"VICTIMAS"…
PREFABRICADAS
Frenaron en el Senado bonaerense un nuevo intento kirchnerista de liberar presos en forma masiva
Esta vez, con la excusa de adecuar el Código Procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, quisieron introducir normas abolicionistas.
“Una burla a la dignidad” de los deudos de los muertos por la delincuencia, dijo el abogado César Mayer, de Usina de Justicia
31 de Agosto de 2020
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En los últimos años, hubo reiterados
intentos de resolver el hacinamiento carcelario desde una perspectiva
excluyentemente abolicionista, liberando presos.
En 2013, un proyecto de ley promovido por la Procuraduría Penitenciaria pretendía fijar un cupo en cada cárcel por encima del cual sería obligatorio acortar los plazos para liberaciones anticipadas.
En aquel proyecto se esbozaba claramente la concepción que asimila
la cárcel a la tortura, decreta la “inutilidad” del encierro y aplica
el concepto de “víctima” de modo excluyente a la población
penitenciaria.
“Desde Beccaria sabemos que la pena es un mal que añadimos a otro”, decía la Procuraduría Penitenciaria, como si el primer mal -el delito- fuese equiparable al segundo -la pena-, un argumento que deslegitima todo castigo al que viola la ley.
En abril pasado, la
pandemia de coronavirus fue la nueva ocasión para que las corrientes
abolicionistas se lanzaran a una campaña por la excarcelación anticipada
de presos condenados o la concesión masiva de detenciones
domiciliarias.
Nuevamente el hacinamiento fue la excusa para quienes
nunca se ocuparon de construir cárceles nuevas que reúnan los requisitos
humanitarios que dicen defender.
En ambas ocasiones, en 2013 y ahora, la
indignación de una ciudadanía que padece a diario el flagelo de la
violencia delictiva impidió o morigeró la fiebre libertaria de los
funcionarios.
Pero un nuevo intento -más solapado y más descarado a la vez,
como se verá- se produjo la semana pasada en el Senado bonaerense.
Con
una demora de tres años, esa cámara se disponía a debatir por fin la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017.
Esta
Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de
Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien
adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.
El kirchnerista Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial pero domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General,
que preside el senador Francisco Durañona.
El proyecto a debatir -que
también había pasado por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos-
había sido elaborado en conjunto por legisladores de Juntos por el
Cambio -los senadores Walter Lanaro, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini,
Franco Bagnato y María Belén Tapia, y la diputada Carolina Piparo-,
previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de
víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional.
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Durante el debate, expusieron
familiares de víctimas, representantes de asociaciones civiles, miembros
del Poder Ejecutivo y Judicial y juristas.
El
despacho de mayoría buscaba “garantizar y asegurar a las personas
humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de
presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
El proyecto también apuntaba a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo.
Hasta
la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada
a su suerte.
Si disponía de los medios suficientes para contratar un
buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso,
pero a su cuenta y cargo.
Los familiares de un muerto por la
delincuencia no están preparados para semejante contingencia; nadie los
informa ni los asesora.
Mientras tanto, el perpetrador del delito tiene
derecho a un defensor público si es solventarlo.
Antes de esta ley,
si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna
participación en el proceso.
Ninguna, ni siquiera derecho a
interiorizarse de la evolución de la causa, ni a ser notificado, por
ejemplo, en caso de que el victimario fuese beneficiado con una
liberación anticipada o una morigeración de pena.
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Los presos se amotinaron en Devoto para presionar por excarcelaciones ante la pandemia (Adrián Escandar)
Entre los objetivos del proyecto de
Ley provincial se incluía la creación de centros de protección a las
víctimas, asesoramiento psicológico y asistencia letrada gratuita; los
familiares serían informados sobre el avance de las causas, podrían
participar en la formación de las pruebas y, no menos importante, serían
notificados durante la etapa de la ejecución penal, es decir, del cumplimiento de la condena y eventuales beneficios que reciba el interno.
La insólita huida del kirchnerismo
Ahora bien, en la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía.
Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que
motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia
por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General,
Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y
antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que
intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.
En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios.
Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, que habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia, y que calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas
a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”.
Estaba aludiendo al ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, impulsor de estas modificaciones al Código destinadas a obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.
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El senador Francisco Durañona, Frente de Todos, presidente de la
Comisión de Legislación General del Senado bonaerense (Areco semanal)
Un verdadero caballo de Troya,
dijo Mayer: bajo el título de Ley de Víctimas y con la forma de normas
destinadas a darles derechos y protección legal, se escondía en realidad
una reforma del Código procesal con el único objetivo de beneficiar más todavía a los delincuentes, a cuya impunidad las víctimas asistirían impotentes.
“Notable
propósito del oficialismo -señaló Mayer-, en una provincia en la que la
ola de delincuencia constituye la principal preocupación, y notable burla a la gente que salió meses atrás a los balcones para repudiar la excarcelación de presos con la excusa del Covid”.
En su intervención, Mayer destrozó el dictamen de minoría que, aunque “dice adecuar la legislación provincial a la ley de víctimas, no trata absolutamente nada, sobre las víctimas”.
No las menciona.
Peor aún, la única vez que se refiere a ellas, “no es
para otorgarles un derecho sino para recortárselos, porque dice que las
asociaciones de víctimas solamente podrán actuar en favor de éstas
cuando se trate de: delitos de lesa humanidad, violencia de género,
femicidios o delitos contra el medio ambiente”.
