00:00 - Cristian Arnau insiste en la vía judicial para ocultar la incapacidad de la gestión para hallar soluciones de fondo.
Finalizó una de las peores semanas para los miles de jubilados y pensionados de Jujuy nucleados en la obra social Pami. El titular del organismo en Jujuy, Cristian Arnau sigue
sin ofrecer respuestas coherentes a los reclamos de clínicas y
sanatorios, que demandan que se liquiden las prestaciones con los
aranceles testigo de la obra social provincial, el Instituto de Seguros
de Jujuy, y que además cesen los descuentos unilaterales y la falta de
explicaciones a las sensibles reducciones en la facturación de los
servicios.
En las últimas horas se sumaron los profesionales
afiliados al Colegio Médico de Jujuy y las sociedades científicas de
Traumatología, Gastroenterología, Urología, Cardiología, Neurología,
Neurocirugía, Ginecología y Obstetricia, Reumatología y la Asociación
Jujeña de Cirugía, también afectados por los bajos aranceles y la falta
de pago en término de las prestaciones realizadas. Todos reclaman un
arancel similar al del ISJ coincidente con el arancel mínimo ético que
fija el Consejo Médico de Jujuy.
Frente a esta fuerte
expresión de todos los actores de la salud, de la que no se recuerdan
antecedentes, el titular del Pami local, Cristian Arnau recurrió a un
amparo judicial que exigió a los establecimientos de salud la atención
de los jubilados. El mandato judicial se acató, pero más allá de
disponer de la infraestructura, los servicios siguen cortados por la
firme decisión de los profesionales en el reclamo de sus derechos.
Arnau
dejó pasar la semana sin intentar una solución de fondo y sin lograr
tampoco que el Pami central acceda a mantener una reunión con los
sectores en pugna, donde se expliquen las irregularidades que se
denuncian y se acerquen posiciones en cuanto a los montos, sistemas y
modalidades de pago. La gravedad de la crisis, podría derivar en que la
masa de afiliados del Pami deba recurrir a los hospitales públicos, pero
no haría más que generar otro serio problema, ya que la titular de
Atsa, Yolanda Canchi, expresó que los nosocomios del Estado se verían
desbordados y desfinanciados inmediatamente frente a ese caudal de
requerimientos e impedidos de atender a quienes carecen de una obra
social.
Según versiones, anoche, autoridades provinciales
intentaban mediar ante el Pami, para obtener algún avance en la solución
del conflicto.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy y vicepresidente primero de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Víctor Galarza, presentó una denuncia ante el secretario fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Pami,
Pablo Piqué, a fin de que proceda a investigar, solucionar y determinar
las responsabilidades de la obra social y los prestadores, con el
propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la
Carta Compromiso con el ciudadano, hacia los jubilados y pensionados.
Al
respecto Galarza explicó que el pasado martes intentaron comunicarse
con el coordinador general operativo de la Gerencia de Coordinación de
UGL-Pami en casa central, "quien indicó que por instrucciones de la
superioridad debíamos dirigirnos al titular de la UGL XXII-Pami Jujuy,
Cristian Arnau. Por tal motivo, ese mismo día el secretario general y la
secretaria Legal y Técnica de esta Defensoría del Pueblo se presentaron
ante la Delegación Jujuy de esa obra social a los fines de exponer la
problemática, ocasión en la que Arnau, se negó a recibirlos derivándolos
al Área Jurídica de esa Unidad", demostrando se esta manera "el poco
interés de la obra social nacional en la búsqueda de encontrar la
solución al conflicto planteado por las denuncias existentes entre el
Pami-Inssjp, las entidades sanatoriales y los jubilados y pensionados
afiliados".
El ombudsman de Jujuy manifestó que con los
hechos denunciados más arriba, "queda en evidencia, la falta de
colaboración y desinterés por parte de las autoridades locales y
nacionales de esa obra social, cuya problemática se remonta a marzo de
2014, oportunidad en la que esta institución actuó y medió para la
solución de los conflictos planteados con los prestadores".
Consideró
que esta situación conlleva al abandono, incertidumbre y discriminación
de 57.495 jubilados y pensionados de la provincia de Jujuy quienes se
encuentran afiliados a la obra social denunciada.
Ante los
hechos detallados, Víctor Galarza solicitó al fiscal de la Unidad Fiscal
de Investigaciones Pami su intervención para el análisis,
investigación, solución y determinación de responsabilidades de la obra
social y prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los
derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano
(Decreto Nº 229/2000), el artículo 75º inciso 22 de la Constitución de
la Nación, artículos 1º y 11º de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, artículos 3º y 5º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, artículo 12º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 4º y 5º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 10.1 y 10.2 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos y artículo
21º de la Constitución de la Provincia.
00:00 - Luego de muchas idas y vueltas en torno a la grave situación que se vive en el Pami buscarán a los responsables.
