ESPAÑA:
ESTADO VS. IGLESIA
El Gobierno exigirá los bienes públicos que la
Iglesia ha puesto a su nombre
Justicia ultima el
listado de las propiedades registradas por obispos y sacerdotes al amparo de
una ley franquista.
La Iglesia advierte de que defenderá sus derechos
CARMEN MORAN BREÑA
El Gobierno reclamará
los bienes de dominio público que la Iglesia católica española haya puesto a su
nombre en las últimas décadas.
A ello se compromete en una respuesta dada en el
Congreso de los Diputados al diputado socialista Antonio Hurtado, que se
interesaba por el destino de tantos
templos, plazas públicas, fuentes que los obispos han inscrito en
los registros de la propiedad al amparo de una ley franquista de 1946 que los
equiparaba con funcionarios públicos, es decir, no tenían que demostrar la
propiedad para inscribir a su nombre.
¿Qué va a pasar ahora con todo ello?
En
su respuesta a Hurtado, adelantada por la cadena SER, el Gobierno recalca la
"inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de
dominio público".
"De este modo", prosigue la nota, "queda
prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las
personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia
católica".
Reconocidas estas consideraciones legales, el Gobierno procederá a hacerse con
todo aquello considerado de dominio público que la Iglesia se haya apropiado
indebidamente una vez disponga del listado completo de las inmatriculaciones.
"Si a pesar del control por parte del registrador [de la propiedad]
hubieran accedido al registro como bienes de propiedad privada bienes que
efectivamente son de dominio público deberá procederse a la depuración física y
jurídica conforme al derecho sustantivo material".
El diputado Antonio Hurtado
espera que "todo se solucione en los registros, que la Iglesia no plantee
batalla jurídica y aquellas inscripciones ilegales pasen a ser de nuevo de
dominio público".
Y recuerda que una inmatriculación sí indica tener
propiedad sobre el bien.
La Iglesia suele negar este extremo.
Defienden que es
posesión, no propiedad.
Justicia ultima estos días el
listado de los bienes inscritos por la Iglesia para ser entregado al Congreso,
donde se espera que afloren, para conocimiento de todos, miles de propiedades
inmatriculadas.
Eso abre la vía a la
reclamación de los bienes públicos, pero también a que ciudadanos e
instituciones privadas puedan pleitear por lo que consideran que es suyo y
no de la Iglesia.
En algunos casos, la jerarquía católica ha inmatriculado
bienes que ya estaban registrados, lo que parece indicar un escaso control por
parte de algunos registradores.
"No ha habido el mismo celo por parte de
algunos registros y de otros, ni tampoco la misma voracidad por parte de unos
obispados que de otros, y eso se verá con claridad cuando se tenga el listado
completo", dice Hurtado.
En Zaragoza, por ejemplo, la iglesia de San Juan
de los Panetes se puso a nombre de la Iglesia cuando estaba registrada como
bien público desde 1933.
Y parecido ha ocurrido en Palencia con otra iglesia
enclavada en una finca privada, por la que el Gobierno
español recibió el varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo.
La respuesta al Congreso
explica también que a la hora de reclamar edificios, templos,
plazas, fuentes, etcétera, será la Dirección General de Patrimonio la que
tendrá que establecer cuáles de esos bienes son reclamables por parte de la
Administración.
La Iglesia ha reconocido
"errores" en algunas de las 30.000 o 40.000 inscripciones que calcula
que ha registrado.
“Errores habrá habido”, ha reconocido recientemente a EL
PAÍS el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal,
Fernando Giménez Barriocanal, “y también diferencias de interpretación”,
pero “si algo se ha hecho incorrecto, hay
mecanismos para solventarlo”.
Esa es ahora la clave.
¿Bastará
con que el Gobierno vaya al registro a reclamar como bien de todos los
ciudadanos aquellos que la ley considera de dominio público o tendrán que
utilizar, la Administración y los ciudadanos otros "mecanismos para
solventarlo"?
La Iglesia, por boca del
portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil, ha dicho esta mañana que
se defenderán.
"Defenderemos nuestros derechos porque la buena
administración de los bienes eclesiásticos supone utilizarlos para los fines
para los que se crearon y procurar mantenerlos".
"Estamos muy
tranquilos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente y
lo que ha hecho, y posibilitado por la legislación es inscribir los bienes que
de manera secular ha poseído".
"Tenemos una confianza infinita
en la justicia española".
"Nuestro ordenamiento
ofrece oportunidades de defensa y también el marco europeo", ha dicho en
referencia a la respuesta del Gobierno de que reclamará los bienes de dominio
público.
¿Qué es dominio público?
Aclarémoslo. Hay un derecho de propiedad de
quien puede ser sujeto una persona individual o sociedades, en este caso la
Iglesia".
"Así que, inmensa tranquilidad y confianza en nuestro
Estado de derecho", ha añadido.
El portavoz de los obispos ha
señalado que "los bienes de la Iglesia aportan a la economía española más
de 22.000 millones de uros al año, un 2% del PIB y son de enorme interés
social.
Una de las consecuencias de desamortizar sería el detrimento de la
acción social", ha dicho esta mañana.
Fuente
“EL PAÍS”, España, 11.09.2018
Clarificar la propiedad
Hay que detallar los bienes que la Iglesia se ha atribuido y determinar cuáles de ellos son de dominio público para revertir la inscripción
¿La Iglesia es más fuerte que el Estado?
La condición de uso religioso de un inmueble no arrastra la lógica simplista y equivocada de que deba pertenecer a la jerarquía católica
VídeoEl Gobierno exigirá los bienes públicos que la Iglesia ha puesto a su nombre
Justicia ultima el listado de las propiedades registradas por obispos y sacerdotes al amparo de una ley franquista. La Iglesia advierte de que defenderá sus derechos
¿Quién soluciona ahora los “errores” de la Iglesia?
La Conferencia Episcopal admite incorrecciones en las inmatriculaciones e insta a solventarlas con la ley
El inexistente paraíso registral de la Iglesia
Las certificaciones de dominio tienen su origen en la posesión de numerosas fincas sin título acreditativo del dominio y responden al propósitio de favorecer el acceso de las fincas al Registro de la Propiedad
La diócesis inmatricula un quiosco del Ayuntamiento
El local, levantado hace un siglo por un particular, se asienta en terreno de dominio público
Varapalo europeo a España por una inmatriculación de la Iglesia
El obispo de Palencia, valiéndose de la ley hipotecaria, se apropió de la iglesia enclavada en una finca de propiedad privada
El PSOE, preparado para recurrir las inmatriculaciones de la Iglesia
Los ciudadanos perderían parte de su patrimonio histórico cultural si la ley hipotecaria no se declara inconstitucional
El limbo de las inmatriculaciones
La plataforma que pide la titularidad pública de la Mezquita exige que la reforma de la ley Hipotecaria sea retroactiva
CATASTRO INMUEBLES
No hay comentarios:
Publicar un comentario