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Domingo, 30 Abril 2023
Montoneros, la dictadura y un reclamo de U$S 250 millones que involucra a Alberto Fernández
Por Claudio Savoia
Abogados patrocinantes: Alberto Fernández y Marcela Losardo
La acusación contra un ex funcionario de la Comisión de Valores por negociados hallados en 1978 desnudó una increíble saga de delitos, secuestros, imputaciones falsas y la pelea por jugosas indemnizaciones.
Rotunda, la frase con la que el escritor cubano Leonardo Padura se refiere al uso político de la historia en su país funciona como un espejo para la Argentina kirchnerista: "en el socialismo nunca sabés el pasado que te espera".
El amargo chiste refleja los borrones, torsiones y paradojas a los que son sometidos los hechos para acomodarlos a las necesidades o a los relatos dominantes del presente.
Una de esas historias, preñada de vaivenes y discordancias, tiene como protagonista lateral al presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Y la reescritura del pasado abre una jugosa disputa de 250 millones de dólares.
El laberinto histórico al que vamos a asomarnos tiene condimentos picantes: herencias malditas, Montoneros, fraudes millonarios, dictadura militar, secuestros, acusaciones por violación de los derechos humanos y reclamo de indemnizaciones fabulosas.
También, un relato digno de Penélope, la heroína mitológica que tejía y destejía para alejar su destino.
Julio de 1978: como parte de la supervisión habitual sobre las sociedades que cotizaban en la Bolsa de Comercio porteña, los funcionarios técnicos de la Comisión Nacional de Valores detectaron graves irregularidades en los papeles de una firma siderúrgica, Industrias Siderúrgicas Grassi (ISG).
Con la intervención de los Departamentos de Asuntos Jurídicos y Fiscalización de Oferta Pública, el expediente 329/78 revisó balances, libros contables, registros y documentos de la empresa, se inspeccionaron su sede en Rosario y las oficinas porteñas, que incluso fueron allanadas por orden judicial.
ISG trabajaba "fuera de las condiciones mínimas exigidas para las conducción de una sociedad que hace oferta pública de valores", concluyó la CNV en la resolución 3958, del 30 de agosto de 1978, bajo la cual se sumarió a los directores, administradores y gerentes de la siderúrgica y se convocó al Banco Central.
Se suspendió la cotización de acciones de ISG y se dio intervención a la justicia.
Pero ese papeleo gris habría quedado en el olvido si no fuera por el detalle de la principal anomalía detectada en la pesquisa: una serie de préstamos millonarios que Industrias Siderúrgicas Grassi le había hecho a un señor llamado Juan Chavanne, equivalentes a todo el patrimonio neto de la sociedad (98%) y sin ninguna garantía.
Cinco millones de dólares, que luego subieron a siete.
Y que desaparecieron.
Pero el cuento recién comienza.
Chavanne había compensado ese préstamo cediendo sus acciones sobre el Banco de Hurlingham, lo que agigantó las sospechas sobre ISG: ¿qué hacía una firma metalúrgica haciendo intermediación financiera ilícita?
Raro.
La sombra de David Graiver y Montoneros
Pero no llegamos aún al corazón de las tinieblas, como diría Joseph Conrad.
Porque la titularidad de Chavanne sobre el Banco de Hurlingham también estaba discutida: se lo había arrebatado al banquero David Graiver, financista de la guerrilla peronista Montoneros muerto en una sospechosa tragedia aérea en agosto de 1976.
Ese origen alertó a la dictadura, que a través de la oscura Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) husmeaba los bienes de Graiver en busca de fondos de la organización dirigida por Mario Firmenich.
Según establecieron las autoridades financieras y luego la justicia, Chavanne sólo tenía un Certificado Provisorio y contratos con la familia Graiver como documento de la transferencia de las acciones del banco, lo que fue rechazado por el Banco Central sacándole validez a la operación.
El Central consideró que el comprador no tenía idoneidad, conocimiento ni solvencia para hacerse de la entidad que poco después terminó “endosando” a ISG.