En relación a la difícil situación que se vive desde hace tiempo en la delegación del Pami Jujuy, el auditor general de la Nación, Alejandro Nieva,
manifestó su preocupación por el "sistemático maltrato" hacia los
abuelos por parte de las autoridades locales del Pami, descartando
además que esta delicada situación se trate de una "mera interna
partidaria" y anunció que propondrá la realización inmediata de una
auditoría de gestión.
Nieva indicó que, la situación de
sometimiento que viven los jubilados argentinos alcanza niveles
indignantes en nuestra provincia. Los abuelos son víctimas del
sistemático maltrato por parte de Cristian Arnau,
máxima autoridad del Pami, filial Jujuy. Padecen carencias e
interrupciones de servicio de salud. Aún peor, cuando los beneficios son
recibidos suelen ser insuficientes o defectuosos.
"Ahora
bien, todo esto lo podemos advertir en un contexto de falta de
información y bajo un manto de sospecha sobre la integridad de sus
autoridades. Esta situación de maltrato no sólo atenta contra una
población particularmente débil de nuestra provincia sino que los agrede
en un derecho humano básico; el derecho a la salud".
"Es por
eso que no podemos reducir la problemática del Pami en nuestra provincia
a una mera interna partidaria", subrayó Alejandro Nieva a la vez que
puntualizó que, se trata de una ineficiente gestión que impacta sobre la
salud de nuestros abuelos.
Finalmente indicó que, en vista
de esta situación, "como auditor general de la Nación propondré la
realización inmediata de una auditoría de gestión al Pami local. El
resultado de esta auditoría permitirá revelar las razones de la
ineficacia del Pami así como identificar a sus responsables", concluyó.
{Propongo un interesante ejercicio, que debería realizar algún periodista de investigación o algunos de sus portales o páginas: ¿Qué gobierno ha sido el mas judicializado a través del accionar de sus funcionarios? es decir que gobierno ha sido efectivamente más denunciado ante la Justicia}
La ex secretaria de Medio Ambiente irá a juicio oral por los
consumos que pagaba con la caja chica que tenía a su cargo. Chocolates,
regalos de lujo y otras compras, entre las pruebas que tiene la Justicia
en su contra No escatimaba Romina Picolotti a la hora de elegir dónde y
qué comer. La ex secretaria de Medio Ambiente frecuentaba lujosos
restaurantes en el barrio porteño de Puerto Madero, degustaba deliciosos
bifes de chorizo, bebía buen vino. Se daba sus lujos, pero con la plata del Estado.
Por esa misma razón, y otras más, hoy el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que la ex funcionaria kirchnerista sea sometida a juicio oral y público. Está comprobado que Picolotti realizó una gran cantidad de gastos injustificados durante su gestión.
No
solo fueron comidas en restaurantes, también figuran regalos de lujo,
vuelos privados y gastos varios, como chocolates y hasta golosinas, para
ella, su entorno familiar y su grupo de colaboradores. También está
involucrado su marido, Daniel Taillant, quien aún conduce la fundación
que crearon juntos, CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente).
Infobae
accedió a los tickets de los consumos que hizo Picolotti en los
restaurantes, estaciones de servicio o farmacias. De uno de ellos se
desprende que el 19 de febrero de 2007, cerca de las 23, asistió al
restaurante Sorrento de Puerto Madero, pidió rabas, comió un bife de
chorizo, milanesa de lomo, guarniciones de puré y papas fritas, bebió
cerveza, entre otros consumos. Dos días después pasó gastos en los
restaurantes Spettus y Cabaña Las Lilas, donde ella o algunos de sus
asesores bebieron vino.
Todo ello con la firma y el sello de la
secretaria de Ambiente.
También figuran entre
las pruebas de los consumos el lavado de un vehículo y una importante
compra en una farmacia en Capital Federal.
El
pedido de Marijuan fue presentado ante la jueza federal María Servini
de Cubría, quien corre contra reloj, pues esta causa que se inició en
2007 prescribe a fin de año, a menos que sea elevada a juicio, lo cual interrumpe los plazos.
Paralelamente
la defensa de Picolotti intentó una gran cantidad de planteos que no
tuvieron éxito, uno de los últimos en el cual se intentaría despegar de
los gastos que le fueron cuestionados. La jueza Servini de Cubría lo
resolverá cuando firme la elevación a juicio.
En
2007 fueron tres las denuncias contra Picolotti, por parte de los
abogados Ricardo Monner Sans, el peronista Juan Ricardo Mussa y un grupo
de diputados de la oposición. La prueba terminó siendo abrumadora,
pues muchos de los gastos que Picolotti justificó que eran "funcionales"
para la Justicia no cerraban, y a mediados del año pasado terminó procesada por administración fraudulenta.
El
fiscal Marijuan acusó a Picolotti por "haber utilizado dinero asignado
presupuestariamente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, entre
julio de 2006 y diciembre de 2008 para "solventar gastos personales".
