ESPAÑA:
EN TODOS LADOS SE “CUECEN” FUEROS
El Gobierno descarta abordar la inviolabilidad del
Rey en la supresión de los aforamientos
El Ejecutivo pasa
al Consejo de Estado la búsqueda de la fórmula para la reforma constitucional y
promete dejar sin fuero parlamentario los delitos de corrupción
CARLOS E. CUÉ
Madrid, 21 sep 2018
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a cargo de la ministra Portavoz, Isabel Celaa y el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque. JAIME VILLANUEVA | ATLAS
La reforma de los
aforamientos se ha convertido en una patata caliente muy
compleja para el Gobierno, sobre todo porque no parece tener apoyos en el
Congreso de los Diputados para aprobarla.
El Ejecutivo ha descartado este
viernes que vaya a abordar la inviolabilidad del Rey o la retirada del
aforamiento a la familia real, incluido el Rey emérito, dentro de su iniciativa
para limitar esta protección que tienen en distinto grado políticos, jueces,
fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
El líder de Podemos, Pablo
Iglesias, ha dejado claro que su grupo no apoyaría una reforma que dejara fuera
al jefe de Estado.
Otros aliados del Gobierno han dicho cosas similares,
mientras Ciudadanos y el PP también han criticado la iniciativa por otros
motivos, así que en este momento parece difícil que prospere ya que requiere la
aprobación de tres quintos de las dos Cámaras.
El Gobierno además ha decidido, de forma poco usual, no presentar una reforma y
luego llevarla al Consejo de Estado, como es preceptivo, sino que sea este
órgano quien decida cómo debe ser ese cambio constitucional.
La portavoz del
Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que pedirán un informe al supremo órgano
consultivo del Ejecutivo para que detalle el procedimiento, para el que no hay
un plazo de entrega, y que, cuando esté listo, se llevará al Congreso y
comenzarán a contar los 60 días que se marcó Pedro Sánchez este lunes para
sacarla adelante.
La reforma tiene así un recorrido tanto técnico como político
mucho más complejo y largo de lo que parecía el pasado lunes cuando la anunció
el presidente.
La ministra portavoz del
Ejecutivo ha detallado que la reforma afectará a
"parlamentarios y miembros del Gobierno" con el
objetivo de que se reduzca el aforamiento "al estricto ejercicio de las
funciones del cargo público" y que la intervención del Consejo de Estado
facilitará el "logro del consenso" para aprobar una reforma
constitucional para la que son necesarias la mayorías de tres quintos en ambas
Cámaras, Congreso y Senado.
El Gobierno también le pide al
Consejo de Estado que busque la fórmula para que los delitos vinculados a la
corrupción, aunque se realicen en el ejercicio del cargo, queden fuera del
aforamiento por su especial gravedad.
Entre los expertos del Gobierno aún no
tienen claro de qué manera se podría lograr esto, pero Celaá insistió en que
esa es la voluntad del Ejecutivo, que había sido muy criticado esta semana por
mantener el aforamiento precisamente para este tipo de delitos.
Lo más probable
es que ese detalle no esté dentro de la reforma constitucional, sino en la
reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que vendrá después.
Durante su intervención, Celaá
ha precisado que la inviolabilidad del Rey "no entra en absoluto" en
la propuesta, ya que modificar la figura del Monarca requería una reforma
agravada de la Constitución.
Horas antes, el secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, ha criticado al Gobierno por "improvisar" con su
propuesta de reforma de la Constitución y se ha reafirmado en que no piensan
apoyarla si deja fuera a los miembros de la Monarquía.
Iglesias ha criticado al
Gobierno de Sánchez por plantear este anteproyecto de reforma sin haber llegado
antes a un consenso sobre su alcance con el resto de las fuerzas políticas.
El aforamiento es una protección que hace que
diputados, senadores y miembros del Gobierno solo puedan ser investigados y
juzgados por el Tribunal Supremo ante cualquier presunto delito cometido.
En
España hay 250.000 personas que gozan de este privilegio de alguna manera,
aunque en realidad 232.000 no son políticos, sino guardias civiles y policías
nacionales y autonómicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario