CHILE…
CAMBIO CLIMÁTICO
Chile tiene la oportunidad de dejar de excusarse y tomar decisiones considerando la crisis climática
Pingüinos de Humbolt (Spheniscus humboldti), una especie amenazada que solo anida en Chile y Perú, en las rocas de la isla Damas, frente a la playa Punta Choros, al norte de Santiago.
August 17, 2021
Yasna Mussa (Yasna Mussa es corresponsal y reportera freelance en Chile, además de cofundadora de www.revistalate.net y www.mediambiente.cl . Actualmente es Bertha Fellow 2020-21.)
El lunes 9 de agosto salió a la luz la primera entrega del Sexto informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), inaugurando una semana en que Chile vería pasar frente a sus ojos varios hechos que marcan el pasado, presente y posible futuro del país.
Justo cuando científicos y científicas nos decían que la evidencia era tan clara como irrefutable, y que las malas decisiones de los seres humanos están afectando a la Tierra, en algunos casos, de manera irreversible, la agencia internacional de noticias Reuters publicó un artículo titulado La sequía récord de Chile hace que el cambio climático sea muy fácil de ver.
El ministro de Ciencia, Andrés Couve, dijo a Reuters que “el gobierno estaba abordando la crisis invirtiendo en conservación y almacenamiento de agua, creando un puesto para una subsecretaría de agua y estableciendo un grupo de trabajo científico sobre gestión del agua, así como un observatorio de cambio climático”.
Las palabras del ministro se apuntan en la larga lista de buenas intenciones que declara el gobierno cuando se refiere al tema ambiental, pero chocan con sus políticas que constantemente van en dirección contraria.
Por ejemplo, Chile impulsó en 2018 la firma del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que implica a 33 países y que, entre otras cosas, establece estándares mínimos de acceso a la información, participación y gestión de recursos naturales.
Cuando llegó el momento de firmar Escazú, para sorpresa de todos sus miembros y de manera inexplicable, el gobierno de Sebastián Piñera se negó a hacerlo.
Al año siguiente, Chile fue el anfitrión de la COP 25, pero producto de la revuelta social se vio obligado a liderar esta cumbre mundial sobre cambio climático en Madrid, donde Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, tuvo un bochornoso desempeño y el liderazgo chileno recibió fuertes críticas que lo catalogaron como un fracaso.
Chile tiene la fortuna de contar con una geografía envidiable.
Desde el desierto más seco del mundo hasta bosques australes nativos; salares, glaciales, humedales y una variedad de climas que permiten una rica biodiversidad.
Pero una gran parte de este territorio se encuentra intervenido por megaproyectos extractivistas que no solo han destruido irreversiblemente ecosistemas completos, sino que además han obligado a las comunidades a sufrir las consecuencias ambientales, sociales y humanas de vivir en estas áreas.
El nombre con el que se les ha denominado, en alguno de estos casos, es elocuente: zonas de sacrificio.
Personas enfermas con cáncer, problemas neurológicos, y abortos espontáneos son solo algunas de las consecuencias que viven hasta hoy comunidades como las de Quintero y Ventanas, en la costa del país.
Para esas familias que llevan años luchando por recuperar la salud y su entorno, el progreso y el desarrollo son dos palabras que se quedaron en promesas mientras se inauguraban las refinerías de petróleo o termoeléctricas que han condenado a la zona a ser conocida como el “Chernobyl chileno”.
Las malas decisiones del pasado se repiten de manera inexplicable en el presente: dos días después del informe del IPCC, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el mega proyecto minero Dominga, el cual había sido rechazado en dos oportunidades por ser incompatible con el ecosistema de la región, además de falencias técnicas.
Este proyecto, que incluye la extracción de hierro y cobre, pertenece a la empresa Andes Iron, cuyo socio mayoritario es Carlos Délano, amigo del presidente Piñera, y su aprobación generó impacto no solo porque coincidió con una semana en que el tema ambiental parecía cobrar más relevancia, sino porque además la zona en que se instalaría el proyecto alberga a 80% de la población de Pingüinos de Humboldt.
La sorpresa del vuelco en un proyecto que ya se daba por descartado se vio coronada cuando el gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón, apareció en un programa de televisión no solo defendiendo a la minera, sino que asegurando que el pingüino de Humboldt ya es una especie amenazada, por lo que Dominga no es la responsable de su eventual extinción.
“Los recursos que el Estado de Chile hoy día asigna para cuidar esa especie son absolutamente insuficientes. Entonces esta especie va a desaparecer”, dijo Villalón.
En sus palabras, que resonaron fuertemente, hay una sinceridad brutal, pues evidencia la manera en que las empresas extractivistas se paran frente a la naturaleza y el ambiente: si no somos nosotros, alguien —o algo— más lo hará desaparecer.
En julio pasado, Santiago registró las temperaturas más altas desde que existen registros.
Los 27.9 grados celsius en pleno invierno austral, en una ciudad seca y rodeada por una cordillera gris que habitualmente exhibe abundante nieve en esta época del año, hacen palpables los efectos de la crisis climática.
En medio de la crisis de legitimidad que vive el gobierno desde 2019, la apuesta del presente está en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.
Por eso resulta preocupante que Paula Narváez, una de las candidatas a La Moneda, haga mención en Twitter a la “minería verde”, un concepto que expertos han catalogado como un mito pues se habla de la extracción de recursos naturales no renovables o que tardarían varias generaciones humanas en recuperarse.
Un oxímoron tal como hablar de “extractivismo sustentable”.
En este contexto, la Convención Constituyente y una nueva Constitución son una luz de esperanza.
Entre sus miembros está Cristina Dorador, una científica reconocida internacionalmente, que de manera pedagógica ha explicado lo que implica continuar con el modelo productivo que conocemos hasta ahora.
Además, ha puesto sus esfuerzos en crear la comisión de Descentralización en la Convención, lo que implica sesionar en regiones e involucrar a las comunidades que suelen asumir los costos de las decisiones que se toman desde la capital, donde no se ven los efectos, por ejemplo, de la contaminación de una central termoeléctrica o de una empresa minera.
Los tomadores de decisiones podrían seguir dando excusas por no haber cumplido sus compromisos en el pasado, pero ya nos advirtieron que no hay tiempo: es momento de que comiencen a tomar medidas coherentes con sus discursos y a ofrecer cambios concretos para asegurar, incluso, su propia subsistencia.
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