácter de “obligatorio”se deberá presentar un certificado único de discapacidad, el cual es otorgado por juntas evaluadoras.
Este criterio deja por fuera del análisis para el otorgamiento de estos certificados muchas de las contingencias de tipo social que son vitales para determinar el acceso a las pensiones.
Se dejarían de considerar vulnerables a las personas que fueron excluidas del mercado de trabajo.
Trámites interminables
Asimismo, según pudo conocerse, los turnos para someterse a los análisis hoy cuentan con una planificación de un año para otro, lo cual afecta directamente a la urgencia que requiere la implementación de este tipo de beneficio.
Y, una vez superada esa instancia, el alta de la pensiones insume una espera de dos años.
Los beneficiarios de las pensiones no contributivas han denunciado que desde comienzos de 2017 se han registrado suspensiones de manera masiva, unilaterales y sin derecho a defensa.
De las 70.000 suspensiones que se habrían aplicado, solo el 30% llegaron a ser rehabilitadas, fundamentalmente porque la mayoría de las personas que acceden a las pensiones son personas de bajos recursos que no tienen las condiciones como para poder mantener sus reclamos.
Además, aunque se trate de un simple error de sistema, las rehabilitaciones pueden generar una demora de 6 a 8 meses.
fuente
"HOY", La Plata, 13.06.2017
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