Las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las
de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los
animales merecen más compasión que el vecino asesinado en un robo
Un planteo que roza el cinismo y revela la ideología -o los
preconceptos- de quienes promueven esta visión de la justicia: las
únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la
dictadura y las de femicidio o trata.
Hasta los árboles y los animales
merecen más compasión que el jubilado asesinado por un delincuente para
arrebatarle la jubilación, o la persona víctima de una salidera bancaria
o el joven ajusticiado para robarle la moto.
Sin embargo, la principal fuente de la inseguridad que vive la sociedad viene de estos delitos, fundamentalmente de los robos a mano armada.
Pero como para el abolicionismo, el delincuente común es una víctima de
la sociedad, y su delito una “rebelión” contra el “sistema”, sus
víctimas no merecen ninguna consideración.
Ni siquiera tienen categoría de tales.
Se las ignora.
Como lo hace el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación.
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El Gobierno tuvo que enviar efectivos federales a la provincia de Buenos
Aires ante la ola de delitos. La inseguridad es una de las principales
preocupaciones de los ciudadanos
Como lo hacía también el ya
mencionado proyecto de la Procuraduría Penitenciaria de 2013: “El trato
que le damos a quien cometió una falta, dice algo acerca de la persona
del infractor, pero también dice mucho acerca de la comunidad que tenemos, de nuestra indiferencia frente al dolor ajeno”, decían los fundamentos.
¿No
dice mucho también sobre la sociedad que somos la indiferencia frente
al sufrimiento infinito que la violencia delictiva le ha infligido a
tantas familias argentinas?
Pero esta corriente ideológica reserva toda
su compasión para el victimario, al que indulgentemente llama
“infractor”.
“¿Cuál es el
meollo del despacho de minoría? - se preguntó César Mayer en su
intervención ante los senadores-.
Conformar un combo bajo el título de
Ley de Víctimas y meter por la ventana una cantidad de normas
modificatorias del Código Procesal Penal, de características totalmente
abolicionistas, que tienen por único propósito dejar a miles de presos en la calle”.
Y
enumeró algunas “normas insólitas”, incluidas en el despacho
kirchnerista: “Por ejemplo, al particular damnificado -la víctima que se
ha presentado en el proceso-, para pedir la detención o la prisión
preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.
Y siguió: “Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya
esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la
prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por
otra que no implique la detención”.
Ahora bien, siguió explicando Mayer, “si un fiscal solicita el cese de una detención o de una prisión preventiva, este pedido es inmediatamente vinculante –obligatorio- para el juez”.
La cosa va in crescendo.
Otra de las normas insólitas del despacho, dijo Mayer, es que “si el imputado viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco lo puede mandar a detención o prisión preventiva”.
Por si no bastara, otras cláusulas determinan la domiciliaria
para todos los condenados a 6 años de prisión, una vez cumplidos 3; y
lo mismo respecto de todos los condenados a 3 años de prisión, cuando
hayan cumplido uno.
“Esto -dijo Mayer- interfiere con el código
penal, en virtud del cual se dictan condenas que son de cumplimiento
efectivo, además de que estas detenciones domiciliarias no son ordenadas
en función de características particulares de cada caso sino en forma
general, lo cual implica una especie de amnistía encubierta, una reducción general de penas”.
La
frutilla del postre es una cláusula que determina que cuando haya una
audiencia para definir medidas cautelares, se prohíbe la lectura de la
requisitoria y de cualquier información relativa al imputado.
“Solo se
puede leer el número de causa y el nombre del imputado -señaló Mayer-;
es decir, al juez que debe decidir sobre la excarcelación o morigeración de pena, se le oculta la calificación de conducta, el comportamiento del interno en prisión, si ha cometido nuevos delitos, etcétera”.
El fundamento de esto último es difícil de concebir desde el sentido común: ¿será para no estigmatizar?, ¿para no victimizar al victimario?
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“Parece increíble que tal esperpento
jurídico haya sido pergeñado por el kirchnerismo para ser incluido en un
proyecto de Ley de Víctimas”, dijo César Mayer a Infobae.
“Proponen todo lo contrario a la protección de los derechos de las víctimas”.
Después
de la requisitoria del representante de Usina de Justicia contra el
despacho de minoría, el kirchnerismo desertó la reunión.
“La gente no quiere a los condenados en sus casas o libres por la calle. La
Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad. Y la triste huida de los
senadores kirchneristas al momento de votarla es un síntoma alarmante
del estado de la clase política”, afirmó Mayer.
La
actitud de la bancada oficialista no fue impedimento para que el
proyecto consensuado avanzara.
En la Comisión de Legislación General,
los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el
despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y solo se había hecho
una pausa.
Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el
procedimiento.
Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión.
Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la
presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación.
Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada.
De todos modos, para
las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada.
La sesión
para la votación del proyecto tendrá lugar el 10 de septiembre.
“Para
nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el
acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el
senador radical Leandro Blanco.
“Las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó.
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El senador Leandro Blanco, Juntos por el Cambio, vicepresidente de la comisión de Legislación general
César Mayer, por su parte, apuntó contra la irracionalidad del despacho
de minoría: “Estas modificaciones al código procesal penal que introdujo
el Frente de Todos, ¿qué tienen que ver con las víctimas? Nada.
Absolutamente nada. Hay un despacho de minoría que se titula Ley de Víctimas y que lo único que propugna es la impunidad de los victimarios”.
fuente
"infobae", 31.08.2020
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