Sumado
a los gastos personales que se le reprochan también hay una gran
cantidad de vuelos de Picolotti como de su grupo familiar y
colaboradores; la lista va desde sus hijos y esposo hasta la mucama.
Según el fiscal, fueron viajes que "no eran inherentes al trabajo que realizaban en la Secretaría de Ambiente".
En
el requerimiento, el fiscal valoró gran cantidad de testimonios que
jugaron en contra de Picolotti. Uno de ellos, el de Germán Ulises
Arribas, director General Técnico y Administrativo de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, quien dijo que con el dinero de la "caja chica",
"no se podían solventar almuerzos laborales, encontrándose estrictamente
regulado el procedimiento para el reintegro de gastos de comida de
trabajo determinados".
También el de Claudia
Patricia Kuczer, quien trabajó en la Unidad Secretario como secretaria
privada de Juan Picolotti, hermana de la entonces funcionaria, que
manejaba la caja chica del organismo. "Con ese dinero, se pagaban gastos personales", dijo, y añadió que muchos de esos gastos "no se podían realizar".
"Los
comprobantes secuestrados en autos que llevan la firma de Romina
Picolotti, ya sea en el comprobante mismo o de manera genérica en la
hoja donde éstos se encuentran pegados o abrochados, corroboran que el
dinero asignado presupuestariamente a la Secretaría de Ambiente era
utilizado por Romina Picolotti, quien por entonces era titular de dicha
dependencia, con fines personales", expuso el fiscal.
Romina
Picolotti llegó al Gobierno en julio de 2006. A poco de acceder al
cargo en la secretaría de Ambiente, nombró a su hermano como Jefe de
asesores, y a su cuñada, sus amigas y otros allegados, con
remuneraciones mucho más altas que las del personal de planta, entre
otros beneficios.
00:00 - "La obstinación comenzó a hacerle un daño enorme a las posibilidades electorales del peronismo", expresó.
El diputado provincial Vicente Condorí (PJ)
dialogó ayer con nuestro medio, expresando su profunda preocupación por
la continuidad del problema entre el Pami y
la Asociación de Clínicas y Sanatorios, la Cámara de Empresas de la
Salud y el Colegio Médico de Jujuy, que termina perjudicando a los
ancianos de toda la provincia que dependen de esa obra social del
Estado."Veo en San Pedro, en La Mendieta, en La Esperanza, cómo crece la preocupación de los jubilados y pensionados".
Condorí
extendió su preocupación hacia las aspiraciones electorales del
oficialismo. "La manifiesta falta de capacidad para resolver los
problemas y dar las respuestas necesarias ante tan afligente situación
por parte de Cristian Arnau, cosa que él mismo confesó, hasta el punto
de decir que no participa de reuniones porque desde Buenos Aires no se
lo permiten, pone las cosas en blanco sobre negro. Para que el Pami y
Arnau en Jujuy estén dibujados, lo mejor sería que los prestadores
establezcan una vía de comunicación directa con la central de Buenos
Aires, para avanzar con las negociaciones, y que el Pami Jujuy se limite
a una oficina de trámites con un jefe administrativo con criterio
suficiente para trabajar".
En otro momento, Condorí expresó: "Yo como diputado del peronismo, creo que ya es tiempo que La Cámpora -sector
del oficialismo al que Arnau dice pertenecer- lo libere del compromiso
de seguir al frente de la delegación local de la obra social, porque
tanta incapacidad y tanta obstinación por seguir aferrado a un cargo,
termina por hacerle un daño irreparable a las posibilidades electorales
del peronismo que se encuentra en plena campaña".
Condorí,
oriundo de la zona del Ramal, dijo además: "Yo veo en San Pedro, en La
Mendieta, en La Esperanza, y en cada pueblito de mi zona, cómo crece la
preocupación de los jubilados y pensionados, ante la incertidumbre de la
atención sanitaria que deben recibir. Hay algunos que están internados y
me hacen llegar sus quejas y otros que no pueden seguir los
tratamientos con sus médicos de siempre".
El legislador
provincial destacó que si bien se conoció que hay un recurso de amparo
del Pami para que no se corten los servicios en clínicas y sanatorios,
"es claro que no se puede obligar legalmente a los profesionales médicos
a trabajar contra su voluntad. Y más preocupación nos genera a todos,
las declaraciones de la secretaria general de Atsa, Yolanda Canchi,
quien advirtió que si todos los afiliados al Pami se trasladan a los
hospitales públicos, que ya están desbordados, la crisis se agravará aún
mas".
"Insisto, finalizó, que la renuncia de Arnau se ha
convertido ya en un gesto indispensable para que se retomen los diálogos
sinceros y que incluso, le permita a nuestro gobernador, el doctor
Eduardo Fellner, interceder o mediar fuertemente para que el conflicto
termine, porque al fin y al cabo, aunque el Pami es una obra social
nacional, todos los beneficiarios perjudicados por esta situación son
jujeños, tienen sus familias en Jujuy, han trabajado y han aportado
desde Jujuy para tener una vejez tranquila y segura".
