El desprecio de Javier Milei hacia las Universidades sigue en aumento. 

 

Terco y obstinado, el Presidente continúa castigando a las Universidades Nacionales y al sistema científico tecnológico, sin advertir que con esta actitud se está pegando un tiro en el pie y agujereando el barco que él conduce y en el que debiera llevarnos a todos a buen puerto.

 

Desde la campaña electoral, su arsenal de eslóganes agresivos ya incluía críticas y amenazas a la educación y la universidad pública, pero a partir de su asunción al frente del Gobierno esta postura fue llevada al extremo acompañando la diatriba verbal con decisiones políticas concretas que las dejan en peligro de muerte por inanición.

 

En esta misma columna hemos analizado cómo a través de las herramientas predilectas del Gobierno Nacional –licuadora y motosierra– buscaron asfixiar presupuestariamente al sistema educativo y universitario en general, de la mano de una campaña sistemática de desprestigio del sector. 

 

La campaña está liderada por el propio Milei, quien aseveró que la educación pública “ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”, se refirió a los docentes como “salamines firmadores de cartas de indignación” y los hizo responsables de “adoctrinamiento marxista”. 

 

También dedicó insultos y descalificaciones para “los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y -por ende- todos debemos subsidiarles la vocación”.

 

Entre las medidas del Gobierno podemos mencionar el hachazo brutal que significó la eliminación del pago del FONID y otros fondos educativos desde Nación a las Provincias en el mes de enero; la paralización total de los organismos de ciencia, tecnología e innovación (con la suspensión de ingresos a CONICET, la falta de designación de funcionarios claves para el área y la retención por parte de la Agencia I+D+I de 53 millones de dólares aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos, entre otras) y el sometimiento a la asfixia presupuestaria del sistema universitario nacional, congelando el presupuesto para gastos de funcionamiento, manteniendo los salarios de docentes y no docentes en los niveles más bajos del sector público y paralizando totalmente las obras de infraestructura, programas y becas estudiantiles.

 

Estas actitudes del Gobierno Nacional se toparon con una amplia resistencia social, la cual tuvo en la Marcha Federal Universitaria una demostración del respeto y consideración que tienen las altas casas de estudio en Argentina. 

 

La masiva movilización del 23 de abril contabilizó un millón de personas en Capital Federal y decenas de miles en ciudades del interior como Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Corrientes, Mar del Plata. 

 

La inmensa cantidad de gente que acompañó el reclamo universitario se explica por el profundo sentido de pertenencia de buena parte de la sociedad con el modelo de progreso social que ofrecen las Universidades: esto fue reflejado en diversos estudios de opinión, como el que dice que “las Universidades Públicas son la institución que mayor confianza genera entre los argentinos” realizado por Poliarquía.

 

También hubo importantes iniciativas vinculadas a la crisis del sistema universitario en el Congreso de la Nación: éstas comenzaron durante febrero con pedidos de declaración de emergencia del sector y continuaron con el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que tras un arduo debate en Comisiones de Diputados consiguió ser aprobada en el recinto, para luego ser aprobada en el Senado.

 

La Ley en cuestión incluye entre sus puntos una actualización del Presupuesto 2023 al momento de su sanción en base a la inflación acumulada y un incremento bimestral en base al IPC-INDEC y una recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios a la fecha de aprobación y de acuerdo a la inflación, para luego actualizarse mensualmente de acuerdo al índice inflacionario publicado por el INDEC.

 

La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe analizando el articulado y las implicancias económicas de la Ley de Financiamiento Universitario. 

 

En el mismo estimaron “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.


Sin embargo, el Presidente prometió un “veto total” para esta Ley, acusando a sus
promotores de “degenerados fiscales”, argumentando que la misma rompería el tan
preciado equilibrio fiscal. 

 

El plazo para que el Poder Ejecutivo emita el veto vence a las 23:59 del 3 de octubre y aún no hay certezas de que el mismo se efectivice. 

 

La semana pasada, el Consejo Interuniversitario Nacional reunió a su Comité Ejecutivo para definir una estrategia frente a la amenaza del Presidente de vetar la Ley. 

 

En esa ocasión aprobaron un comunicado titulado “Para seguir siendo una Nación. Sí al financiamiento universitario” para “reclamar respuestas y convocar a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino”.

 

El documento describe la situación crítica que atraviesan las Universidades, haciendo énfasis en la dramática situación de “más del 70 por ciento de los trabajadores de la educación superior que perciben salarios por debajo de la línea de pobreza” y finaliza con un llamamiento al Presidente de la Nación para que no vete la Ley de Financiamiento y reconsidere la magra propuesta de fondos universitarios contenida en el Proyecto de Presupuesto 2025. 

 

Luego de la reunión, se realizó una conferencia de prensa junto a la Federación Universitaria Argentina y los gremios universitarios, en la que ratificaron la convocatoria a una segunda Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre. 

 

Ante esta convocatoria se activaron las alertas en el Gobierno, que el viernes de la semana pasada llamó a una paritaria nacional. 

 

Allí ofrecieron a docentes y no docentes universitarios un 5,8% de aumento salarial, en un intento desesperado por satisfacer los reclamos gremiales y desactivar la marcha universitaria en ciernes. 

 

Pero los gremios rechazaron la oferta, ya que la misma seguía sin reconocer el 55% de inflación acumulada en el transcurso del año. 

 

Las negociaciones se interrumpieron y el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que acusan a los gremios de rechazar un aumento “histórico” para apostar por la “confrontación”.

 

El fracaso de la última paritaria no impidió que la estrategia para desactivar la movilización continúe por otras vías: el Secretario Torrendel aseguró en una entrevista radial que las Universidades “inventan alumnos” para conseguir más presupuesto, la Ministra Pettovello dijo que “la marcha es política” y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a la cúpula de la CGT en la Casa Rosada, blanqueando su acuerdo para frenar la reforma sindical e invitando a los gremialistas a continuar dialogando con el Gobierno.

 

Mala estrategia: las declaraciones de Torrendel son falsas y demuestran su mala fe o su
ignorancia supina sobre asuntos que debiera conocer, el tenor político de la marcha es
evidente en cuanto configura una defensa del Derecho a la Educación y las Universidades
Públicas, y la reunión de Francos con la dirigencia sindical deja al desnudo que el Gobierno es la casta que dice combatir.

 

Estos intentos desesperados no hacen más que demostrar la justicia del reclamo universitario: en un presente jaqueado por la recesión económica e indicadores sociales cada vez más desesperantes, sostener la Educación y la Universidad Pública se vuelve un imperativo categórico de cara al futuro. 

 

Sin ellas no hay salida posible al laberinto en que se encuentra la Argentina.

 

fuente

"el Auditor info", 01.10.2024