ODEBRECHT:
EMPRESAS ARGENTINAS Y…
NECESIDAD DE UNA LUPA EFICAZ
Tiembla el "círculo rojo": la investigacion de Odebrecht ya
salpica a peso-pesados de la obra pública argentina
04-06-2017
Los socios locales de la compañía
brasileña entraron en la lupa de la Justicia.
De momento, sin denuncias pero
con allanamientos y búsqueda de información, aparecen en escena grandes
empresas dedicadas a la infaestructura, como Techint, Roggio, Cstellone, Iecsa,
CPC y Electroingeníería
Por Franco
Mizrahi
En el "círculo rojo" no esconden
su preocupación por el posible estallido del caso Odebrecht en la Argentina, lo que podría
derivar en un "Lava Jato criollo", un
escándalo de dimensiones desconocidas que afectaría no solo a políticos sino también a las empresas más importantes del país.
Una de las últimas decisiones que tomó la Justicia alertó aun más a los integrantes de ese selecto grupo de poder.
Una de las últimas decisiones que tomó la Justicia alertó aun más a los integrantes de ese selecto grupo de poder.
Sucede que el
viernes se hizo público que dos jueces federales, Sebastián Casanello y Daniel
Rafecas, ordenaron -a pedido del fiscal Federico Delgado- una pericia clave en
dos causas donde se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la
constructora brasileña y ubicaron la lupa judicial en
algunas socias de Odebrecht.
¿Qué ordenaron los magistrados?
¿Qué ordenaron los magistrados?
Peritar
información secuestrada durante los operativos que se realizaron la semana
pasada en distintas empresas que conformaron un consorcio con Odebrecht para
las obras de los gasoductos Norte y Sur, así como documentos del
expediente en el que se analizan los trabajos encargados por AySA en
una planta potabilizadora ubicada en la zona norte de Buenos Aires.
Tanto Casanello como Rafecas buscan cruzar datos que les permitan reconstruir las fechas de reuniones de empresarios con funcionarios, determinar los lugares donde se realizaron esos encuentros y precisar los momentos en que la firma brasileña cerró contratos con el Estado.
Así, la Justicia vuelve a hacer foco en las firmas vinculadas a Odebrecht, entre las que se destacan, por citar algunas, Techint, BTU, Contrera Hermanos y Esuco; Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone Construcciones; Iecsa (que era propiedad del primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, quien acaba de transferirla a Marcelo Mindlin), la brasileña Camargo Correa; CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería.
Una cifra sintetiza la onda expansiva que podría tener el caso Odebrecht si estallase: a raíz de la delación de la constructora brasileña -que reveló ante la Justicia estadounidense que pagó u$s35 millones en sobornos en la Argentina entre 2007 y 2014-, unas 100 compañías están en el ojo de los magistrados.
Tanto Casanello como Rafecas buscan cruzar datos que les permitan reconstruir las fechas de reuniones de empresarios con funcionarios, determinar los lugares donde se realizaron esos encuentros y precisar los momentos en que la firma brasileña cerró contratos con el Estado.
Así, la Justicia vuelve a hacer foco en las firmas vinculadas a Odebrecht, entre las que se destacan, por citar algunas, Techint, BTU, Contrera Hermanos y Esuco; Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone Construcciones; Iecsa (que era propiedad del primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, quien acaba de transferirla a Marcelo Mindlin), la brasileña Camargo Correa; CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería.
Una cifra sintetiza la onda expansiva que podría tener el caso Odebrecht si estallase: a raíz de la delación de la constructora brasileña -que reveló ante la Justicia estadounidense que pagó u$s35 millones en sobornos en la Argentina entre 2007 y 2014-, unas 100 compañías están en el ojo de los magistrados.
La pesquisa
La principal investigación, que podría emular a la del LavaJato pero en versión criolla, la lleva adelante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), cuya función central es perseguir los “hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidos por agentes de la Administración Nacional”.
La PIA, encabezada por el
fiscal Sergio Rodríguez, está investigando –por ahora de forma preliminar-
posibles maniobras irregulares ejecutadas por funcionarios
públicos en los procedimientos de selección de los contratistas
privados para la realización de las obras dispuestas por el
Estado, entre 2006 y 2015.
Concretamente, se analiza si se
benefició no sólo a Odebrecht sino también a Techint, Camargo
Correa, Contrera Hermanos y Andrade Gutiérrez,
entre otras.
