“Lo que pretende el PE es no pagar el 82% móvil”
“Lo que se pretende es dilatar y no pagar. Gracias a esta política implementada (por la Provincia), muchos jubilados se han ido de este mundo sin cobrar. Es hora de que alguien asuma la responsabilidad por la vida y los bienes de los adultos mayores indefensos”, expresó Saleh, preocupado.
Hace ocho días, los vocales Salvador Ruiz (preopinante) y Horacio Castellanos dictaron la sentencia en la acción de amparo planteada por Saleh, asesorado por Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada. La demanda instaba a la Provincia a que aplicara la movilidad porcentual sobre los ingresos jubilatorios, prevista en la Constitución provincial y en leyes nacionales y provinciales.
Los magistrados dictaron el amparo, y ordenaron a la Provincia que cumpla de ahora en más con el depósito íntegro de los recursos de Saleh. “Lo que la pauta de movilidad persigue es que el jubilado perciba durante todo el tiempo de pasividad un beneficio cuya suma sea razonablemente proporcional no sólo a la remuneración que ganaba a la fecha de jubilarse, sino a la que seguiría ganando en cada momento si estuviera en servicio activo”, señala el fallo, al que accedió LA GACETA.
Posse Ponessa cuestionó la vía del amparo para este tipo de trámites, y afirmó que correspondía un juicio ordinario para que hubiera oportunidad de presentar y valorar pruebas para las partes.
Además, adelantó que apelará el fallo y llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
Los jueces Ruiz y Castellanos le respondieron a través de este diario que la vía del amparo era adecuada, y cargaron contra la Fiscalía de Estado. “La Provincia nunca contestó la denuncia”, dijeron.
Saleh se muestra preocupado, pese a que confía en que finalmente podrá percibir sus ingresos con el 82% móvil.
Según dijo, tras la sentencia dictada por Ruiz y Castellanos recibió “llamadas de amigos y también de desconocidos, que me imploraban consejos para lograr un resultado similar, después de años de lucha”. Y mencionó el caso de un ex comisario de 89 años que, según dijo, le confesó que “no quiere morir sin haber cobrado” sus ingresos como corresponde; mencionó a una ex maestra del interior que gana “menos de la mitad del personal activo y no tiene ni para comer”; y recordó que en una marcha se le acercó un anciano “humilde” y le preguntó: “¿usted sabe si soy jubilado transferido o no? Porque yo realmente no lo sé”. “A esta gente el fiscal de Estado la invita a iniciar un juicio ordinario para recuperar sus derechos. Si no fuera tan trágico, por la cantidad de años que demoran estos procesos, diría que parece una broma de mal gusto”, dijo Saleh. Y consideró que, por las respuestas de Posse Ponessa, pareciera que se ha abierto “una caja de Pandora”. “Muchos funcionarios se alborotaron como si no supieran todo lo que pasa con los jubilados”, afirmó. Y recordó que no hubo apoyo durante estos años de litigio por parte de la Defensoría del Pueblo, hoy a cargo de Hugo Cabral. “En la etapa final de la gestión del gobernador José Alperovich, esperamos que se termine con la humillación que sufrimos los jubilados. Así, podremos decir que al menos al término de su mandato hubo una actitud de grandeza, un gesto de humanidad. El gobernador tiene la última palabra”, remató Saleh.
FUENTE
"La Gaceta", Tucumán, 11.07.2015
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