Tomemos un camino lateral para entender otro capítulo de la subtrama que nos traerá al presente.
Antes del golpe de Estado, Chavanne se había asociado con René Grassi -de la familia dueña de ISG- para desarrollar un negocio inmobiliario, en el marco del cual buscaron un banco que financiara las operaciones.
En diciembre de 1976, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, accedió a vender el Banco de Hurlingham “en diez cuotas semestrales de 600.000 dólares”, según reconstruyó Clarín.
En el verano de 1977, con un primer depósito bancario que no habría superado los 50.000 dólares y una maniobra luego invalidada, tomaron posesión del Banco, y designaron a René Grassi como presidente y Juan Claudio Chavanne como vice.
La CNV invalidó la operación, y la CONAREPA envió a un interventor militar.
Pero entonces ocurrió una sorpresa: el interventor -luego destituido- designó como asesor a Juan Claudio Chavanne.
Los enjuagues despertaron más sospechas.
El 6 de abril de 1977 se instruyó la rimera Prevención Militar -nombre de fantasía que los dictadores le habían dado a sus intervenciones semi judiciales- para investigar los negocios del Grupo Graiver, sus allegados y supuestos testaferros.
Chavanne y Grassi quedan bajo la lupa.
Luego del descubrimiento del fraude entre ISG y el Banco de Hurlingham por parte de los funcionarios técnicos de la Comisión de Valores, la investigación posterior y la consecuente denuncia penal, en septiembre de 1978 se lanzó la segunda Prevención Militar respecto del Grupo Graiver, bajo la cual el coronel Roberto Roualdes -por orden del represor Guillermo Suárez Mason- detuvo a 30 personas.
Entre ellas, 24 estaban vinculadas al Banco y cuatro a ISG.
Quedaron presos Juan Claudio y Marcelo Chavanne, junto a René Grassi -presidente del Banco de Hurlingham y gerente financiero de ISG-, Luis Alberto Grassi y Luis Arnoldo Grassi, el presidente de ISG.
Supuestamente, el resto de los familiares desconocía los trapicheos de René, a quien luego de recuperar la libertad alejaron de la empresa familiar, más adelante quebrada y comprada por Aceros Zapla.
Luego de cuatro meses en Campo de Mayo, los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia federal, y el expediente quedó a cargo del juez Rafael Sarmiento.
Pero esa traumática detención dejó secuelas inesperadas.
O no, en tiempos extremos del país.
Según testigos y algunos datos que lo acreditarían, los Chavanne desarrollaron cierto vínculo con algunos jerarcas militares, incluido el coronel Roualdes.
Los indicios están varias declaraciones judiciales prestadas en juicios por la represión ilegal, y en el libro que publicó Marcelo Chavanne, De Devoto a Recoleta, una vida en sobresaltos.
En esas páginas relata, por ejemplo, cómo “Juan Claudio salió de la reunión con los militares convencido de que tenían el apoyo del Proceso" para la compra del Banco de Hurlingham.
El derrotero del empresario inmobiliario no ayuda a limpiar su currículum.
Chavanne tuvo denuncias por compradores de lotes en sus emprendimientos, pasó sofocones policiales por fraudes y estafas, llevó sus fracasos comerciales a Brasil.
Clarín comprobó catorce de esas denuncias, formuladas entre 1996 y 2018.
Ahora sí, presentamos a los protagonistas de la historia que sobreviven hasta hoy.
En 1978, la Comisión Nacional de Valores estaba presidida por Juan Alfredo Etchebarne, un abogado especializado en sociedades que había trabajado en varias sociedades de Bolsa en el estudio jurídico Olarra Giménez y García Martínez, y luego en el Martínez de Hoz.
Un lápiz para reescribir la historia
Cuando la democracia volvió a iluminar a la Argentina, muchas operaciones comerciales realizadas durante la dictadura fueron investigadas para establecer si no escondían apropiaciones forzosas u otros delitos perpetrados bajo coacción o tortura.
