CONTENEDORES/CUADERNOS…
TODO K
Contrabando monumental en la época K
Mafia de los contenedores: procesan a
empresarios y aduaneros y los embargan en US$ 3.300 millones
El juez Aguinsky también llamó a indagatoria a la mayoría
de los jefes de la Aduana de la época en que Ricardo Echegaray manejó la AFIP.
Acceso a Terminal Carga Tigre (TCT) ,el depósito fiscal más utilizado por los hermanos Negro y Tata Paolantonio, sospechados de traer mercadería de contrabando. Foto: Guillermo Rodriguez Adami
DANIEL SANTORO
19/12/2018
En una medida sin precedentes, el
juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó a 60 empresarios -entre ellos los
hermanos Paolantonio-, empresas y funcionarios de la Aduana y
los embargó en $ 131 mil millones (unos US$ 3.300 millones).
Además, llamó
a indagatoria al los jefes de ese organismo, Guillermo Michel, Daniel Santanna,
Edgardo Paolucci, Eduardo Bernardi y Carlos Sánchez durante la gestión de
Ricardo Echegaray al frente de la AFIP.
Entre los procesados se encuentra
Horacio Palmieri de la Terminal de Cargas de Tigre (TCT), uno de los
empresarios acusados por Elisa Carrió por sus vínculos con el presidente de
Boca, Daniel Angelici.
La
escala de la multa que se aplica como accesoria a una posible condena es
de 4 a 10 veces el valor de la mercadería contrabandeada.
En
este caso fue 4 veces mayor.
Sobre este monto se calculó el embargo
multimillonario.
Se
trata de decisiones tomadas en la causa de la mafia de los contenedores donde
se investigó el contrabando de 561 contenedores a través del puerto de
Buenos Aires y con complicidad de funcionarios de la
Aduana ya que todos pasaron por el canal “rojo”, es decir con control, pero sin
embargo contenían contrabando.
Las penas por contrabando tienen una escala de
entre 4 y 10 años de prisión.
Procesaron a Julio De Vido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti por la valija con dólares de antonini Wil de Antonini Wilson
Los procesados en esta tanda
fueron los hermanos Javier, Raúl y Alejandro Paolantonio,
Carlos Ferreira, Gonzalo Alvarez, Pablo Montone, Claudio Alisio, María Acosta,
Eduardo Montone, Gustavo Cabrejas, Martín Royo, Sebastián Ghigo, Alejandro
Frtiz, Pablo Flores, Carlos Royo, Pablo Martínez, Osvaldo Batista, Oscar
Gonzalez Tami, Juan Zhang, Jun Zhou, Luciano Ruzicsika, Carlos Chavez, Lucas
Gamietea, Liliana Leguiza, Marcelo Pontoriero, Horacio Palmieri, Maximiliano
Montero, Néstor Suárez, Julio Motta, Juan Benevides, Edgardo Mingrone, José
Mocciola, Patricia Heredia, Gladys Gonzalez, Ruben Casas, Gaston Lema, Silvia
Costantino, Alejandro Alonso y Aldo Cimiotto.
El
juez, con el apoyo de la fiscalía especializado en la lucha contra el lavado de
dinero PROCELAC cuando la dirigía Gabriel Pérez Barberá, también procesó a las
empresas New Unique Imports, Different Imports, Las Cortaderas, Origin RM,
Oslana SRL, Lion Trade, Terminal Carga Tigre, Caresstiba, Transportes DTM y
SICEM BA, entre otras.
Se
trató de un contrabando “a escala monumental” de
productos de bazar, popurrí y otros importados desde China que luego se vendían
ilegalmente en el país.
Debido a la magnitud de los casos, el juez los dividió
en distintos expedientes que durante todo este año, como el caso del cuñado de
Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli procesó en envió a juicio oral, a fin
de evitar la creación de una megacausa.
En
una resolución de 765 páginas, Aguinsky describió cómo era la organización de
los hermanos Paolantonio descubiertos por una investigación realizada en Clarín por
el periodista Matías Longoni y denunciados por el ex titular de la Aduana, Juan
José Gómez Centurión.
Unas de las pruebas clave fue comparar
los pesos que declaraban en las declaraciones de Aduana los empresarios con el
peso registrado por el llamado BAPLIE que registra el
verdadero peso de los contenedores para armar un barco y asegurar su
navegabilidad.
Así se determinó que hubo casi 8 millones de kilos de
diferencia.
Además, durante los 120 allanamientos realizados se
secuestraron mails de los empresarios en que explicaban la maniobra de
contrabando.
Por ejemplo, los mensajes de los contrabandistas enviados a
“Perkerman” eran, en realidad, para el entonces director de la aduana de Buenos
Eduardo Alfredo De Bernardi a quien se le secuestró US$ 500 mil en efectivo en
su lujosa casa del country Abril.
Y las empresas que hacían las importaciones
estaban conformadas por personas de bajos recursos que cobraban planes sociales.
Luego
de analizar cada una de las operaciones realizadas por los hermanos
Paolantonio, a través de empresas de Transportes DTM, el juez concluyó que “dirigieron la
planificación de la organización, conduciendo e
impartiendo directivas y pautas a los restantes imputados, quienes por su parte
habrían cumplido distintas funciones en la adquisición, transporte e ingreso de
las mercaderías importadas clandestinamente".
"Todo lo cual hace
presumir que habrían sido los jefes y organizadores de
la asociación ilícita a través de la cual se habrían cometido los múltiples
delitos aduaneros hasta aquí analizados”, agregó.
En síntesis, “la
investigación -dijo- puso al descubierto la puesta en escena de un
plan cuidadosamente ideado a los fines de cometer los
ilícitos en consideración y, en particular, el rol asumido por los involucrados
en tanto habrían dirigido un aceitado mecanismo a los fines de cumplir con el
objetivo criminal”.
Un
rol clave en las maniobras las tuvieron varias terminales de carga.
Dice
el juez: “Siguiendo esta línea de razonamiento, el hecho de que las autoridades
de Terminal Carga Tigre SA (TCT) no hayan denunciado las diferencias
existentes entre los registros documentales (sistema informático Malvina y
documentos de transporte) y las mercaderías que se encontraban -al descubierto-
bajo su custodia,revelaría su participación en los hechos investigados”.
TCT tiene entre sus dueños a Palmieri.
En la resolución, el juez afirma
que “esta práctica ilícita estructurada, planificada temporalmente estable,
particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por números actores,
difícilmente podría haber logrado el éxito frente a un serio control
establecido no solo en las líneas de su burocracia, sino
como política aduanera”.
“Los integrantes de esta organización
lograron alcanzar su cometido tras establecer una estructura ilegal
orquestada para delinquir contra los intereses del Estado. En efecto, nos
encontramos frente a un sistema de trabajo planificado con precisión y
comodidad, ejecutado a gran escala, sin obstáculos por parte de un
control aduanero desvanecido”, concluyó el juez Aguinsky en una
crítica a Echegaray quien controló la DGI y la Aduana en ese tiempo.
Y
por eso llamó a indagatorias a los ex jefe de la Aduana en al época de
Echegaray, lo que será otra etapa del caso.
Si bien estas maniobras se
realizaron entre el 2014 y el 2016, en fuentes judiciales sospechan que
empezaron muchos años y, por lo tanto, debería abrirse otra causa para
investigar esa etapa.
Fuente
“Clarin.com”, 19.12.2018
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