MENDOZA: IPV Y
LA REACTIVACIÓN DE OBRAS
El IPV intimó a 45 empresas para que agilicen sus obras
Debido a la regularización de la deuda con las constructoras y la implementación de una nueva normativa, el organismo empezó a notificar a los ejecutores de barrios en formación que aún no avanzan.
Casi medio centenar de barrios en construcción fueron intimados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para que las constructoras a cargo de los mismos aceleren las obras y se adecuen a los planes de trabajo recientemente dispuestos el organismo, luego de que el IPV regularizó su abultada deuda y modificó las reglas para evitar que las empresas paralicen los trabajos por falta de pago.
Tras un 2015 que terminó prácticamente paralizado y con un primer semestre a muy bajo ritmo, el IPV espera reactivar las obras en viviendas a partir de estos últimos meses del año.
En consonancia con lo dispuesto por la Provincia, el organismo se abocó a resolver el grave problema de deuda que mantenía con las constructoras, que superaba los 300 millones de pesos, y reordenarse administrativamente.
Así, sumado a una incipiente reactivación en el sector, el Gobierno apuesta a mostrarse "en regla" para persuadir a las empresas encargadas de la construcción de los 102 barrios en formación, que agilicen los trabajos y se pongan en ritmo para terminarlos y, como yapa, inaugurar nuevos espacios habitacionales en 2017, año electoral.
Para ello, el IPV aprobó dos resoluciones claves: 504/16 y 526/16, que modificaron algunas reglas: se estableció un mínimo de 4,5% de avance mensual para que las constructoras puedan cobrar los certificados y el plazo de pagos por parte del organismo se achicó de 60 a 30 días.
A ello se suma la regularización de la deuda de 320 millones de pesos que el IPV mantenía con las empresas, siendo cancelada con bonos financiados por el Gobierno y partidas presupuestarias extras contempladas por la Ley de Emergencia Fiscal para abonar deudas no registradas.
A pesar de todo esto, 45 barrios en construcción todavía no alcanzan a cubrir los niveles de trabajo adecuados, por lo que las empresas a cargo de los mismos fueron intimadas por el IPV para que empiecen a agilizar el ritmo de sus obras y vayan adecuándose a la normativa vigente.
De todos modos, el organismo estableció con las cámaras empresariales un plazo de 60 días para que las constructoras se acoplen a los nuevos planes de trabajo.
Además, hay seis barrios cuya construcción deberán ser paralizadas por cuestiones técnicas.
El titular del IPV, Damián Salamone, destacó que esta política "fue posible gracias a que logramos emprolijar nuestra administración y pudimos achicar y cancelar buena parte de la deuda.
La única forma de exigir es que la provincia esté en orden respecto a la obra pública".
En ese sentido, señaló que se cumple un pedido del gobernador Alfredo Cornejo: "Ordenar la obra pública priorizando las obras de Techo Digno".
Respecto a las demoras importantes en algunos barrios en construcción, Salamome consideró que "quizás haya empresas muy perjudicadas por la crisis financiera del 2015 que paralizó la actividad", por lo que se consideró otorgar plazos prudentes para la adecuación de ellas, evitando imponerles multas o quitas de concesión. Aunque aclaró: "La prioridad es de la obra pública".
Por otra parte, el titular del organismo provincial subrayó que la reactivación de la construcción en el sector de viviedas evidencia la creación de mayor empleo: "Pasamos de tener 420 obreros directos registrados trabajando a fines del año pasado, a 2550 personas en actividad según el último registro relevado en agosto".
Por lo tanto, "esperamos que en los próximos meses se incrementen tanto los certificados de pagos como la mano de obra ocupada".
fuente
"mdz", 24.09.2016
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