Auditoría para abrir una "Caja de Pandora" del Estado
Durante años, la Dirección de Administración de Activos ex -Bancos Oficiales significó un gasto considerable para el Estado provincial.
Además de pagar la vigilancia de decenas de inmuebles abandonados, existía un contrato con una empresa privada que debía encargarse del servicio de gestión de cobranza y refinanciación, extrajudicial y judicial, de los créditos de la Provincia de Mendoza que se encuentran bajo su administración.
En total, se trataba de unos 800 millones de pesos.
Ese contrato se cayó en el año 2012 y el Gobierno de Alfredo Cornejo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo para que se realice una auditoría de la situación de la Daabo.
Específicamente, pone bajo la lupa a la empresa Cerecred S.A, la cual hasta el año 2012 tuvo a su cargo aproximadamente 13.000 juicios en diversas etapas y 1.300 procesos concursales o quiebras, continuando con la celebración de convenios de pago con los deudores de los ex - Bancos Oficiales.
Sin embargo, con los años se fue convirtiendo en un gran Frankestein compuesto por un activo de 800 millones de pesos a cobrar y decenas de inmuebles que fueron quedando en manos del Estado.
Según su titular, Mauricio Iglesias, al asumir se encontró con que nadie podía determinar a ciencia cierta los créditos a cobrar ni cuántos expedientes se encontraban judicializados.
"Los abogados de la repartición decían números que iban de 300 a 1.500, pero al profundizar nos encontramos con más de 18.000 juicios", manifestó.
Esto motivó a que se encargara una auditoría.
Como contraprestación, el Gobierno le pagará a la Casa de Estudios 340 mil pesos.
"Por tales motivos y a fin de realizar un deslinde de responsabilidades, resulta necesaria la realización de la presente auditoría", sostienen.
El objetivo es eliminar gastos innecesarios y optimizar los recursos del Estado, una de las principales banderas que ha sostenido Cornejo desde que se hizo cargo de la gobernación.
Este hecho podría traducirse en una situación perjudicial para la provincia y a su vez generar mayores costos que beneficios", se puede leer en el decreto.
Según Iglesias las opciones son: que el sistema de cobranza siga en manos de ATM pero con una nueva dinámica; terciarizar la cobranza; o vender todo el paquete a un tercero. "No descartamos ninguna", aseveró.
Inmuebles en desuso
En noviembre, el Gobierno provincial puso en marcha una serie de engranajes para desprenderse de distintos inmuebles que están en desuso o han sido cedidos en comodato a distintos municipios.
Solo por la custodia de esas últimas, el Estado gasta 6 millones de pesos.
fuente
"mdz", 12.01.2017
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