Se trata de las cincos constructoras involucradas
en el escándalo brasileño que operaron en la Argentina.
Tal como trascendió públicamente, las
firmas protagonistas del Lava Jato se asociaron con al menos 19 compañías,
según los registros de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs).
La pesquisa de la Procuraduría
también pretende determinar si miembros de las
mismas pagaron sobornos a funcionarios argentinos
para obtener esas contrataciones.
En el marco de esta investigación
general –y otras causas puntuales que tienen a Odebrecht por protagonista-,
desde el Ministerio Público Fiscal se impulsa la conformación -junto con la
cartera equivalente en Brasil- de un equipo binacional de
procuradores.
En ese sentido, el 2 de junio, ambos
ministerios acordaron mecanismos de cooperación para poder
avanzar en las investigaciones que llevan adelante.
Y emitieron un claro mensajes a los
respectivos gobiernos al reafirmar la importancia de que ambas carteras puedan
actuar “de manera independiente y autónoma” y que
“esos principios sean respetados por otros Poderes del Estado, conforme las
Declaraciones de Lisboa y Brasilia”.
Otros expedientes
En la actualidad, varias son las líneas de investigación que están llevando adelante los magistrados:
-El juez federal Daniel Rafecas
analiza supuestos pagos de sobornos de Odebrecht para
realizar obras en los gasoductos Norte y Sur de la Argentina. En el marco de
esta causa, la semana pasada ordenó una serie de allanamientos y
el peritaje anteriormente mencionado.
-Otro caso es el que está en manos
del juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto pago de
coimas de parte de la constructora brasileña para acceder a obras
encargadas por AySA en una planta potabilizadora en la zona norte de Buenos
Aires. En este expediente interviene el fiscal federal, Federico Delgado, quien
promovió el entrecruzamiento de información para determinar los encuentros entre empresarios investigados
y funcionarios.
-Delgado, titular de la Fiscalía N°
6, también sigue el rastro de la transferencia de dinero al actual director de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Si bien el
funcionario había logrado un sobreseimiento por parte de
Canicoba Corral, el caso está siendo revisado en segunda instancia. El mismo tuvo como disparador la
declaración del operador y cambista brasileño, Leonardo Meirelles, uno de los
arrepentidos que colabora con la Justicia del país vecino, quien afirmó que le
realizó giros irregulares por u$s800 mil.
-Por su parte, el magistrado Marcelo
Martínez De Giorgi investiga irregularidades en el soterramiento del ferrocarril
Sarmiento y la participación de empresas.
El principal acusado es el ex
secretario de Transporte durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime, a quien se
acusa de cobrar coimas para favorecer a Odebrecht y
sus asociadas en la adjudicación de esas obras.
El fiscal federal del caso, Franco
Picardi, pidió el lunes pasado una serie de medidas de prueba para determinar
si la constructora brasileña y sus asociadas
pagaron sobornos para quedarse con el proyecto.
Entre otras cosas, solicitó el entrecruzamiento de
llamados entre Jaime y directivos de Odebrecht, Iecsa, Ghella
(italiana y socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS) y Comsa S.A.
(España), las otras compañías a cargo del soterramiento.
El procurador también le pidió a
Martínez de Giorgi que informe si Jorge ”Corcho” Rodríguez, Javier
Sánchez Caballero –ex Iecsa– y otros directivos de las firmas investigadas
figuran en los registros de ingresos en el área de Planificación,
entre 2005 y 2014.
El expediente se inició por una serie
de mails que tiene la policía de Brasil en la investigación
del "Lava Jato".
-La anterior no es la única pesquisa
en torno al ferrocarril Sarmiento: la fiscalía del procurador Carlos Stornelli
tramitan dos investigaciones preliminares por
hechos vinculados.
En paralelo, el fiscal federal
Gerardo Pollicita, investiga una causa iniciada a raíz de las declaraciones de
la expresidenta Cristina Fernández sobre la gestión del actual
Gobierno en relación con ese proyecto ferroviario.
Las obras bajo la mira
Entre 2007 y 2014, período en el que la constructora aseguró haber pagado coimas en la Argentina, Odebrecht realizó siete obras, según sus registros:
1) 2013: programa global del Foro Regional Eléctrico
Provincia de Buenos Aires (FREBA). Se trata de una ampliación de la capacidad
de transmisión y distribución de energía en la costa atlántica de la provincia
de Buenos Aires. El alcance abarca a 20 municipios.
