SAN LUIS Y…
LAS VIEJAS Y MISMAS MAÑAS
Increíble fraude electoral
en San Luis: más del 8% del padrón era trucho
Ocurrió en las elecciones para
intendente de Arizona, pequeña localidad puntana, gobernada por un clan
familiar que responde a los Rodríguez Saá.
Los votantes eran traídos de otras
provincias y se les retribuía con licencias profesional a cambio del sufragio
Por Andrés Klipphan
29 de septiembre de 2018
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En la Argentina actual, en
la que hasta los jardineros del poder son millonarios y terminan presos por
mover bolsos con millones de dólares, queda poco margen para la sorpresa.
Sin
embargo, hasta el realismo mágico que Gabriel García Márquez utilizó para darle
vida a sus personajes a los que ubicó en un imaginario pueblo llamado Macondo
queda opacado por un escándalo electoral en la localidad de Arizona, que acaba
de terminar con casi el 10% de su hipotético padrón electoral procesado, junto
al ex intendente que pergenio (¿SIC?) un mecanismo fraudulento para beneficiar en los
últimos comicios a su hijo con quien se viene alternado la conducción del
municipio, habitado por unas 1.100 personas y que forma parte del Departamento
Gobernador Dupuy, en la provincia de San Luis.
Como en
todo pago chico, en Arizona se conocen todos.
Por eso, los lugareños no
demoraron en advertir que en las pasadas elecciones de 2015, donde fue electo
como intendente el ex diputado provincial Jorge Ariel Figueroa, e hijo del
saliente alcalde, Jorge Pedro Figueroa, las filas frente a las mesas de
votación estaban pobladas por supuestos vecinos a los que nunca habían cruzado
en calle.
La
fiscalía corroboró que eran unos ochenta los las personas que sufragaron ese
día –presuntamente a favor del hijo del mandamás del pueblo- sin estar
legalmente habilitados para hacerlo; que todos ellos en realizad vivían en La
Pampa y en Mendoza, y que el jefe comunal los sobornó con el otorgamiento de
licencias profesionales para conducir sin siquiera haber rendido el examen ni
presentar ningún tipo de documentación.
Según la
investigación fiscal, los votantes truchos representaban el
8% del padrón electoral de Arizona compuesto por 852 electores.
Quizás
por la maniobra -eso lo decidirá la Justicia Electoral- Jorge Ariel se erigió
triunfador con el 80% de los votos.
Peronista de cuña, Figueroa hijo encabezó la boleta de la Alianza Compromiso
Federal, a través de la cual Alberto Rodríguez Saá se consagró para un tercer
mandato como gobernador de San Luis.
Fuera de la política, en Arizona, también
sobran las anécdotas que lo tienen al ahora procesado ex intendente como
protagonista excluyente.
Fue el
día en que el alcalde se cruzó a golpes de puño con un comerciante porque este
no quería mover su coche, que estaba frente la panadería, para que los
empleados municipales pudieran pintar la vía que demarcada la bici senda que
pasaría por allí.
Roberto García, el panadero fue el primer sorprendido cuando
el intendente, apoyado por uno de sus subalternos, lo cruzó con un duro
trompazo.
La
trifulca duró un par de minutos y terminó con el examen que les practicó el
médico policial que corroboró que los dos improvisados púgiles tenían lesiones,
aunque en ninguno de los casos eran de gravedad.
La gresca generó una pequeña
pueblada en la que un grupo de ciudadanos salieron a apoyar al panadero cuando
la versión oficial echó a rodar que García había sacado un arma de fuego para
defenderse.
El
fraude
La
Justicia, se sabe, tiene sus tiempos y mucho más aún si se trata de maniobras
que podría poner en duda la elección de autoridades, en este caso, de una
comuna que cumplió 92 años de vida, y que está ubicada a 346 km al sur de la
capital provincial.
Quizás
por eso, a poco más de un año de las próximas elecciones, recién en las últimas
horas, el titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, pudo
convocar a prestar declaración indagatoria a las 86 personas que participaron
del escandaloso fraude electoral.
El fiscal
investiga un voluminoso expediente donde quedaron al descubierto una serie de
"delitos contra la fe pública en concurso con violaciones a Ley Electoral
Nacional".
La causa
tuvo su origen el 7 de septiembre de 2015 a partir de la denuncia efectuada por
un vecino de Arizona, quien denunció, sin eufemismos,
que había detectado personas que estaban votando pero que "no tenían
domicilio en el lugar".
Una de
las primeras medidas que adoptó la fiscalía fue allanar –por primera vez en su
historia- la sede del Registro Civil de Arizona.
El resto fueron horas y horas
cruzando los datos de cada uno de los votantes.
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La tarea arrojó resultados
alentadores. Después de más de dos años de pesquisa, el representante del
Ministerio Público Fiscal determinó la existencia de "múltiples cambios falsos
de domicilio a Arizona por parte de personas que, predominantemente,
registraban domicilio en las ciudades de General Pico (La Pampa) y General
Alvear (Mendoza)".
