El delito fue apoyar los
reajustes jubilatorios
Hace más de tres años, en junio de 2011, el Gobierno
lanzó una ofensiva para suspender y apartar, con juicio político incluido, a
los jueces de la Sala II de la Seguridad Social, Luis Herrero y Emilio
Fernández. Luego de varios intentos, ayer, finalmente, la ofensiva sucumbió.
El
"delito" de estos camaristas fue el de haberse pronunciado en
innumerables causas en favor del reajuste de las jubilaciones. También por
haber manifestado que la Corte Suprema extienda el fallo Badaro a todos los
jubilados, hayan iniciado o no una demanda judicial. Ese reclamo lo hizo la
Defensoría del Pueblo, sin que hasta ahora el Alto Tribunal se haya pronunciado
sobre un tema tan acuciante.
Más
irritante para el Gobierno fue que esos jueces, en casos similares sobre los
que ya se expidió la Corte Suprema, como en Badaro o Ellif, ordenaran reajustes
inmediatos de los haberes - en 30 días- por vía cautelar, en especial en
jubilados de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Y que esas cautelares
aplicaran multas diarias al Director Ejecutivo de la ANSeS en caso de incumplir
con las sentencias.
Además, a
Luis Herrero no le perdonan que cuestionara públicamente el uso de dinero de la
ANSeS pagar prestaciones que no corresponden al sistema contributivo. Y que
haya planteado que las prestaciones asistenciales, como la Asignación Universal
por Hijo (AUH), deben financiarse con fondos del Tesoro Nacional para evitar
que ese desvío de fondos perjudiquen los haberes de los jubilados, obligándolos
a juicios que demoran años y años.
Aunque se
están pagando más sentencias, ANSeS reconoce que existen 303.630 causas
judiciales y que de ese total, 265.307 son por reajuste de haberes y el resto
son juicios con reclamos diversos, como invalideces.
De lo dicho
se desprende la enorme importancia para los jubilados y pensionados, los
trabajadores activos, el sistema de la Seguridad Social y la propia Justicia
que la ofensiva oficialista no prosperara. No por casualidad, la "causa
Herrero-Fernandez" tuvo tanta repercusión en las redes sociales y entre
los jubilados.
No obstante,
la prueba de fuego del sistema previsional es que los jubilados cobren lo que
les corresponde y no tengan que recurrir a la Justicia. Que los haberes
representen efectivamente el 82% de los salarios debidamente actualizados, algo
que no sucede, entre otras razones, por el veto a la ley respectiva.
Que los
fondos del sistema no se utilicen para financiar las cuentas "en
rojo" del Tesoro o gastos ajenos al sistema sino para actualizar los
beneficios. Y que los "recursos excedentes" necesarios para la capitalización
del sistema provengan de la lucha efectiva contra el empleo en negro y la
evasión.
FUENTE
- Clarin.com
- Política
- 07/11/14