El caso Industrias Siderúrgicas Grassi fue uno de ellos.
René Grassi falleció en un accidente vial en 1980, antes de ser condenado por la Cámara Federal porteña, en 1986.
Nunca se supo si fue estafado por Chavanne o ambos fueron cómplices de la maniobra con el banco y la firma rosarina de ferroaleaciones, y los estafados fueron los familiares de Grassi.
Pero en 1992, en la resolución 9680, el titular de la CNV Martín Redrado consideró que "la transferencia de las acciones y derechos sobre el Banco de Hurlingham fue un acto tendiente a justificar societariamente y de alguna manera la irregular operatoria financiera con el tomador Juan Chavanne, que finalmente fue declarado en quiebra".
Sin embargo, en 1984, los hijos de René Grassi habían iniciado un reclamo al Estado para obtener una reparación patrimonial hoy equivalente a unos 250 millones de dólares por los "perjuicios económicos" que le causó la detención en 1978, y la posterior liquidación del Banco de Hurlingham.
A la cifra se llega sumando al reclamo original de 25 millones la tasa de interés del Banco Nación en estos años.
Ese reclamo quedó subsumido en otro expediente, bajo el cual sobrevivió -y creció- hasta ahora.
Mientras el calendario consumía años y décadas, ocurrían otras cosas.
Y es entonces que en medio de esta bruma hedionda aparece Alberto Fernández, hoy presidente.
En 1985, junto a Mona Moncalvillo y Manuel Martín, publicó un libro llamado Juicio a la impunidad, sobre los negociados cometidos durante la dictadura.
En sus páginas, el libro atribuye la quiebra de Industrias Siderúrgicas Grassi a un plan del ministro de Economía José Martínez de Hoz, cuyos brazos legales habrían sido la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. Recordemos: Juan Alfredo Etchebarne había trabajado en el estudio Martínez de Hoz.
El libro también afirmaba que ISG había pagado doce millones de dólares para comprar el Banco de Hurlingham.
Etchebarne respondió con un juicio penal por calumnias e injurias contra Alberto Fernández, autor del capítulo que lo mencionaba.
El desenlace de ese expediente 6736 radicado en el juzgado criminal y correccional Letr G, Secretaría 55, es revelador.
Acompañado por su abogado, el entonces ex ministro del Interior y futuro procurador general, Esteban Righi, Alberto Fernández admitió que "un ineludible principio de honestidad intelectual me obliga a aceptar que en su momento desatendí elementos de juicio que he podido conocer con posterioridad a aquella publicación, entre otros tales como las afirmaciones testimoniales vertidas ante estos estrados por el doctor Jorge Bacqué, absolutamente determinantes en mi convicción, teniendo en cuenta la solvencia moral y profesional del nombrado".
Bacqué no fue el único testigo: "también resultan relevantes en igual sentido, algunas de las manifestaciones consignadas por el señor Horacio Verbitsky en la declaración testimonial brindada ante este juzgado", resalta el ahora presidente de la Nación.
Todo eso, concluye Fernández respaldado por Righi, "me lleva a retirar los términos por los que los querellantes pudieron creerse con derecho a sentirse agraviados, y aclarar una vez más que jamás estuvo en mi ánimo injuriar o calumniar a los nombrados, ni avalar con mis letras la conducta empresarial de quienes, mencionados en mi libro, declararon como testigos ante la excelentísima Cámara Federal en el juicio arriba indicado".
El mea culpa fue escrito y firmado por el ahora presidente y su mentor y ex procurador general de la Nación el 23 de abril de 1992 a las 11.19 horas, según consigna con puntillosidad el secretario del juzgado correccional 1, de Omar Facciuto.
Pero la historia sigue.
Años más tarde se inició otra causa judicial, pero ya en la justicia federal y por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Ese expediente se abrió el 7 de julio de 2010 en el juzgado de Daniel Rafecas, que el 16 de mayo de 2011 incorporó a tres querellantes: Marcela, María Estela y Luis Grassi.
