MENDOZA: BANCOS PROVINCIALES FRACASO
DE LA “ÉLITE” VERNÁCULA
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II –
Domingo, 2 de diciembre de 2018
Cerca de prescribir deuda
que le costó el cargo a un fiscal
El Estado no recuperaría un crédito del grupo Vila ni tampoco parte de
lo pagado por escandalosa expropiación.
Archivo / Los Andes
Por Redacción
LA
El
miércoles pasado, el Boletín Oficial publicó
una resolución
de Fiscalía de Estado que habla dos préstamos cuya historia fue ventilada en el
proceso de destitución del ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas.
Se trata de dos
créditos del Grupo Vila, uno de 1979 otorgado por el Banco de Mendoza a favor
de Dalvian; el segundo fue asumido por el grupo empresario cuando compró los
canales 7 de Mendoza y 8 de San Juan a la familia Estornell, otorgado por el
Banco de Previsión Social.
El primero, actualizado a 1997, ascendía a 3,5 millones de
dólares y el segundo a 3,7 millones de dólares, de acuerdo a la
actualización practicada en 1996.
En total el grupo debía más de 6 millones
de dólares cuando cayeron los bancos oficiales.
Ahí
entró en juego el ex fiscal de Estado De Rosas.
En los albores de
este siglo, puso su esfuerzo en que esa
deuda fuera compensada con una que el Estado tenía con Dalvian y Daniel Vila
por la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo.
Vila cobró entre 13 y 17 pesos por m2 de tierra, mientras que
sus vecinos (que querían cobrar lo mismo) recibieron menos de 3 pesos el m2, tal como lo indicó el
Tribunal de Tasaciones de la provincia.
La diferencia
es que en el primer caso, la Justicia tomó los valores aportados por un perito
de Fiscalía de Estado y no lo que indicaba el tribunal de tasación.
El
problema es que el juicio de expropiación de Vila y Dalvian nunca fue apelado
por Fiscalía de Estado pero sí el de los otros expropiados, que
cobraron lo que decía el Tribunal de Tasación.
Ese fallo fue
el germen
de la denuncia para la destitución de De Rosas.
Es que con el
precio más alto por m2, la provincia le pagó a Dalvian y
a Vila por la expropiación más de $ 3,5 millones, mientras que Dalvian y Vila
pagaron $ 1,5 millones para cancelar su deuda con los viejos bancos oficiales.
El año
pasado, Fiscalía de Estado le pidió a la Daabo que informara el
estado de esos créditos y si podría insistirse en el cobro.
El 28 de noviembre
se publicó una resolución de enero pasado del organismo de control, con la
respuesta de la Daabo.
Allí, una
abogada de la Daabo informó que no pudo comprobarse “la existencia de lesión
económica que amerite la acción de lesividad”.
Y que si
se probara que “existe vicio en los actos antes referidos”, un posible reclamo
del Estado parece prescripto por el tiempo transcurrido.
Eso
implica que la Daabo ya no tiene nada por hacer.
Queda un
reclamo en danza.
En 2016 Fiscalía de Estado inició una
causa civil para intentar recuperar el excedente pagado en la
expropiación.
Este mes los jueces deben decidir si los
plazos del reclamo de Fiscalía de Estado también están prescriptos.
Fuente
“LOS ANDES”, 02.12.2018
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