ESPAÑA:
JUBILACIONES Y PENSIONES
El Gobierno aprueba para 2019 otra subida de las
pensiones del 1,6% y del 3% en las mínimas
El Consejo de
Ministros deja sin efecto la revalorización del 0,25% y decreta una subida de
las bases máximas de cotización del 7% y de las mínimas del 22,3%
Dos jubilados toman el sol en la zona de Madrid Río. En vídeo, declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. MARTA JARA / VÍDEO: QUALITY
Madrid
28 DIC 2018
El Consejo de
Ministros de este viernes ha aprobado otra revalorización de las pensiones del 1,6% para 2019.
Además, las mínimas y las no
contributivas subirán un 3%.
Estos incrementos tendrán lugar a partir del 1 de
enero y se recogen en un real decreto ley que tendrá que ser convalidado en el
Congreso.
"Las pensiones se revalorizarán en 2019 seis décimas más que la
previsión de IPC del Gobierno [ahora en el 1%], por lo que habrá una ganancia
de poder adquisitivo por primera vez en años", ha declarado el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
10,3
millones de prestaciones se verán mejoradas por esta decisión.
Anulación ‘de facto’ del 0,25%
El texto legal contempla en la práctica la anulación de las subidas de las pensiones del 0,25%.
El
llamado Índice de Revalorización de las Pensiones fue aprobado en 2013 por el
Gobierno del PP y ligaba la actualización de las prestaciones a la evolución de
las cuentas de la Seguridad Social: en tanto que hubiese déficit solo podrían
elevarse un 0,25% anual.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya pactó con el PNV romper puntualmente con su propia legislación y
subir las pensiones en 2018 un 1,6% y un 3% para las bajas.
Poco después, los
partidos políticos acordaron en el Pacto de Toledo volver a revalorizar las
pensiones en base a la inflación.
Ahora, el Gobierno de Sánchez decide que el
año que viene se dejará sin efecto el 0,25% y que se subirán otra vez un 1,6%.
Y emplaza a sindicatos y patronal para que acuerden un nuevo sistema en el
plazo de seis meses siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo.
Esto supone
un significativo cambio de opinión del Ejecutivo porque en el borrador del real
decreto ley antes se especificaba que a partir de ahora se vincularían siempre
con el IPC.
Subida en 2019
El Gobierno elevará las
prestaciones de jubilación un 1,6% para el año que viene.
Y hace eso con la
inflación moderándose y cerrando 2018 en el 1,2%, según el indicador de diciembre.
Es decir, las previsiones lógicas en este momento suponen que el IPC quedará
algo por debajo, si bien las del Banco de España todavía lo sitúan en el 1,7%
en 2019.
Además, las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a
subirse más que el resto: un 3%.
Por este mayor incremento se verán
beneficiadas unos tres millones de prestaciones.
Paga compensatoria por el IPC
de 2018
Los Presupuestos de 2018
recogieron un incremento de las pensiones del 1,6%.
Al final, la inflación
media entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 asciende al 1,68%.
Con el redondeo queda en el 1,7%, lo que significa que habrá una paga
compensatoria del 0,1% que se abonará antes de abril, probablemente en el mes
de febrero, según apuntan fuentes de la Seguridad Social.
Un coste de 2.591 millones
Además, el pago se consolidará ya como una parte
de la prestación y, por tanto, supondrá otros 128 millones para el próximo
ejercicio.
Las revalorizaciones del 1,6% y del 3% el año que viene requerirán
2.343 millones de gasto adicional para el sistema, según las cifras del
Ministerio de Trabajo.
En total, la factura ascenderá a los 2.591 millones.
Incrementos de cotizaciones
Para compensar esos mayores
gastos, el Gobierno elevará las cotizaciones.
Las bases máximas subirán un 7%,
por encima de lo que es habitual.
Y las mínimas aumentarán en línea con la
subida que registrará el salario mínimo en 2019 y que aprobó el Ejecutivo en el
anterior Consejo de Ministros: un 22,3%.
El Ministerio de Trabajo calcula que el alza del 7% en las bases máximas supondrá unos
ingresos adicionales de unos 850 millones de euros.
Y la del 22,3% reportará
unos 1.500 millones más de recaudación.
Con estos repuntes se pretende
compensar por completo el coste que tendrá el año que viene ligar las pensiones
al IPC.
Seis meses para reformar la
revalorización con sindicatos y patronal
A pesar de que el Gobierno
invalida el 0,25%, deja abierto cómo se van a compensar estos incrementos
ligados al IPC todos los años.
Pese a su elevada contestación social, el 0,25%
contribuía a corregir el déficit de las pensiones.
