Barajar
y dar de nuevo. El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación
federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el
Estado.
No será tarea sencilla para el presidenteMauricio Macri , ya que para
modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias.
Por eso, el
Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo
peso.
El
plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior,Rogelio Frigerio , tiene como
premisa que "ningún protagonista pierda".
Ése será el principal
argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes
convocó para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de
coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.
"Tenemos que tener un acuerdo
con las provincias no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva
que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos.
Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y
poder discutir este año una nueva ley de coparticipación", dijo Frigerio a
LA NACION.
Deuda de la democracia desde la
sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca
se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la
distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias
beneficiadas por la actual norma no querían ceder.
Entonces, ¿qué incentivos les dará
Macri a las provincias para que ahora sí accedan a debatir una nueva norma que
regule el reparto de la recaudación?
En el Gobierno insistieron en que
ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de
coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los
recursos.
Según el plan al que accedió LA
NACION, el Gobierno propondrá "utilizar la metodología de las capacidades
fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado".
¿Qué
significa eso? La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada provincia
necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que
debería recaudar de recursos propios para financiarlo.
La diferencia entre una
y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.
En el trabajo que les presentarán a
los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva
ley es lo que se recaude de más.
Y el Gobierno quiere que la nueva norma se
actualice sola.
Si bien el reparto en la actualidad
debería ser 57% para las provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no
ocurre de esa manera.
La participación efectiva que reciben las provincias del
total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29%.
Esa
inequidad es la que busca terminar la administración de Macri.
Este año la
estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731.084 millones, un
29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.
Incluso, desde que en mayo último
Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro
del 15% de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un
acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva
norma de coparticipación.
Si bien en el Gobierno son conscientes de que será
complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar una
nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.
"El objetivo de máxima para este
año es tener en el Congreso un proyecto consensuado. Este esquema no va más. El
objetivo es terminar con los parches; las provincias tienen que gastar de forma
más eficiente", dijo a LA NACION Paulino Caballero, subsecretario de
Relaciones con Provincias.
Mientras se negocia la iniciativa, el
Gobierno consiguió aprobar el último año un presupuesto que destina el 30% de
la recaudación a las provincias, lo que representa un aumento de 3 puntos
respecto del período 2005-2015.
Según informaron en el Ministerio del Interior,
también está previsto que durante este año crezcan las transferencias
automáticas y la obra pública.
"El año pasado, por primera vez
en la historia, hicimos acuerdos fiscales en los que las provincias ganaron
recursos. Hasta nuestra gestión, la Nación siempre terminó sacándoles recursos
a las provincias. El gobierno anterior las desfinanciaba porque entendía que el
poder pasaba por concentrar recursos para después someter políticamente a los
que pensaran distinto", explicó Frigerio.
Recorrido de la
iniciativa
Además de los mandatarios
provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso -serán
consultados las integrantes de la comisión de coparticipación federal del
Senado y otras comisiones de la Cámara baja-; los oficialismos y oposición de
cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos
especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos
profesiones, entre otros.
El recorrido que tendrá la norma
durante el plazo de discusión tendrá varias etapas.
En la primera se
conformarán y capacitarán los equipos de trabajo, se realizarán una
recopilación y un análisis de los antecedentes, y se pondrá en marcha un foro
virtual.
Después será el tiempo de la revisión de los esquemas teóricos, la
búsqueda de información y consistencia entre las provincias y la elaboración de
propuestas alternativas.
"Nunca se encaró de forma seria
una reforma. Será difícil, pero hay que empezar", dijo Guillermo Giussi,
director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias.
Calificado por el ministro de
Finanzas, Luis Caputo, como "una deuda de la democracia" -la última
fue votada por el Congreso en 1988-, sancionar una nueva ley de coparticipación
es uno de los retos que se impuso el jefe del Estado.
Es más, desde que Macri
llegó al poder mejoró la coparticipación global.
Pero el reparto no fue para todos
igual y eso despertó la queja de varios mandatarios.
El último conflicto se
generó porque el gobierno nacional transfirió $ 25.000 millones a la provincia
de Buenos Aires para compensar el 50% de lo que la gobernación de María Eugenia
Vidal pierde anualmente por el congelamiento del Fondo del Conurbano
Bonaerense: $ 50.000 millones, desde 1996.
Por las distorsiones que tiene la
actual norma, por ejemplo, la provincia bonaerense recibe la mitad de lo que
aporta.
12/12/2015
Una relación con
luces y sombras
Dos días
después de asumir la presidencia, Mauricio Macri convocó a todos los
gobernadores a la quinta presidencial de Olivos.
Ese día los convocó a ser
"socios" durante la nueva administración, y comenzó a debatirse sin
éxito una nueva ley de coparticipación.