Por primera vez se publican extractos completos y fotos del texto inhallable del ex supremo, donde justifica el golpe de Estado.
La tapa de Derecho penal militar, editado en 1980.
Muchas veces el pasado intenta refugiarse en las cavernas más
profundas pero, muchas veces también, surge a la luz de manera
reveladora. Tal es el caso del libro Derecho penal militar,
escrito por Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Juan Cavallero en 1980,
durante la última dictadura. El libro es inhallable en bibliotecas
públicas o privadas de acceso público, así como inconseguible en
librerías, tanto materiales como virtuales. Por primera vez se publican
algunas páginas de esta obra que da cuenta de una faceta impensada del
ex juez de la Corte Suprema y actual candidato a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ya que brinda una justificación jurídica para el
golpe de Estado. El libro es un extenso ensayo que reflexiona sobre el
código penal militar y justifica sus posibilidades, construyendo una
arquitectura intelectual que lo sostiene. Se debe señalar que ninguna
obra se escribe en abstracto, sino que existen condiciones materiales e
históricas precisas para su desarrollo; en este caso, la dictadura más
sangrienta que asoló al país y que produjo miles de desaparecidos,
muertos, torturados y exiliados y cuyas heridas aún están abiertas.
“Los bandos para el supuesto de conmoción interior, fuera de la
guerra -escribe Zaffaroni mientras aún había detenidos desaparecidos en
distintos campos de concentración en el país-, también requieren una
necesidad terribilísima, que debe estar dada por la circunstancia de que
la conmoción interior alcance un grado tal que la autoridad del lugar
no pueda evitar estragos, es decir, que la alteración del orden sea de
tal naturaleza que el peligro de afectación masiva y grave de bienes
jurídicos tales como la vida, la propiedad, etc., sea inminente e
inevitable por la autoridad local. De allí surge la posibilidad de que
la autoridad militar asuma el gobierno o el mando de una parte del
territorio”. De este modo, el jurista justifica la asunción de los
militares al gobierno. Planteado este señalamiento en 1980, no podría
ser tachado de inocente.
Justificación de la toma del gobierno por los
militares
Las palabras emulan íntegramente las justificaciones ideológicas que
dieron origen al golpe de Estado de 1976, que aludían al caos en el que
estaba sumida la Argentina en el periodo previo. Las reflexiones de
Zaffaroni plantean que ante una situación “terribilísima” se produce el
advenimiento de un “derecho penal de excepción” que le da un marco
jurídico a acciones que, en otras circunstancias, serían penalizables.
“No obstante, hay circunstancias especiales, dentro y fuera de la guerra
-escribe el ex magistrado-, en las que no hay sólo una necesidad
terrible, sino que se presenta una necesidad terribilísima. Se trata de
situaciones en las que existe un peligro actual de absoluta inminencia o
un mal gravísimo que ya se está produciendo y que es necesario evitar o
detener. Es en estas circunstancias de necesidad terribilísima. Se
trata de situaciones en las que existe un peligro actual de absoluta
inminencia o un mal gravísimo que ya se está produciendo y que es
necesario evitar o detener. Es en estas circunstancias de necesidad
terribilísima cuando hacen su aparición en el derecho penal militar dos
medidas que aparentemente arrasan con las disposiciones
constitucionales: la legislación por bandos y la llamada pena de
muerte”. Resulta inquietante la similitud del argumento con los de
quienes justifican el uso de tormentos para evitar situaciones que
podría ocasionar, por ejemplo, un grupo terrorista. Los bandos a los que
se refiere Zaffaroni en 1980 son definidos en su libro de esta manera:
“En nuestro derecho vigente, bandos militares son aquellas órdenes o
mandatos que configuran leyes en sentido material y que con las
solemnidades del caso dictan determinadas autoridades en tiempo de
guerra o caso de conmoción interior, ya sea para sancionar como delitos
hechos atentatorios a la seguridad de las tropas y materiales o para
proveer el mejor éxito de las operaciones, establecer la policía de
dichas zonas, o asegurar el orden público y evitar el saqueo, violación,
incendio y otros estragos”. Una manera transparente de justificar la
acción de los militares en aquella época, delitos por los que fueron y
siguen siendo condenados sus culpables.
El Zaffaroni actual es conocido por sus posiciones garantistas, sin
embargo, en 1980 usaba su inteligencia para dar justificación a la pena
de muerte: “La muerte prevista en el art. 759, CJM, no es pena, en
principio porque la muerte jamás puede serlo, pero, además, por otras
razones que no son fundamentales. Ante todo, se hace necesario que el
militar huya o haga demostración de pánico, lo que puede generar un
desbande o imitación, de modo que la muerte se autoriza para evitar ese
efecto inmediato y desastroso. Tan cierto es esto que el CJM no requiere
que le dé muerte un superior, sino que puede darse el caso de que sea
el inferior quien dé muerte al superior en esa circunstancia. De otro
modo, por el mero gusto de afirmar gratuitamente la disciplina, no se
explica que pueda darse muerte a un militar y menos que el inferior
pueda dar muerte al superior, lo que sólo puede tener explicación lógica
sobre la base de la necesidad de evitar el fracaso de una operación
frente al enemigo, el que puede resultar del pánico generalizado en el
personal y para el cual cualquier actitud individual puede servir de
detonante”. El Código Penal Militar que permitía la pena de muerte fue
derogado en 2008.