También acreditó que ni uno solo de los votantes
plantados por el intendente Figueroa "se mudó efectivamente al municipio
y, más aún, ni siquiera acreditaron los requisitos legales exigidos para
obtener el cambio de domicilio, trámite que se materializó de manera previa a
las elecciones simultáneas (nacionales, provinciales y municipales) de ese año
2015".
En su
dictamen, Cristian Rachid es contundente. "La maniobra habría sido
propiciada por el entonces intendente Pedro Jorge Figueroa con el objetivo de
que los nuevos 'electores' sufraguen a favor de su hijo, quien finalmente resultó
elegido y actualmente se encuentra a cargo del ejecutivo municipal".
La
maniobra es explicada por el fiscal de la siguiente manera: "A
cambio de su voto, el mandatario les ofrecía la habilitación para conducir
vehículo automotor en la categoría profesional. El ilegítimo
otorgamiento de dicha licencia a los imputados (quienes, como se dijo, se
domiciliaban en otras provincias) se llevaba a cabo de manera irregular, sin la
exigencia de ninguno de los requisitos vigentes para la categoría profesional,
tales como el certificado médico, examen teórico práctico, entre otros.
Más aún, la investigación permitió verificar que, en la mayoría de los casos,
los acusados tramitaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Arizona
el mismo día en que realizaron el cambio de domicilio falso a esa
localidad".
Y un dato
más que corrobora la maniobra fraudulenta: "Más del 90% de los electores
investigados omitió presentarse al ballotage presidencial que tuvo lugar en
noviembre de 2015, circunstancia que, contrapuesta con el altísimo acatamiento
observado por los mismos electores en las PASO y las elecciones generales, pone
de manifiesto el acuerdo común focalizado en el interés local-municipal".
En el
expediente, el fiscal consiguió reunir "registros fílmicos y fotográficos
tomados por personal de la Policía Federal Argentina que permitieron
identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que
trasladaban a muchos de los 'falsos' electores durante los días previos a la
jornada electoral del 25 de octubre de 2015".
¿Otra
vez a las urnas?
La causa
aún está en pleno proceso, y serán muy valiosos los testimonios que a partir de
los próximos días comenzarán a escucharse en la fiscalía federal de San Luis, pero
el final del proceso podría derivar en un pedido para que se anulen los
comicios locales.
Esto está basado en un dato que para el
fiscal es clave y que puso de relieve a la hora de dimensionar el ilícito
detectado.
"El
circuito 111 Arizona San Luis contaba en 2015 con un total de 852 electores,
con lo cual los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en
la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de
la mencionada localidad", resaltó el fiscal.
La
Fiscalía también expuso que "la intervención en la maniobra del intendente
Figueroa obedece a una clara motivación personal (asegurarse un resultado
electoral favorable en las elecciones generales de 2015) y resultó imprescindible,
pues desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó
y configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación
criminal de todos los electores mencionados".
Rachid fue extremadamente claro a la hora de apuntar al padre-intendente como cabeza de la maniobra.
"Jorge
Pedro Figueroa, como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte
–necesario para la inserción de las falsas declaraciones imputadas- de los
funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la
maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo,
extendió ilegítimamente las licencias de conducir que proporcionó, a cambio de
su promesa de voto –igualmente ilegítimo-, a los electores mencionados".
Por esa razón, también
serán indagados cada uno de los funcionarios y policías que rubricaron las
licencias profesionales de conducir mal otorgadas y quienes certificaron los
cambios de domicilios truchos ya que "no observaron ninguno de los requisitos
pertinentes de la normativa vial, a cambio de que estos concurran a votar en
las mesas habilitadas en el circuito electoral 111 Arizona San Luis, durante
las elecciones PASO y GENERALES del año 2015".
Arizona,
está claro, no es Macondo.
Sin embargo, los vecinos del lugar han
observado como desde el año 2009 en ese alejado municipio de San Luis, Jorge
Pedro y Jorge Ariel Figueroa, padre e hijo, se vienen turnando como intendentes
de Arizona como si se tratase de un feudo.
Pero como todo
queda en familia, ambos comparten un mismo secretario de Gobierno.
Se llama
Cristian Urquiza, y es el medio hermano de Jorge Ariel por parte de madre.
En el
árbol genealógico de los funcionarios públicos de la familia Figueroa aún hay
más.
Virginia Isabel Bazán Travaglia es la pareja Jorge Ariel Figueroa,
es decir del actual intendente.
Ella, a fines de 2011, fue electa diputada
provincial, banca a la que renunció en la primera sesión de 2012, para que
asumiera su pareja, quien era su suplente y asumió así la banca mientras su
papá –ahora procesado- ocupaba la intendencia hasta las polémicas elecciones de
2015.
Realismo
mágico no. Argentina.
Fuente
“infobae”, 29.09.2018
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