Durante este año hubo apoyo casi
unánime de los mandatarios a muchas medidas del Gobierno (acuerdo con los
holdouts, salida del cepo).
También pedidos de más fondos y algunos rechazos en
la reforma del impuesto a las Ganancias.
Recursos en debate
29%
Proporción
Es la participación efectiva que
reciben las provincias del total de los recursos nacionales que recauda la
AFIP, aunque el reparto debería ser del 57 por ciento
$731.084
millones
Es lo que prevé transferir este año
la Nación a las provincias por la coparticipación, un 29,2% más que el año
pasado, según un informe del Cippec
18
meses
Es el plazo que se impuso el
Gobierno para presentar en el Congreso el nuevo proyecto de ley de
coparticipación
No ceder un peso
El Gobierno prepara una oferta
para seducir a los mandatarios provinciales: ninguno deberá ceder un solo peso,
pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos
Nuevo cálculo
Se estimará lo que cada provincia
necesita gastar para mantener los servicios que ofrece y lo que debería
recaudar para lograr mantenerlos.
La diferencia entre una y otra determina el
reparto de la coparticipación
Mejoras
El Gobierno consiguió aprobar el
último año un presupuesto que destina el 30% de la recaudación a las
provincias, lo que representa un aumento de tres puntos respecto al período
2005-2015
Reparto
Se estima que en la actualidad los
recursos coparticipables representan una cuarta parte del total de dinero que
el gobierno central gasta en los 23 distritos y la ciudad de Buenos Aires
El último conflicto
Varios gobernadores exteriorizaron
su malestar por la decisión de Macri de transferir $ 25.000 millones a la provincia
de Buenos Aires para compensar la pérdida del Fondo del Conurbano
Tres tipos de relación
De la tensión al diálogo
fluido
El Gobierno bien puede hablar de
un semáforo a la hora de explicar cuál es su relación con los gobernadores.
Aunque 17 jefes provinciales formarían parte del verde -y la mayoría son
peronistas- por mantener un diálogo fluido y próspero con el presidente
Mauricio Macri, tres tienen un vínculo de idas y vueltas, por lo que
integrarían el amarillo, y los cuatro que mantuvieron sólo roces estarían
pintados de rojo.
Malestar y desconfianza
Carlos Verna, gobernador de La Pampa. Foto: Archivo
Son cuatro
los mandatarios provinciales con los que el presidente Mauricio Macri no
mantiene una buena relación: Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa
Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).
El manejo de
los incendios que dejaron casi un millón de hectáreas quemadas en La Pampa
tensó aún más la relación entre la Nación y Verna.
Hoy por hoy, las relaciones
políticas entre el Gobierno y la provincia de La Pampa están virtualmente
cortadas.
Con Kirchner e Insfrán la desconfianza siempre fue el denominador
común.
Diferente es el caso de San Luis. En el Gobierno aún no tienen claro por
qué Rodríguez Saá se opone a todo. "Vamos a negociar con todos",
dijeron fuentes oficiales.
Una relación fluctuante
Juan Manzur, gobernador de Tucumán. Foto: Archivo
Tres son
los gobernadores que mantuvieron una relación fluctuante con la Casa Rosada: el
de Tucumán, Juan Manzur -que "jugó muy mal con la reforma
electoral"-; el de Chubut, Mario Das Neves, y el de Santa Fe, Miguel
Lifschitz.
El momento de mayor sintonía se produjo en mayo, cuando se firmó el
acuerdo para el reintegro del 15% de coparticipación. Pero no duró mucho.
Hace
diez días, Lifschitz protestó por el trato que el Gobierno tuvo con Vidal.
"Queremos que la Nación cumpla con la deuda que tiene con la provincia,
que data de finales de 2015 y es de $ 23.000 millones a valores
históricos", dijeron en Santa Fe.
Das Neves fue otro de los que protestó
por los $ 25.000 millones que el Gobierno transfirió a Buenos Aires a fin de año.
Buena sintonía
Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Foto: Archivo
En la Casa Rosada hablan de un
"semáforo" a la hora de calificar el vínculo con los gobernadores: el
grupo "verde", el más cercano y amigable, está conformado por Alberto
Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta),
Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Omar Gutiérrez (Neuquén), Claudia Zamora
(Santiago del Estero), Alfredo Cornejo (Mendoza), Horacio Rodríguez Larreta
(Capital), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), Ricardo Colombi
(Corrientes), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos),
Lucía Corpacci (Catamarca), Gerardo Morales (Jujuy), Juan Schiaretti (Córdoba),
y Hugo Passalacqua (Misiones).
De los 17, sólo cinco forman parte de Cambiemos.
De los otros 12, diez son peronistas.
Fuente
“La Nación”, 16.01.2017
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