Zaffaroni, en 1980, titulaba a uno de sus capítulos:
“La excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”.
Zaffaroni también se ocupa de aspectos polémicos en otros orden de
cosas, como la prohibición de la homosexualidad en las filas militares,
que justifica de esta manera en la página 59 de su libro: “Si pensamos
por un momento en que la homosexualidad entre adultos no puede ser
punida como delito en la vida civil, porque esa punición violaría el
art. 19 constitucional, no por ello debemos concluir en que la
homosexualidad militar es inconstitucional, tal como la prevé el art.
765, CJM, porque en la vida civil no hay ningún bien jurídico que
resulte afectado por esa conducta realizada en privado, pero en el orden
militar la posibilidad de trascendencia del conocimiento de esa
conducta afecta la imagen pública de las fuerzas armadas y la confianza
que ellas deben gozar por parte de los habitantes de la Nación, cuyo
crédito frente a ellos es indispensable para que ante la necesidad
tremenda cuenten con la participación y apoyo de la población”. Resulta
extraño, ya que décadas después las fuerzas conservadoras aludirían a
la condición de “soltero y sin hijos” de Zaffaroni, como eufemismo, para
oponerse a su designación como juez de la Corte Suprema debido a que,
según los sectores ultramontanos, atentaría contra el ejemplo moral que
debería brindar a la población debido a su rango.
Homosexualidad en las filas militares.
Mientras el país era gobernado por una banda de criminales que no
sólo había entregado los recursos del país al gran capital y erosionado
los derechos ganados por la clase trabajadora, sino que había usado los
métodos de aniquilamiento de una generación de luchadores nacida al
calor del Cordobazo, Zaffaroni abre su libro con una cita de José Ortega
y Gasset que se pregunta, en relación al ejército: “¿Cómo negarse a ver
en ello una de las creaciones más maravillosas de la espiritualidad
humana?”.
Epígrafe que abre el libro.
El prefacio de la publicación concluye con la dedicatoria al
brigadier auditor Laureano Álvarez Estrada, a quien reconoce haberle
mostrado los originales del libro para que realice observaciones, y al
contraalmirante auditor Ramón León Francisco Morell. Álvarez Estrada
había fungido como vicesecretario de justicia de la dictadura desde
abril de 1976, durante el momento más álgido de desapariciones y
torturas del régimen.
Dedicatoria a los auditores militares.
Si bien Rodolfo Terragno ya se había referido a este libro en un
famoso artículo publicado en Clarín en 2013 y se habían hecho
referencias veladas a su existencia, esta es la primera vez que se
publican estas referencias textuales y fotogramas de las páginas de la
escondida publicación. Si bien es cierto que el tiempo pasa y nadie
podría ser esclavo por siempre de su pasado, también se podría afirmar
que es necesario reconocer los hechos personales que pudieran haber
tenido un efecto en la realidad social, como un acto de responsabilidad
moral. Hechos como el libro de Zaffaroni, que brindó una estructura
jurídica de justificación -mientras los crímenes sucedían- de una
dictadura dirigida por asesinos y entreguistas. Raúl Eugenio Zaffaroni,
que podría ser elegido el próximo martes como miembro de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quizás tenga a partir de hoy la
oportunidad de aportar a la comprensión de las razones de su libro.
Camila Giacchino, Olivia Sohr, Matías Di Santi y Ariel Riera
25 junio, 2015
Recalde: “Del crédito hipotecario hoy el 90% lo explica el Pro.Cre.Ar” FALSO
En 2014 se otorgaron unos $9 mil millones en préstamos hipotecarios en general (que además de los créditos para vivienda incluye a otros, como los destinados a terrenos rurales), de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estas cifras no incluyen los $13 mil millones en créditos Pro.Cre.Ar. de ese mismo año, según los datos que mencionaron a Chequeado desde el Banco Hipotecario y que van en línea con la información de la Anses.
Es decir que, de los $22 mil millones totales de créditos hipotecarios, un 60% corresponde a créditos del programa Pro.Cre.Ar., mucho menos que lo señalado por Recalde.
La proporción sería mayor si se consideran sólo los créditos hipotecarios para viviendas, pero no existen datos oficiales publicados que permitan corroborar cuánto se destina exclusivamente a viviendas.