Todos patrocinados por los doctores Alberto Fernández y Marcela Losardo.
Rafecas cerró la instrucción del caso el 30 de septiembre de 2015.
Poco después comenzó el juicio oral, que terminó el 7 de abril de 2022 con un resultado poco frecuente en este tipo de procesos: Etchebarne fue absuelto.
En esta selva de papeles, otro expediente judicial crecía en los tribunales, pero del fuero Contencioso Administrativo Federal.
Chavanne reclamaba allí una indemnización que hoy supera los 250 millones de dólares. El juez rechazó la pretensión.
Y en marzo de 2021, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó ese rechazo, confirmando las viejas actuaciones de la Comisión de Valores en el embrollo Chavanne, Banco de Hurlingham e ISG.
Pero los sinuosos caminos de la justicia argentina en los años 2000 abrieron un bypass que llevó esas actuaciones al expediente que instruía Rafecas, ocupando cuatro cuerpos: del 8 al 11.
Desde entonces, la acusación por supuestas violaciones a los derechos humanos y la demanda económica conviven en una misma causa.
Y con los mismos abogados querellantes.
¿Alberto no se había retractado de las acusaciones a Etchebarne? No importa.
En el kirchnerismo nunca sabés el pasado que te espera.
Desde luego, esa pretensión tenía poca expectativa de éxito sin vincular el arresto de los empresarios con un supuesto desapoderamiento irregular de la empresa familiar, ISG.
Cuando Fernández y Losardo pasaron a la función pública, en diciembre de 2019, derivaron aquel patrocinio a un abogado que había trabajado en la secretaría de Derechos Humanos, Leonardo Martínez, que también participaba del expediente en nombre de ese organismo.
Y entonces sí los hilos dispersos comienzan a trenzarse.
El cobro de la indemnización depende ahora de la condena a Etchebarne, como pata penal para forzar la consecuencia económica.
El ex funcionario de la dictadura fue sobreseído en un reciente juicio oral, pero la querella apeló esa sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal.
¿De quién se trata?
De la secretaría de Derechos Humanos, que dependió de la doctora Losardo. y que además sería el organismo encargado de fijar otra "reparación económica" estatal a los herederos de Grassi, como ocurrió con otros damnificados por la dictadura.
También apeló el fiscal de la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Alejandro Alagia.
El pasaporte para acceder a esa instancia es un testimonio que busca comprometer a Etchebarne.
¿De quién?
Del coronel Roberto Roualdes, el ejecutor de las detenciones de 1978.
La apelación fue sorteada el 11 de agosto del año pasado, y cayó en la sala IV de la Casación Federal, que este próximo jueves celebrará su primera audiencia preliminar con la presencia de Etchebarne, sus abogados y los querellantes.
Ante ellos estarán los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, pero no su compañero habitual, Gustavo Hornos, que fue recusado por la secretaría de Derechos Humanos.
En su lugar se sentará el juez Alejandro Slokar, miembro fundador de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
Slokar tiene antecedentes profesionales y jurídicos indiscutibles, tanto como su fraternal relación con su mentor y maestro, Eugenio Zaffaroni.
Junto a él y a otro abogado, Slokar escribió un Tratado de Derecho Penal.
¿Quién era ese tercer autor?
El doctor Alejandro Alagia, fiscal impulsor de la apelación en esta causa.
Esa apelación será impulsada ante la Casación por su colega Javier De Luca, otra estrella de primera magnitud en el firmamento K de Justicia Legítima.
En el entorno de Etchebarne tienen serios temores por la garantía de imparcialidad de ese tribunal.
Si la Casación diera vuelta la sentencia del TOF 5, y aunque se busque llegar a la Corte, el camino para activar los millonarios reclamos económicos quedará completamente franqueado.
El controvertido empresario Chavanne y los hijos de su no menos polémico socio, René Grassi, sólo deberán tomar la calculadora y sentarse a esperar.
También sus abogados.
Claudio Savoia
fuente
"notiar.com.ar", 30.04.2023
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