Y las subidas de
cotizaciones solo servirán para financiar la revalorización de las prestaciones
de 2019, que además quedará consolidada como un gasto todos los años.
De hecho,
el Banco de España cifra el coste de ligar las pensiones a la inflación en 1,9 puntos del PIB para 2030
y 3,4 puntos del PIB para 2050.
Por dar una idea, al acumularse las
revalorizaciones serían, con el PIB actual, unos 22.000 millones de euros
adicionales de gasto en 2030 y unos 40.000 millones en 2050.
Sin
embargo, el Ejecutivo no inicia ninguna reforma para poder financiar este nuevo
desfase.
Se deja al diálogo social con sindicatos y patronal para que en los
seis primeros meses del año consensúen un nuevo mecanismo de revalorización que
se recoja en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Social.
Este deberá
"garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo preservando la
sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social", reza
la nota publicada por el Ministerio de Trabajo.
Con estos mimbres, el Pacto de
Toledo tendrá que pactar una reforma que ajuste el agujero presupuestario de
las pensiones, ahora situado cerca de los 19.000 millones.
Economía suaviza los cambios
El borrador del Ministerio de
Trabajo decía muy claro que la fórmula que brindaba un 0,25% de revalorización
quedaba derogada definitivamente.
Ahora fuentes del Ministerio señalan que se
ha querido esperar para modificarlo a un pacto de sindicatos y patronal.
Y no
detallan qué ocurrirá si al cabo de los seis meses los agentes sociales no
consiguen cerrar un nuevo índice de revalorización.
Sin embargo, otras fuentes
apuntan que Economía no ha querido que se cambie una de las mayores reformas
que había hecho España a ojos de la Comisión Europea.
Una cosa es decir que se
anula temporalmente como ya había hecho Rajoy, y otra muy distinta decir que se
derogaba sin ofrecer una alternativa a Bruselas.
La oposición de la patronal
CEOE remitió este jueves al
Gobierno un documento muy duro sobre las iniciativas planteadas.
Sostiene que
se han tomado sin el acuerdo con la patronal y que “se incrementa de manera muy
importante los costes empresariales” e “incidirá negativamente en el número de
afiliados”.
A su juicio, van a entrañar "elevados déficits contributivos”
porque “las medidas generarán pequeños incrementos de cotizaciones a corto
plazo pero pueden dar lugar a gastos elevados en el futuro”.
“En lugar de
conseguir un aterrizaje suave hacia las sostenibilidad del sistema, esta podría
alcanzarse forma brusca, es decir, podríamos haber empezado el camino hacia una
helenización de las pensiones”, concluye el papel.
Jubilación forzosa
Los convenios colectivos podrán
establecer la extinción del contrato de trabajo por cumplir la edad legal de
jubilación, siempre que se tenga el derecho al 100% de la pensión.
Esta medida
era una demanda de la patronal que apoyan los sindicatos para rejuvenecer
plantilla.
Viudas, becarios y ayudas a
parados
La pensión de viudedad se
calculará aplicando el 60% de la base reguladora, lo que culmina la subida
prometida de 8 puntos.
Los contratos de becarios y formación pasarán a cotizar
a la Seguridad Social y se impide usar estas fórmulas de contratación para
personas entre 25 y 30 años, algo que introdujo el Gobierno del PP con la
crisis.
Se prorrogan las ayudas extraordinarias a los parados de larga duración
hasta que se establezca un nuevo modelo.
Se elimina el contrato de
emprendedores, aquel que permitía despedir durante un año gratis.
Y se suprime
el complemento salarial para los jóvenes que conseguían un contrato de
formación acogiéndose a la garantía juvenil, un plan que no ha funcionado y que
elevaba el salario por encima del de trabajadores con más experiencia.
SE
PENALIZAN LOS CONTRATOS MÁS CORTOS
El decreto
endurece las penalizaciones que se aplican a los contratos que duran cinco días
o menos. Ya existe un incremento del 36% de la cotización empresarial para esas
contrataciones. Y ahora el Gobierno la subirá al 40%. “Así no habrá la
tentación de que el fin de semana no se cotice por esos trabajadores",
dijo la ministra Valerio el jueves. Además, la nueva normativa hará que esos
días por debajo de la semana se contabilicen como 1,4 jornadas cotizadas para
el trabajador, de forma que la excesiva rotación no erosione sus derechos.
Se amplía en un año,
hasta el 1 de enero de 2020, la posibilidad de que los despedidos antes del 1
de abril de 2013, o aquellos que se acojan a un ERE abierto con anterioridad a
esa fecha, se puedan jubilar de forma anticipada sin las penalizaciones que se
establecieron en 2011.
Fuente
“EL PAÍS”, 28.12.2018
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