“Es la Banca Pública la más activa a la hora de financiar la compra
de una vivienda”, destaca un trabajo de la consultora Reporte Económico y
agrega que “prácticamente los Bancos privados se han retirado del
mercado del crédito hipotecario”, por la falta de incentivos y de
políticas para que estos actores den este tipo de préstamos.
fuente "chequeado.com", 25.06.2015
CFK: “De cada 10 créditos hipotecarios que se dan en la Argentina, 9 los da el Estado”
Exagerado
Ariel Riera
24 junio, 2015
La mayoría de los préstamos para viviendas los otorgan
instituciones estatales o provienen de fondos públicos, aunque no solo
del Estado nacional sino también de otros como el porteño. Aún así, el
crédito en el país es menor al de otros de la región.
“De
cada 10 créditos hipotecarios que se dan en la Argentina, 9 los da el
Estado, pese a que tenemos Pro.Cre.Ar. y Banco Nación nada más. Todos los demás son bancos privados”,destacó la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
durante un discurso por cadena nacional, donde destacó la presencia
estatal.
“No hay prohibición de dar créditos, no hay regulación tampoco,
ahí no regulamos. (…) Hay plena libertad de mercado y en virtud de la
libertad de mercado, bueno, el Estado siempre presente de los diez da
nueve”.
La mayoría de los préstamos para viviendas los otorgan
instituciones estatales, como el Banco Nación y el Banco Ciudad (es
decir, no solo el Estado nacional sino también el porteño), o provienen de fondos públicos. Es algo que sucede en todo el mundo. Sin embargo, el crédito a largo plazo en el país es menor al de otros de la región, y una de las causas es el alto nivel de inflación.
En 2012 el Gobierno nacional creó por decreto el fondo fiducidiario denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, conocido como Pro.Cre.Ar., para “facilitar el acceso a la vivienda propia” y “la generación de empleo”. El financiamiento
quedó a cargo de distintos organismos públicos, como la ANSES o el
Ministerio de Economía, y el otorgamiento de los créditos en el Banco
Hipotecario, entidad que posee participación estatal mayoritaria, aunque la gerencia es privada.
Desde ese momento hasta la actualidad, se entregaron 141 mil créditos individuales
para quienes poseen un terreno y pretenden construir, ampliar o
refaccionar su vivienda, mientras el programa tiene en construcción otras 30 mil viviendas para aquellos sin terreno propio y que quieran adquirirlas, de acuerdo con los datos de la ANSES.
Desde el Banco Hipotecario señalaron a este sitio que en 2014 se dieron créditos por el programa Pro.Cre.Ar por $13 mil millones, en línea con la información de la ANSES.
Además de Pro.Cre. Ar., el año último se otorgaron unos $9 mil millones en préstamos hipotecarios en general (que además de los créditos para vivienda incluye a otros, como los destinados a terrenos rurales), de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estas cifras no permiten conocer qué parte de los $9 mil millones corresponden a bancos públicos o privados, y a qué bancos en particular.
Así, se llega a un total de $22 mil millones totales de créditos hipotecarios, de los que Pro.Cre.Ar. representa un 60%, aunque no se puede conocer exacto el porcentaje que alcanzaría si se suman los préstamos estatales.
La proporción también sería mayor si se consideran sólo los créditos
hipotecarios para viviendas, pero no existen datos oficiales publicados
que permitan corroborar cuánto se destina exclusivamente a viviendas.
El BCRA también publica el stock o saldo de préstamos hipotecarios, que cuenta el acumulado de créditos otorgados en distintos años.
Así, se destinaron unos $49 mil millones a préstamos hipotecarios en
general, que junto a los $13 mil millones de Pro.Cre.Ar. entregados en
2014 dan un total de $62 mil millones.
De ese monto, un 56% ($35 mil
millones) pertenecen a bancos públicos, con el Banco Nación y el Banco
Ciudad como las dos principales entidades, y otro 21% al Pro.Cre.Ar.,
por lo que 8 de cada 10 créditos hipotecarios en general son estatales. La proporción aquí también sería mayor si se toman sólo los créditos hipotecarios para viviendas.
“Es la Banca Pública la más activa a la hora de financiar la compra de una vivienda”, destaca un trabajo
de la consultora Reporte Económico y agrega que “prácticamente los
Bancos privados se han retirado del mercado del crédito hipotecario”,
por la falta de incentivos y de políticas para que estos actores den
este tipo de préstamos.
El equipo de Estudios Económicos del Banco Ciudad respondió a Chequeado que “uno de los grandes déficits de los últimos doce años de gobierno es que al
conjunto de la sociedad se le ha hecho cada vez más difícil comprar su
casa con su salario, sin obtener condiciones especiales del Estado”, y ejemplificaron con el crecimiento de las líneas subsidiadas, que “pasaron del 5% a más del 50% de los créditos”.
Además, el área destacó que si bien en volumen absoluto la entidad
que otorga mayor cantidad de préstamos hipotecarios es el Banco Nación,
si se considera el total de activos que posee “el Banco Ciudad da 3,5
veces más de lo que lo hace el Nación, el banco más grande de Argentina,
y que depende del Estado nacional”. Este cálculo no incluye lo referido
a préstamos por Pro.Cre.Ar., que otorga el Hipotecario pero cuyos
fondos provienen del fondo fiducidiario mencionado.
