AYUDA MEMORIA ARGENTINO
DESPUÉS... DEL SOL DEL 25
DEUDA CON LAS OBRAS SOCIALES
2013
El origen de la deuda del Estado con las Obras
Sociales
En los últimos años escuchamos a los líderes
sindicales reclamar la devolución de ¿fondos que el Estado le adeuda a las
Obras Sociales Sindicales¿
¿Cuál es origen de dicho reclamo?
El actual sistema de obras sociales fue creado por las leyes 23.660 y 23.661.
Estas y un farragoso entramado de
más de doscientas leyes, decretos y resoluciones que las complementan, regulan
el funcionamiento de las entidades sindicales de salud.
Fundamental, aunque no exclusivamente, con el objetivo de afrontar las
dificultades financieras originadas en las prestaciones de alto costo y
complejidad como también para auxiliar a las obras sociales de bajo ingreso
promedio, la Ley 23.661 dispuso continuar y profundizar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que ya
había sido creado por la primitiva ley de Obras
Sociales (N´ 18.610).
Dicho fondo se financia con un porcentaje de los aportes y contribuciones que
oscila entre el 10% y 20% según el tipo de obra social.
Se nutre, asimismo, del
50% de los fondos de ¿distinta
naturaleza¿ que son establecidos, por leyes, decretos, convenciones colectivas
u otras disposiciones específicas.
Como siempre se interpretó que el FSR está constituido por ¿recursos
contributivos de la seguridad social¿ las sumas que lo componían no integraban
el presupuesto, distribuyéndose, automáticamente, entre las Obras Sociales.
Si al final de cada año existían excedentes estos
pasaban al ejercicio siguiente.
Se diferenciaban de los fondos del presupuesto anual
estatal que no pueden ser ejecutados fuera del ejercicio para el cual fueron
aprobados.
Pero, en el año 1993, el entonces Ministro de
Economía, asimiló los recursos del FSR a
los del Estado y sometió su ejecución a las normas presupuestarias
nacionales condicionando su utilización al sistema de autorizaciones y cuotas;
de esto resultó que, cada año, se autorizara,
aproximadamente, la mitad de lo recaudado, quedando la otra mitad registrada o
acumulada en alguna cuenta oficial, pero sin que las Obras Sociales pudieran
disponerla.
El Gobierno Nacional afirmó que dichos fondos se encuentran depositados en una
cuenta en el Banco Nación.
Se estima que las sumas acumuladas y adeudadas
oscilarían entre los doce y quince mil millones de pesos.
Existe una sospecha
generalizada que, al igual que lo hace con la ANSES y el PAMI, el oficialismo
estaría utilizando esos recursos para financiar gastos corrientes.
Es indudable que, con la alta inflación imperante, ese
dinero se desvaloriza día a día.
La millonaria suma acumulada, con más los intereses
devengados, entraña un desafío mucho mayor que una tradicional disputa
económica.
La cuestión no debería reducirse a cuánto y cuando
devolverla.
Por el contrario, dichos fondos brindan una oportunidad
extraordinaria de implementar, con las debidas garantías de transparencia, un
plan específico de saneamiento financiero y mejora en la calidad de atención de
las Obras Sociales.
CRONISTA.COM, 21.05.2013
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2014
Jue, ene 30 2014
Pagarán con bonos la deuda de obras
sociales para cerrar el frente gremial
Desde la CGT plantearon esta solución hace un año y
medio
Por Luis Autalán
La
agenda de la CGT se recita de memoria en la central que encabeza Antonio Caló
sobre temas pendientes con el Gobierno.
Uno de los tópicos más fuertes de esa
lista es la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales: $18.000 millones.
Por
estas horas para cancelar ese monto la Rosada estima el pago con bonos.
“Esto
lo planteamos hace más de un año y medio”, recordó uno de los integrantes de la
mesa chica.
“Lo
hicimos con el mismo énfasis que sugerimos la convocatoria al Consejo del
Salario, el incremento de las asignaciones o la necesidad de eliminar de cuajo
el Impuesto a las Ganancias de los sueldos” reseñó la misma fuente.
El
panorama de las prestaciones médicas sindicales “está en rojo” coincidieron
otros jefes gremiales.
Coincidentes
resaltaron que la buena voluntad de la CGT es “concreta” y enumeraron la
definición de paritarias “libres y responsables” (que incluirían una cláusula
gatillo), el pago de sumas puente, la participación junto a empresarios en a la
ofensiva contra el trabajo ilegal e incluso la predisposición para movilizar a
los afiliados de esos gremios en los controles de precios en góndolas y
minoristas, (ver recuadro).
Días
atrás el diario Clarín reseñó que la propuesta cegetista para cancelar los
$18.000 millones fue considerada como “practicable” por el jefe de ministros,
Jorge Capitanich, tras un encuentro con los popes de la central.
Por
estas horas el Ejecutivo vislumbra la posibilidad de estructurar la cancelación
de esa deuda a través de una ingeniería económica, conscientes de que se
trataría de una señal política sólida para con los gremios afines al Ejecutivo
o los opositores.