2) 2013: soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Es
una de las mayores inversiones en infraestructura ferroviaria. Apunta a una
mejor integración, a lo largo de casi 37 kilómetros y de manera subterránea,
del norte y sur de Buenos Aires. Fue anunciada durante la gestión anterior pero
la ejecución quedó sujeta a un préstamo que nunca se concretó.
El actual Gobierno facilitó $45.000
millones el año pasado para iniciar el plan.
Entonces, Iecsa estaba en
manos de Calcaterra, primo del Presidente.
Quien firmó el decreto 797/16 que
habilitó el dinero mediante una reasignación de recursos fue la vicepresidenta
Gabriela Michetti.
3) 2010: desarrollo del programa de acción para
certificación en seguridad, medioambiente y salud para el área de Negocios
Internacionales de Petrobras, encargada del control de la integridad y de la
verificación de sus pasivos ambientales en diversas áreas.
4) 2010: proyecto potasio Río Colorado, en Mendoza. La
participación de Odebrecht se organizó mediante el Consorcio Río Colorado
(CRC), una UTE que se constituyó especialmente para esta obra.
5) 2009: planta de reformado catalítico continuo, la
primera en Argentina. Fue construida en el Complejo Industrial de YPF en
Ensenada.
6) 2008: se avanzó con el sistema de potabilización
del Área Norte, “una de las mayores inversiones de
la Argentina en infraestructura en los últimos 50 años”,
destaca Odebrecht.
Con este proyecto se buscó abastecer
de agua potable al cordón norte del Gran Buenos.
Los
trabajos incluyeron la construcción de la planta potabilizadora Juan Manuel de
Rosas, 40 km de acueductos para el transporte de agua potable, la toma de agua
en el río Paraná de las Palmas y un túnel de casi 15 km de extensión que lleva
el agua hacia la planta.
7) 2007: ampliación de la capacidad de transporte firme de
gas. A partir de 2007, Odebrecht realiza la ampliación de gasoductos a lo largo
de 15 provincias.
Dos años antes había ampliado los gasoductos Libertador Gral.
San Martín y Neuba II. Entonces se construyeron 455,8 kilómetros de gasoductos.
La postura del Gobierno
Desde la Casa Rosada apuestan a profundizar la estrategia que vienen desplegando hasta ahora: avanzar contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cabeza de la estructura del sistema judicial.
Según la versión oficial, el kirchnerismo sería
el único daminificado ante una posible delación de Odebrecht y
-afirman- Gils Carbó estaría retrasando las investigaciones.
En pos de recabar información, el
ministro de Justicia, Germán Garavano,
se reunió con representantes de Odebrecht, el 31 de
mayo.
Fue el mismo día en que se conoció la resolución de Delgado por la que
pedía el entrecruzamiento de información para
poder precisar reuniones entre funcionarios y empresarios.
En paralelo, el funcionario mantendrá
este lunes un encuentro en Washington con el fiscal general
Jeff Sessions, en el marco de una serie de encuentros que viene manteniendo en
los Estados Unidos para poder acceder a la información que
proporcionó la empresa en ese país.
Con ese mismo objetivo, el ministro
se había reunido días atrás en Nueva York con un grupo de fiscales federales que
investigó a la constructora brasileña.
Por lo pronto, la reunión entre los
fiscales de Brasil y de Argentina se topó con una traba: la Procuración
brasileña dejó en claro que los documentos sólo serán
remitidos al país si hay un compromiso de no iniciar acciones legales contra
los ejecutivos de Odebrecht, algo que la legislación local no contempla.
Sucede que en Brasil rige el
principio de indulgencia, a partir del cual se firmó un acuerdo con
la empresa, cuyos ejecutivos colaboraron con la investigación a cambio de
inmunidad judicial.
Como en la Argentina la figura del arrepentido es limitada y
no contempla la extinción de la acción penal, hay limitaciones.
En una conferencia de prensa
conjunta, el fiscal brasileño detalló que para superar ese escollo se puede
iniciar el proceso de cooperación previsto expresamente en la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente la remisión
de información espontánea.
Fuente
“iProfesional”, 04.06.2017
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