FIDEICOMISO CON VENEZUELA
Procesan a empresarios por sobreprecios durante el kirchnerismo
26-06-2017
Entre ellos, un empresario vinculado a Julio
De Vido.
Es por delitos de "lavado de dinero con activos" en el
fideicomiso con Venezuela
El juez
en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó por "lavado de activos de origen delictivo" y
embargó por diez millones de pesos al empresario Juan José Levy y demás
responsables del laboratorio "Esme" y otras dos
empresas de su familia,
al dar por probado que hubo sobreprecios y otros delitos en exportaciones
multimillonarias a Venezuela durante el kirchnerismo, al amparo de un fideicomiso firmado con ese país.
Además,
el magistrado anticipó que podrían abrirse nuevas investigaciones por otros
casos "análogos" al que derivó en estos procesamientos contra otros exportadores a Venezuela y por ello ordenó a Nación
Fideicomisos SA conservar "a resguardo seguro la documentación relacionada
a la operatoria de compensación entre PDVSA Petróleo SA y
empresas argentinas por productos exportados o vendidos en el marco del
Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Argentina", según el
fallo firmado el viernes último y al que accedíó Télam.
El
fideicomiso con Venezuela se firmó bajo la gestión del actual diputado nacional
Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal y por distintas
irregularidades al
respecto hay abierta otra causa penal que investiga la supuesta existencia
de una "embajada
paralela" en ese país, que habría negociado de manera
independiente a la representación diplomática oficial.
El
juez Aguinsky procesó sin prisión preventiva a Juan José, Carlos
Alberto, Alejandro Javier Levy y Juan Ignacio Simó de laboratorios "ESME SAIC"
y de "Bleu TEL SA" como coautores de "lavado de activos de
origen delictivo" de manera habitual entre 2011 y 2015.
A
todos les dictó la falta de mérito por otro delito que se investigaba, el contrabando.
Los Levy fueron embargados por diez
millones de pesos casa
uno, con prohibición de salida del país.
Y
además el juez dispuso que la Aduana mantenga el llamado "canal rojo"
obligatorio de control a "todos los embarques de mercaderías destinadas a la
República Bolivariana de Venezuela por parte de Laboratorios ESME".
También pidió medidas de prueba a la AFIP y ordenó a la Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial
de la Nación que en 15 días envíe a su juzgado los registros de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y
celdas de captación de las líneas usadas por responsables de Laboratorios ESME,
de otra empresa investigada, "Corporación Gulfos SA" y los teléfonos
personales de Juan José Levy desde seis meses antes de la firma de cada
contrato de suministros con Venezuela.
El objetivo del magistrado es
determinar con quién se comunicaron en el transcurso de cada negociación.
En la causa se investiga la firma
de contratos de provisión de bienes y servicios en el marco del acuerdo
binacional que establecía que debían ejecutarse a "precios competititvos a
nivel internacional".
Sin embargo para el magistrado se demostró que "las mercaderías
vendidas, como así también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales
venezolanas por Laboratorios ESME SAIC, Bleu TEL S.A. y Corporación Gulfos
S.A., habrían sido sobrevaluados, esto es, contratados con precios mucho
mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas
argentinas a otros países", sostuvo en el fallo.
Fuente
“iProfesional”, 26.06.2017
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