La Suprema Corte de Mendoza anuló el fallo que había dejado en libertad y casi exculpados a Nélida Rojas y a toda la cúpula de la organización que manejó centenares de millones para la construcción de viviendas sociales, después de aceptar la casación de la fiscal en contra de la 8va Cámara del Crimen que había anulado tanto la acusación de asociación ilícita como las prisiones preventivas de los acusados.
Los jueces de la Sala que integraron José Valerio, Pedro Llorente y Julio Gómez fallaron apelando a un argumento básico: sostuvieron que existieron vicios en la fundamentación de lo dispuesto por los camaristas.
El fallo se conoció el viernes y las fiestas navideñas le pusieron un paréntesis al futuro de Rojas y al de su familia, que se comenzará a resolver a partir del miércoles.
Tras la resolución de la Corte los fiscales que participan de la causa entienden que ahora, en una nueva instancia que se llevará adelante en el Segundo Tribunal Penal Colegiado, se resolverá el pedido de Chaves que respaldó en su momento una jueza de Garantías, María Cristina Pietrasanta, para que Rojas esté presa mientras sigue su curso la pesquisa.
Sin embargo el Procurador Alejandro Gullé compartiría una lectura de la sentencia que es la que más le agrada a Alfredo Cornejo.
La causa judicial en contra de la Tupac en Mendoza estuvo prácticamente casi un año congelada, más allá de que se siguió trabajando en algunos temas puntuales, porque las acusaciones más importantes (asociación ilícita y la investigación por lavado de activos y fraude a la administración publica) se debatieron en sendos recursos presentados tanto en la Suprema Corte de Justicia de la provincia como en la Corte Suprema de la Nación, respectivamente.
Con el segundo planteo, lo que se decidió en su momento fue sacar una compulsa a la Justicia Federal para despejar una duda: si avanzar por el lado del lavado de dinero, aún con el riesgo de que sea considerado un delito sujeto de investigación de la Justicia Federal.
Pero estaba el otro asunto.
Estos dos espaldarazos sirven ahora para avanzar con otro impulso en la causa por corrupción más grande que se ventila en la actualidad en Mendoza.
Chaves siempre estuvo convencida de que era capaz de llevar a la cárcel tanto a Nélida como al resto, entre otros elementos de prueba, porque detectó que los líderes de la Tupac blanquearon una suma que rondó los $4,3 millones, a través del programa de Sinceramiento Fiscal lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y habían utilizado también recursos de ese origen para pagar la multa correspondiente a ese blanqueo (el 15% de los bienes a blanquear) por una cifra de $580.000.
Damián y Federico Torrengo, hijos de un primer matrimonio de Rojas, blanquearon camionetas y camiones. Carla y Facundo Martínez, los hijos de su relación con su actual pareja Ramón Martínez, lo mismo.
Los líderes de la Tupac en la provincia, registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, en definitiva terminaron siendo propietarios de autos, camiones, terrenos y otros inmuebles.
Y lo que fue más evidente: algunos de esos bienes fueron adquiridos entre 2010 y 2013, pero el grueso se compró hacia finales de 2015 cuando Ramón, la pareja de Rojas, retiró casi a diario del Banco Nación de Lavalle sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día.
Chaves logró dar con estos elementos, aunque (hasta los propios fiscales que intervienen lo reconocen) se cometieron errores que llevaron a toda esta demora en el proceso.
Uno de ellos, no menor, fue haber avanzado en una tipificación tan compleja como la asociación ilícita sin haber logrado cerrar el círculo de la corrupción al detalle.
Entre esos elementos está el avance investigativo por fraude a la administración pública contra varios ex funcionarios provinciales, pero con la mira puesta en dos objetivos.
Uno de ellos abarca a los directores del IPV durante los últimos gobiernos justicialistas y el otro al actual intendente de Lavalle, Roberto Righi, sobre quien Chaves tiene la convicción de que miró para otro lado mientras la Tupac realizaba sus desmanejos en ese departamento.
La situación de Righi es parte también del interés político de Alfredo Cornejo, por supuesto.
El juri que fue presentado en 2017 contra los abogados de la 8va Cámara tuvo una cara visible que fue la de algunos denunciantes de Rojas que viven en Lavalle.
La línea de investigación que siguió los movimientos de Righi no es nueva.
Es más: desde principios de este año, según fuentes judiciales, que la fiscal tiene redactado un pedido de imputación para el cacique lavallino.
Lo que se está realizando ahora es un peritaje sobre el estado de avance en el estado de construcción de los barrios en ese departamento, para determinar la responsabilidad del municipio que era, en definitiva, el que tenía que certificar el avance de esas obras.
Hay un punto que la Justicia pretende cerrar sobre la Tupac que todavía está endeble.
La fiscal terminó avocándose en las más de 180 denuncias que fue recolectando su fiscalía por parte de los afectados de la cooperativa de viviendas y con ese paquete repartió decenas de imputaciones por el delito de coacción y extorsión, entre otros.
La apuesta era elevar todas esas acusaciones a juicio, pero surgió un problema y fue que los fiscales advierten que varios de los denunciantes no sostienen sus testimonios y terminarían cambiando su relato, entre otros motivos, por presiones que siguen recibiendo de la Tupac.
Nélida sigue operando, aunque claro está que con mucha menos presencia en Lavalle.
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