El
escenario que provocó la última devaluación, donde se incluye el “estado de
sesión permanente”, que definió la CGT el martes en la reunión de los
trabajadores de Obras Sanitarias, “amerita descomprimir todo lo posible”,
deslizaron desde el Ejecutivo nacional.
En
efecto, la preocupación sindical por sus próximas discusiones salariales a lo
que se suma la desconfianza marcada hacia la política de los precios cuidados y
el pedido de “prudencia” que reseñó Capitanich en la apertura de los contactos
con la CGT este año completan un tablero donde la o las jugadas inmediatas
corren por cuenta de la Casa Rosada.
Los más optimistas ponderan las medidas
adoptadas para sostener la actividad industrial en Tierra del Fuego, pero se
refugian en una frase: “Los tiempos los define Cristina”.
Fuente
“BAE”, 30.01.2014
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2015
Obras sociales: los gremios suman al paro un reclamo por $ 28 mil millones
LA PUJA DE INGRESOS
Es plata que debería ir a los
servicios de salud de los sindicatos.
Pero el Gobierno la tiene retenida y la
va devolviendo en función de sus intereses políticos.
Venegas, Moyano y Barrionuevo. El sindicalismo
opositor presiona por la deuda del Gobierno con las obras sociales.
Los gremios enrolados en las centrales sindicales
opositoras convocaron a un paro nacional el 9 de junio para exigir cambios de
fondo en el Impuesto a las Ganancias, paritarias libres y sin pauta oficial, un
aumento de emergencia a los jubilados y medidas contra la inflación y la
inseguridad.
Pero además, los gremialistas impulsan en común otro reclamo “de
peso”: unos $ 28.000 millones que pertenecen a las obras sociales y que el
Gobierno tiene retenidos en una cuenta en el Banco Nación.
La deuda -según los cálculos más actualizados que
manejan los sindicalistas- se incrementa a razón de $ 300 millones por mes, que
deberían haber sido distribuidos entre las obras sociales.
La cifra global es lo que las obras sociales estiman
que está acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Las entidades
se quejan de que no cuentan con datos oficiales porque hace ya varios años que
el Gobierno no les rinde cuentas sobre el manejo de esos cuantiosos fondos.
El FSR se conforma con un porcentaje de los aportes y
contribuciones mensuales que hacen los trabajadores y los empleadores.
Con ese Fondo se financian en forma “solidaria” (sin
distinción del tamaño de la obra social y de lo que aportan sus afiliados)
tratamientos médicos de alta complejidad y a las entidades sindicales de salud
que tienen afiliados con niveles salariales bajos o menor recaudación, a fin de
asegurarles un piso mínimo de ingresos por afiliado.
Y el excedente que queda
en ese fondo tras pagar esos tratamientos médicos debería ser redistribuido
todos los años entre las obras sociales según la participación de cada una en
el total de la recaudación.
Esto es lo que marca la ley 23.661 de obras
sociales y que no se está cumpliendo según denuncian los gremialistas.
Si bien la recaudación de esos aportes la realiza la
AFIP y el Fondo es administrado por el Estado, a través de la Superintendencia
de Servicios de Salud, lo acumulado no es dinero del Estado sino que pertenece
a las obras sociales.
Por eso todas las entidades sindicales -desde las
oficialistas nucleadas en la CGT de Caló, hasta la de Hugo Moyano y la de Luis
Barrionuevo- reclaman la distribución de esos fondos que están retenidos.
La semana pasada, Juan Carlos Schmid, secretario
general de la confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, dijo en
declaraciones radiales que el paro nacional del próximo 9 de junio es “por la
inflación, por las paritarias, por Ganancias y por las obras sociales”, en
referencia a esa deuda.
Mantener retenidos esos cuantiosos fondos le permite
al Tesoro Nacional contar con una financiación extra del Banco Nación, donde
está depositada la plata.
Y también es un valioso instrumento de presión y
negociación sobre los sindicatos.
En 2012 un informe de la Auditoría General de
la Nación admitía que el saldo final al cierre del ejercicio 2010 de la
cuenta corriente 4693/36 era de $ 6.144 millones y la cuenta corriente
2713/69 ascendía a $ 56.691.972,67.
Esas cuentas bancarias son del Banco
Nación y corresponden al FSR.
Un informe publicado en la Revista Médicos precisa que
“al 31 de diciembre de 2011, la suma sin distribuir en poder del FSR ascendía a
$ 10.411.522.000” (diez mil cuatrocientos once millones quinientos veintidós
mil pesos).
Desde entonces, esas cuentas no dejaron de crecer, pero no hubo
información oficial.
La AGN detalló que en 2008 quedó sin distribuir
el 53% de la recaudación del Fondo.
En 2009 el 50% y en 2010 el 60%.
Ahora,
las obras sociales calculan que se recaudan $ 1.100 millones por mes y queda un
excedente de $ 300 millones mensuales.
La proporción sin distribuir se habría
reducido porque se ampliaron las compensaciones a las obras sociales con
jubilados y afiliados discapacitados.
Fuente
“Clarin.com”, 01.06.2015
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