El Estado y los créditos hipotecarios
“En todos los países existe una presencia del Estado en los créditos hipotecarios, ya sea de forma directa o subsidiaria
(brindando garantías del sistema, bien mediante el subsidio de la tasa
de interés o bien a través de determinados incentivos impositivos o
dinerarios)”, señaló a Chequeado el director de la Consultora CDI y especialista en el mercado inmobiliario, Juan Carlos Franceschini.
Para Franceschini, se debe a dos cuestiones. “Por un lado, a los bancos privados les resulta más atractivo y rentable financiar el consumo a corto plazo,
por ejemplo con las tarjetas de crédito, logrando una mayor
rentabilidad, que financiar una compra a largo plazo, como es el
otorgamiento de un crédito hipotecario. Por otra parte, la inflación genera problemas con el fondeo,
ya que en un crédito hipotecario el banco debe tomar dinero a corto
plazo para prestarlo a largo plazo, (que se conoce como descalce)”.
Así, destacó que históricamente “cuando la tasa de inflación
supera el 5% anual los bancos fueron menos propensos a brindar créditos
hipotecarios en forma generalizada”.
En 2014 el país se ubicó entre los tres países del mundo con mayor inflación, con un 37% de inflación de acuerdo al IPC-9 Provincias que elabora el Centro CIFRA de la CTA, cercana al oficialismo.
Al mismo tiempo, un informe de 2013 de la consultora First muestra que en la Argentina se destina a créditos hipotecarios un equivalente al 1,6% del PBI, de los menores porcentajes de la región, y por debajo del 4% o 5% de países como Uruguay, Perú y Colombia, del 7,7% de Brasil y del 19% de Chile.
Sobre el caso argentino, un documento
de los economistas Alejandro Banzas y Lorena Fernández del Centro de
Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR) repasa
la política de vivienda de los últimos 40 años, donde señalan que en
las décadas del ‘70 y ‘80 se impulsó la construcción de casas, y el
financiamiento a través del Banco Hipotecario Nacional (BHN), durante los ‘90 se ofreció “una mayor participación al sector privado”, con la privatización del BHN, y
tras la crisis del año 2001, se incorporaron los planes federales de
construcción “mientras que la banca pública comenzó a ejercer un rol
testigo en la oferta de financiamiento”.
Agradecemos al lector Juan Nesis (@juannesis) por sugerirnos este chequeo.
Actualización 26-06-2015: Originalmente, esta nota
solo incluía los datos sobre el stock de créditos, por lo que se agregó
la información sobre los créditos otorgados solo en 2014.
Según datos del INDEC, hubo un crecimiento del 63%; los
cálculos de expertos de la UBA y la Universidad de Harvard muestran un
aumento inferior, del 49 por ciento.
“El 25 de
mayo de 2003 Néstor dijo que nuestro objetivo era duplicar el Producto
Bruto Interno (PBI) cada quince años, y lo duplicamos en diez”,dijo
Carlos Zannini, candidato a vicepresidente de la Nación que integra con
Daniel Scioli la fórmula oficialista del Frente para la Victoria (FpV),
durante las Jornadas sobre Soberanía Nacional y Latinoamericana
realizadas en junio de 2015 en la Procuración General de la Nación.
Los mismos datos oficiales elaborados por el INDEC, organismo intervenido por el Gobierno nacional en 2007, desmienten los dichos del secretario de Legal y Técnica. Si se consideran fuentes alternativas, como la base estadística del proyecto global Arklems, la afirmación también es falsa.
En mayo de 2014, el Gobierno nacional modificó la manera de medir el PBI, indicador
que mide la generación de valor agregado de un país. Hasta ese momento,
el PBI se medía en relación al año base 1993, pero a partir del cambio
metodológico que comunicó
el instituto oficial, el punto de referencia se actualizó a 2004, año
en el que se llevó a cabo el Censo Nacional Económico en la Argentina.
Al tomar esta fuente, según datos del INDEC, el
PBI pasó de $536 mil millones en 2004 -primer año completo en que
Néstor Kirchner ejerció la Presidencia- a $873 mil millones en 2014, lo que representó un aumento del 63 por ciento.
Es decir que el indicador no se duplicó, como afirmó Zannini, ya que el
crecimiento debería haber llegado al 100% para que su cálculo fuera
cierto.
El hoy candidato a vicepresidente de la Nación afirmó esto el 18 de
junio de 2015. Para ese momento, los datos de PBI con base 2004 ya
estaban disponibles y resulta imposible que los desconociera. Tomando la
serie anterior (PBI base 1993), el aumento es mayor: 83% entre 2003 y 2012. El problema es que el INDEC discontinuó los datos de 2013 (sólo llegan hasta el tercer trimestre), por eso es imposible conocer el crecimiento acumulado entre 2003 y ese año.
