PENSIONES EN DEBATE (II)
Por irregularidades,
revisan más de un millón de pensiones por invalidez
El
cruce de bases de datos identificó, en lo que va del año, que 7000 titulares
del beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de incapacidad que
exige la norma vigente
LA
NACION
MIÉRCOLES 14
DE JUNIO DE 2017
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Foto: Archivo / Mauro V. Rizzi
En lo que va del año, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000
pensiones por invalidez. Este beneficio lo pueden recibir las personas con un
76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.
Según pudo conocer LA NACION,el entrecruzamiento de bases de datos precisó que 7000 titulares que estaban
recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de
invalidez que requiere el decreto 432/97.
La norma contempla que el Estado puede suspender o cancelar la
prestación cuando el beneficiario no cumple con los requisitos.
En este caso,
Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, explicó a LA NACION que esas 70.000 prestaciones se suspendieron
preventivamente.
Además de un monto económico, el beneficio
incluye el acceso a la cobertura de salud.
La ejecución del pago queda a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que recibe el
listado de beneficiarios del ministerio que está a cargo de Carolina Stanley .
En este caso, la Anses no
audita ni da altas o bajas.
Badino insistió: "Las suspensiones no
significan que los beneficiarios dejan de recibir asistencia de salud".
Uno de los
requisitos para acceder a la pensión es "no estar amparado el peticionante
ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva
alguna".
Sin embargo, el 30% de los titulares de las pensiones que están
suspendidas tiene una pareja con alguno de las ayudas enumeradas.
El 8% -o sea, 5600- no posee una incapacidad del 76%
para trabajar.
Esto contradice uno de los requisitos del decreto.
Hay registros
que indican que hay beneficiarios con menos de un 66% de invalidez.
Un 10% tiene empleo en blanco y había omitido informarlo, según
surgió al cruzar las bases de datos.
Para recibir la pensión, quien la solicita
"no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su
subsistencia".
Al 3% se le detectó que era propietario de automóviles con dos o
tres años de antigüedad u otros bienes.
A pesar de que un 3% había renunciado al beneficio por motivos
personales, seguía cobrando los 4776 pesos de la pensión.
O, si vive desde La
Pampa hacia el sur del país, son 6686 pesos.
Un 4% de las pensiones que se investigan corresponde a titulares
que conviven con familiares que tienen un ingreso de 19.200 pesos o más.
El
decreto indica que el titular no debería "tener parientes que estén
obligados legalmente a proporcionarle alimentos (...) ni vivir con otros
familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de
asistirlo".
También, la revisión identificó a 18.900 adultos mayores que
están recibiendo esta prestación y podrían mejorar su ingreso un 10% con otro
beneficio social de la Anses, según indicó Badino.
"Pueden tener o no
invalidez, pero se les dará la opción de continuar recibiendo la pensión actual
o acceder a una prestación mejor", agregó.
En tanto, Stanley afirmó que es "absolutamente falso que
haya una baja masiva" de pensiones.
"Trabajamos con distintos cruces
administrativos, de ninguna manera políticos", indicó.
La ministra, que a través de un comunicado intentó
"llevarles tranquilidad a las familias", agregó que en esos cruces
mensuales de información "se han dado de baja pensiones, algo que ha
ocurrido también en el pasado.
En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de
baja 168.000 pensiones con los mismos criterios de hoy.
Además, en esos años
hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo".
Fondos
Por el decreto 432, de 1997, hay 1,5 millones de beneficiarios
de pensiones a la vejez y por invalidez: 1.061.265 corresponden a la segunda
categoría, lo que equivale a 70.000 millones de pesos.
Otros 370.000 son madres
con siete hijos y 70.000 son pensiones graciables que otorgó el Congreso de la
Nación.
El resto son ex presidentes y vicepresidentes o medallistas olímpicos,
entre otros.
Para acreditar la invalidez, basta con presentar un certificado
con la firma de un médico. En esto reside una de las principales
irregularidades.
"La situación médica es muy difícil y compleja de
resolver. Nos encontramos con un proceso muy mal administrado. Si en el
certificado médico dice 76% de invalidez, nadie cuestiona nada", indicó
Badino.
De hecho, la OA informó que investigará el otorgamiento de
pensiones durante el kirchnerismo.
Todo quedará en manos de la Dirección de
Investigaciones a cargo de Ignacio Irigaray.
En tanto, la senadora María de los Ángeles Sacnun (FPV) presentó
un proyecto para derogar dos requisitos del decreto: no poseer bienes o
ingresos ni otras prestaciones, incluido el cónyuge.
Se habilitó el teléfono 0-800-222-3294 para denunciar la
suspensión errónea de la pensión.
Con la colaboración de Carolina Ávila
Fuente
“LA NACIÓN”, 14.06.2017
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