VENEZUELA Y LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL
¿En qué consiste la solicitud de seis países ante
la CPI de investigar a Venezuela?
26 de septiembre de
2018
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana en Caracas. La crisis en Venezuela “requiere una acción colectiva”, dijo el presidente de Perú. Oficina de prensa del Palacio de Miraflores
Seis países americanos pidieron este miércoles a la Corte Penal
Internacional (CPI) que abra un proceso contra funcionarios de alto nivel de
Venezuela por abusos a los derechos humanos, en la primera ocasión que Estados
miembro refieren ante el tribunal a otro Estado miembro.
Pese a que en la región son poco frecuentes las críticas
públicas de otros líderes, este paso de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay,
Perú y Canadá representa un rechazo extraordinario al presidente Nicolás
Maduro y a su gobierno.
Los países latinoamericanos han quedado cada vez más alarmados
por las crisis política y económica en Venezuela.
La escasez de alimentos y de
medicinas también ha forzado a millones de personas a emigrar, la mayoría a
países vecinos.
La denuncia ante la CPI le añade urgencia a las investigaciones
de posibles abusos en Venezuela.
“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso
histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un
hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no
repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”, dijo
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en
un comunicado.
A
continuación, algunos hechos sobre qué implica referir el caso a la corte y qué
significaría para Venezuela.
¿Por qué acudieron los países ante la CPI?
Migrantes venezolanos camino a Bucaramanga, Colombia, a principios de septiembre
Federico Rios Escobar para The New York Times
En
buena medida porque se han visto superados por el éxodo sin tregua de los
venezolanos, que se ha disparado ante la creciente inflación.
Naciones Unidas estima
que 1,6 millones de venezolanos han dejado el país desde 2015 y que hasta 1,8
millones emigrarán este año.
En
los últimos años, algunos de los países vecinos han tenido una política de puertas abiertas y de acogida para
estas personas, pero eso conllevó fuertes problemas políticos con comunidades migrantes a donde llegan los
venezolanos; muchos de ellos no tienen ahorros y llegan con fuertes
problemas de salud.
“La
magnitud del éxodo de venezolanos no tiene precedentes en nuestra región”, dijo
el presidente peruano, Martín Vizcarra, a la Asamblea General de la ONU durante
su discurso, el martes, al indicar que a su país han llegado unos 450.000
venezolanos.
“Requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional”.
¿Qué tan inusual es que hayan acudido a la CPI?
El presidente peruano Martín Vizcarra durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que discutió el éxodo venezolano hacia su país
Richard Drew/Associated Press
Muy
inusual. La corte nunca ha abierto un caso referido por un gobierno en contra
de otro; durante décadas los gobiernos latinoamericanos se han adherido a un
principio de no intervención en los asuntos domésticos de las naciones vecinas.
Sin embargo, varios países ahora consideran que el desastre económico de
Venezuela se ha convertido en una amenaza regional.
La oleada de migrantes ha
resultado también en el alza de tasas delictivas, y ha golpeado los sistemas de
salud y educación de otros países.
“Este
es un evento significativo e histórico”, dijo Fernando Cutz, antes funcionario
de alto rango de la Casa Blanca que trabajó en temas de política
latinoamericana durante los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump.
“Hace
diez años habría sido imposible pensar en que la región le diera la espalda a
uno de los suyos”.
¿En qué se centra el proceso?
Enfrentamientos con la policía durante protestas el año pasado en Caracas
Meridith Kohut para The New York Times
Los países le pidieron, en una carta firmada por los seis jefes
de Estado al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU, a la
procuradora jefa de la CPI, Fatou Bensouda, que investigue los abusos a
los derechos humanos posiblemente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro
desde febrero de 2014, cuando hubo represión de protestas masivas.
La carta hace notar que los expertos en derechos humanos ya han
documentado diversos abusos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones
extrajudiciales, tortura y delitos sexuales.
Pero ¿la CPI no investigaba ya a Venezuela?
Una fachada en Caracas
Meridith Kohut para The New York Times
Sí. Bensouda anunció en febrero pasado que el tribunal había
abierto un examen preliminar ante denuncias de
violaciones de derechos humanos en Venezuela, un primer paso para que haya una
investigación formal y para que se puedan presentar cargos penales.
La corte dice que estudia acusaciones de que las fuerzas de
seguridad de Venezuela han usado exceso de fuerza contra manifestantes, que han
detenido arbitrariamente a opositores políticos y que han cometido “serios
abusos” contra prisioneros.
El tribunal fue establecido en 2002 como una corte de última
instancia para crímenes de guerra y de lesa humanidad, particularmente
genocidio.
Desde su creación, solamente ha estudiado casos en África y
únicamente ha conseguido un puñado de condenas.
¿En qué plazos se podrían presentar cargos?
La gente reunida en un punto rojo de Caracas, llamado así por el color del gobernante PSUV, donde los votantes presentan su carnet de identidad para recibir cajas de alimentos y otros servicios
Meridith Kohut para The New York Times
No queda claro. En general, las investigaciones de la CPI duran
años y los expertos indican que es poco probable que se presenten pronto.
“Los plazos de la CPI se miden en años, no en meses”, dijo Todd
Buchwald, exfuncionario sénior del Departamento de Estado estadounidense que
supervisó temas de derecho penal internacional de 2015 a 2017.
Sin embargo, el sentido de urgencia que confieren los países en
la carta podría resultar en que el caso sea priorizado por la corte.
“Sí le transmite un mensaje a la procuradora que estos Estados están ansiosos
de darles acceso a quienes han huido” y que podrían tener información
relevante, dijo Joanna Harrington, profesora de Derecho de la Universidad de
Alberta especializada en derecho penal internacional.
En el corto plazo, ¿qué se logra con esta
acción?
Varios vecinos de Venezuela han buscado aislar al gobierno de
Maduro conforme sus tendencias autoritarias han crecido en los años recientes;
también han buscado cómo aprovechar o ahondar posibles divisiones entre el
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La amenaza de un proceso ante La Haya “probablemente estimule al
círculo interno a unificarse” dijo Cutz, pero también podría llevar a otros a
darle la espalda a Maduro, añadió el exfuncionario de la Casa Blanca.
¿Qué dice Estados Unidos al respecto?
Washington ha intentado convencer a los líderes latinoamericanos
de que adopten una mano más dura frente a Venezuela.
Pero es poco probable que
el gobierno de Donald Trump respalde esta solicitud a la CPI.
Durante su discurso ante la Asamblea General este año, Trump
describió la crisis venezolana como una “tragedia humana”, pero también criticó
a la Corte Penal Internacional: “En lo que concierne a Estados Unidos”, dijo,
la corte “no tiene legitimidad ni autoridad”.
Hace poco el tribunal en La Haya anunció un examen preliminar de
violaciones a los derechos humanos en Afganistán que podrían incluir actos
cometidos por soldados u oficiales de inteligencia estadounidenses.
A pregunta expresa, el Departamento de Estado no dijo si
respalda las acciones ante la CPI, pero indicó: “Promovemos investigaciones
rigurosas y transparentes para cualquier reporte fiable de abusos. La crisis en
Venezuela solamente será resuelta cuando se restauren una gobernanza
democrática, políticas económicas realistas, el Estado de derecho y el respeto
por los derechos fundamentales y libertades”.
Fuente
“The New York Times”, 26.09.2018
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