UN “ISPA” DE “VOVIS” (GILES) Y/O…
EL TIRO EN LAS PATAS
– II -
29 septiembre, 2018
Jorge Lanata: “Los que tienen coronita”
Más de un millón de personas cobran
hoy la pensión no contributiva por invalidez laboral.
Visto de cerca, nada es normal” escribió Caetano Veloso.
Ahora que se acabó la plata y empezamos a ver por primera vez como un problema
el asunto del gasto es fácil advertir, apenas al buscar un poco, que el Estado
no es uno solo.
Hay muchos “estados” grandes o pequeños, que pelean entre sí y
mean el territorio marcando sus privilegios.
El Estado no es, señores de la
Facultad de Derecho de la UBA, la “comunidad jurídicamente organizada”.
Es un
ser vivo que a veces adquiere la forma de las enfermedades autoinmunes, el
cuerpo comiéndose a sí mismo,y otras se amuralla defendiendo privilegios de
grupos, o personas, o familias, y trata de mantener sus privilegios en el
anonimato.
Territorio al fin, los “estados” viven del derecho de paso a quien
deba transitarlos.
La imaginación popular lo resumió mejor como “la mordida”,
“el peaje”, “el gancho”, “el cajoneo”, ”el freezer”: el minipoder
aplicado de forma brutal y secreta.
El móvil de exteriores de Canal 7 cobra un plus por salir a exteriores.
Las hijas de los miembros del Servicio
Penitenciario Federal, muerto su padre, cobran una pensión hasta que se casen
(en homenaje a Ni Una Menos).
Los familiares de equis oficina entran
por una especie de derecho hereditario privado de bienes públicos.
Un empleado de Agroindustria de la ciudad de
Mendoza cobra un suplemento del 45% comparado con un empleado en el mismo
puesto de la ciudad de Buenos Aires.
El plus se arrastra de una época en la que
los accesos a los centros urbanos eran precarios.
Lo cobran cerca de novecientas
personas y representa un costo adicional de 150 millones de pesos al año.
En la ciudad de Buenos Aires, donde cada vez
hay menos lugar para transitar (vamos a terminar manejando de canto,como los
frisos egipcios) circulan 1.600.000 coches, hay 364.000 espacios para
estacionar en la calle, 611.000 cocheras privadas y más de veinte
mil autos con obleas truchas de discapacidad.
La pensión no contributiva por invalidez
laboral se otorga a una persona que tiene una discapacidad laboral del 76% o
más, certificada por un médico, junto a su vulnerabilidad social.
En 2006 había
170.000 beneficiarios; hoy hay más de 1.046.000 personas que cobran
mensualmente este derecho de carácter vitalicio.
Eso significa que en doce años
se agregaron 876.000 inválidos, el doble que los muertos americanos en la
Segunda Guerra Mundial: fueron 405.399.
El incremento en la cantidad de
pensiones no contributivas por invalidez laboral fue, desde 2006, de más de
500%, significan 88.000 millones de pesos al año.
La
Agencia Nacional de Discapacidad investiga caso por caso esperando poder
corregir este delirio.
A la hora de discutir el Presupuesto, hay
organismos a los que no les corresponden las generales de la ley: son “los que
tienen coronita”, técnicamente se denominan “fondos con afectación específica”
u “organismos descentralizados”.
A veces se manejan con los propios fondos que
generan cobrando tasas o subsidios, otras sirven de fronting para que los
ministerios tomen personal por triangulación y otras se justifican a sí mismos
por tautología: están porque están, y nadie se propone sacarlos.
En esta categoría brilla ACARA, Asociación de
Concesionarios Automotores de la República Argentina, fundada en 1944, una
organización privada que se autodefine como “integrante de la cadena de valor
automotriz”.
ACARA, en resumen, se ocupa del título del automotor, cédulas
verde y azul, y la emisión de los “libre deuda”.
ACARA tiene 1.500 registros en
todo el país y cada uno de ellos es, en sí,un premio o una compensación
política.
Hasta 2016 la Campora manejaba esa caja política.
El costo de la transferencia (formulario 08)
cuesta 1,2% para el trámite web y 2% de manera presencial.
En 2017 tuvieron
ingresos por 21.800 millones más otros 60 millones en concepto de tasas,
multas, sellos para las diferentes jurisdiscciones.
Y ahora viene lo mejor:
ACARA, una entidad privada, contrata 5.500 empleados para el Ministerio de
Justicia, son empleados de ACARA “adscriptos” al Ministerio y paga,también,
2.700 plus salariales a otros tantos funcionarios del área,incluidos organismos
de control como la IGJ.
El organismo se ha presentado a la construcción de una
cárcel en la provincia de Buenos Aires y a otros concursos aunque, por su
propia constitución, se aparte de las normas de empleo,compras y administración
financiera pública y no tiene ningun tipo de control.
Fuente
“RADIO MITRE”, 29.09.2018
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