PUJA ENTRE NACIONES POR…
INVERSORES
Los Países Bajos dicen adiós a Shell y Unilever víctimas de la piratería fiscal
REDACCIÓN / LA VOZ
Murad Sezer | Reuters
Huyen a Londres para blindar los jugosos dividendos de sus accionistas
05 dic 2021
Corazón holandés y pasaporte británico.
Es la solución por la que han optado las dos grandes multinacionales Royal Dutch Shell —petrolera y gasista— y Unilever —gigante del consumo que aglutina marcas como Dove, Magnum, Calvé o Knorr— para poner a salvo los jugosos dividendos de sus accionistas.
Las dos compañías angloholandesas, han anunciado que hacen las maletas y se mudan a Londres, donde el Gobierno de Boris Johnson las acogerá con los brazos abiertos.
Unos dicen que es por el brexit, otros que por «operatividad», pero la razón de fondo es mucho más mundana: el dinero.
Corría el año 2004 cuando el Gobierno de los Países Bajos lanzó la promesa de que eliminaría el impuesto sobre los dividendos de salida.
De esta forma, los accionistas de las compañías podrían llevarse las ganancias a sus casas en el extranjero sin tener que pagar un solo euro a Hacienda.
Pero pasaron los años, pasó el brexit y la promesa se la llevó el viento.
Las empresas hicieron cuentas, esperaron al resultado de las negociaciones del divorcio y, con la información en la mano, amenazaron con irse.
El primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte, trató de apagar el fuego y lo hizo maniobrando para eliminar uno de los pocos resortes fiscales que le quedaban al país.
La ira popular se lo impidió: demasiada complacencia con los ricos.
Incluso para los holandeses que, de repente, empezaron a agitar la bandera de la moral fiscal, tras largos años de saqueo ininterrumpido a las Haciendas de sus países vecinos.
Lo constató el Parlamento Europeo en un informe en el que explica con detalle cómo consiguieron adelgazar las facturas de las empresas radicadas en la UE con estratagemas —legales— propias de un paraíso fiscal.
Ahora son ellos los que sufren en sus carnes la piratería tributaria.
Los británicos acechan su costa, a la caza de un buen botín.
Royal Dutch Shell y Unilever no es poca cosa.
La primera —que perderá el halo real de 114 años de historia y el pasaporte holandés si así lo decide su junta de accionistas este mes— tiene una capitalización bursátil de 152.090 millones de euros.
La segunda, de 98.410 millones.
Peaje de salida
Para evitar la fuga de estos gigantes, a quienes podrían seguir otros en los próximos meses, varios partidos, encabezados por los Verdes, han estado trabajando desde noviembre del 2020 en el establecimiento de un peaje de salida.
Consistiría en gravar con el 15 % las ganancias acumuladas por los accionistas en el momento de sacarlas del país, para coartar la decisión de las empresas de salir por patas.
Esa penalización se impondría cuando una compañía con una facturación de más de 750 millones de euros anuales tenga la intención de mover su sede fuera de los Países Bajos para eludir el impuesto sobre los dividendos (las ganancias que obtienen los accionistas por participar en el capital de dicha empresa).
Pagas cero euros.
Para quienes tienen su residencia en un paraíso fiscal o jurisdicciones con una fiscalidad muy laxa —ya sean particulares o fondos de inversión—, esta prerrogativa implica que no van a tener que rascarse los bolsillos.
Para las empresas también es una ventaja, porque podrán atraer con más facilidad a inversores con mucho capital de Pekín, Shanghái o Hong Kong, por ejemplo, ávidos de obtener ganancias y no pagar impuestos.
Dudas sobre su legalidad
¿Pueden los Países Bajos aplicar esta penalización de salida?
«De buenas a primeras, puede haber problemas clarísimos con el derecho de la UE», sostiene el catedrático de Derecho Financiero de la USC, César García.
Y es que la medida podría colisionar con los convenios de doble imposición y tratados de protección de las inversiones.
En la actualidad, los países de la Unión Europea no gravan los dividendos pagados por una filial en un país A a una matriz en el país B, para garantizar que solo tributa una vez y no dos.
Este proyecto de ley para retener el 15 % en la salida podría incumplir esa norma.
«No puedes establecer un peaje de salida dentro de la UE», aclara García, quien también tiene dudas de que se pueda penalizar cuando hay un cambio de sede a un tercer país: «El traslado real de la sede está cubierto por la libertad de establecimiento. Cualquier empresa de la UE puede trasladar su matriz a cualquier país. Limitarlo es contrario a la legislación europea», señala.
Es más, la libertad de circulación de capitales, la única que se aplica a países de fuera de la UE, podría estar comprometida.
El peaje recaerá, eso sí, sobre los accionistas, para sortear las leyes de competencia, que impiden tomar medidas discriminatorias por tipos de empresa.
Igual de difícil será para los holandeses justificar su retroactividad.
Los británicos ponen una pica en Flandes tras el «brexit»
El Reino Unido se ha aferrado a esta conquista como muestra de que han salido ganando con el brexit: «Es un claro voto de confianza en la economía británica mientras trabajamos para fortalecer nuestra competitividad, atraer inversiones y generar empleos», celebró su secretario de Estado para los negocios, Kwasi Kwarteng.
A García, no le extraña en absoluto: «Era de esperar que, liberados de los condicionantes de la UE, iniciaran una vía para intentar compensar las pérdidas comparativas que supuso el brexit con una mejor posición fiscal para atraer empresas», sostiene.
La fórmula ha sido más sencilla de lo que esperaban.
Los británicos no han tenido que reducir la presión fiscal, simplemente dejar que la UE continúe con su cruzada contra los impuestos a la baja.
«Se limitan a no replicar esas medidas tan rigurosas de la UE», explica el experto.
Londres ha decidido convertirse en un oasis nublado al otro lado del Canal de la Mancha, para compensar las salidas que provocó el divorcio —unas 100 empresas se fueron a Ámsterdam tras el anuncio de la ruptura—.
¿Podría pasar algo similar con las compañías domiciliadas en España?
«Sería perfectamente imaginable», asegura García.
España
Aquí se pagan impuestos tras percibir dividendos.
Las ganancias en metálico están sujetas al IRPF, pero solo para un residente en el país.
Así que se aplica una tasa del 19 % sobre las ganancias hasta los 6.000 euros.
Este porcentaje sube al 21 % entre los 6.000 y 50.000 euros.
La retención del 23 % se aplicará a los dividendos entre los 50.000 y los 200.000.
A partir de ahí, el impuesto asciende al 27 %.
¿Qué hay de un fondo de inversión extranjero que quiera llevarse sus dividendos de una empresa del Ibex, por ejemplo, fuera de la UE?
Se aplica una retención del 15 % sobre la ganancia generada entre la adquisición y el momento de la salida.
Puede haber devoluciones si existen acuerdos de doble imposición con un país tercero, pero no con paraísos fiscales.
fuente
"LA VOZ DE GALICIA", España, 05.12.2021
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