Los datos oficiales de PBI calculados por el INDEC, ya sea
los que utilizan la base 1993 o los que utilizan la base 2004, están
cuestionados por diferentes razones
luego de la intervención decidida por el Gobierno nacional en 2007. Un
indicador alternativo es el que realizan especialistas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) como parte de Arklems, el capítulo local de un
proyecto global que encabeza la Universidad de Harvard, de los Estados
Unidos.
La serie estadística de Arklems, que en la Argentina coordina el profesor de Crecimiento Económico de la UBA Ariel Coremberg, muestra que entre 2004 y 2014 el PBI argentino creció un 49% y, si se agrega el dato de 2003, el aumento asciende a 62 por ciento, lejos del 100 por ciento. Lo mismo sucede si el período analizado es 2003-2013: el crecimiento llega al 66 por ciento.
Por otro lado, la comparación entre los inicios del kirchnerismo y la
actualidad esconde lo ocurrido desde que la presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, asumió su primer mandato (ver datos). “La
Argentina creció en promedio a ‘tasas chinas’ hasta 2007, pero luego se
desaceleró el crecimiento del Producto hasta 2011 y, desde ese año
hasta hoy, el PBI está estancado -dice Coremberg -. La pérdida
de competitividad por la inflación, la baja de los precios de la soja en
dólares y la devaluación del real brasileño, son los factores que nos
están afectando en los últimos años”, agregó.
Si bien para 2014 el INDEC informó una varación del crecimiento de
0,5%, diferentes consultoras privadas calcularon una caída del PBI.
Econométrica, que dirige el ex secretario de Hacienda durante el
alfonsinismo Mario Brodersohn, estimó en julio del año último un descenso del PBI de 2,0 por ciento. Según los cálculos de Arklems, el indicador cayó un 2,3% entre 2013 y el año último.
30-06-2015 - En ningún momento, Cristian Arnau dio respuesta a los pedidos de los beneficiarios. Lo salvó una acción judicial.
Decenas de jubilados, algunos hasta en muletas y con serios problemas de salud, tomaron ayer la sede del Pami
para solicitar a su director la restitución de la asistencia médica
suspendida por la obra social.
El grupo de autoconvocados exigió una
solución definitiva, sin embargo, luego de largas horas de espera, el
titular del Pami Cristián Arnau, comunicó que las clínicas los recibirían en respuesta a una medida cautelar presentada ante la Justicia.
Los jubilados levantaron
la medida pero continúan preocupados por la continuidad de las
prestaciones al no recibir una solución definitiva por parte de Arnau,
que tampoco accedió a recibir a la totalidad de los afectados.
Los
abuelos se congregaron desde temprano en avenida 19 de Abril y
marcharon por las calles del casco céntrico hasta llegar a la sede del
Pami. Algunos en muletas, otros con bastones y también unos cuantos
acompañados por sus familiares debido a sus problemas de salud, se
desplazaron con carteles dirigidos al delegado local del Pami, Cristian
Arnau. En algunos se podía leer los mensajes, "Arnau, dejá el Pami para
los jubilados" y "Cristian Arnau exigimos tu renuncia".
Al llegar a la
sede de la obra social ubicada sobre Lavalle, los jubilados debieron
permanecer en la calle hasta que a mitad de mañana, el director Arnau
comunicó a través de un empleado que "recibirá sólo a cuatro
representantes del colectivo", entre ellos el abogado previsional Pedro
Figuera. Ofuscados porque el director no quiso bajar a "dar la cara",
como los jubilados lo solicitaron, el grupo envió a sus representantes y
tuvo que aguardar nuevamente novedades.
Cerca del mediodía
finalizó el encuentro entre representantes autoconvocados y Cristian
Arnau. El resultado fue poco alentador, el director comunicó que
mediante una medida cautelar, se ordenó a las clínicas y sanatorios
restablecer el servicio. Poco convencidos por la respuesta, los
jubilados acudieron al instante a las clínicas a confirmar este
comunicado, sin embargo las entidades les respondieron que no estaban al
tanto de la acción judicial. Al toparse nuevamente con una respuesta
negativa, los jubilados decidieron tomar las instalaciones del Pami para
así ser escuchados, e ingresaron con bandera y megáfonos al interior de
la institución.
Luego de solicitar una respuesta definitiva,
cerca del mediodía y algunos con serios problemas físicos por la larga
espera, fueron recibidos nuevamente por Arnau, quien les indicó que "se
estaba comunicando con Buenos Aires para solucionar el conflicto". En
esos momentos, y después de manifestar una desidia total luego de casi
cuatro horas de espera, los jubilados regresaron a los sanatorios y
clínicas, y esta vez los representantes comunicaron a los abuelos que
lentamente se restablecería el servicio porque la medida judicial ya
había sido recibida. Con estos resultados, poco satisfactorios ya que no
resuelven los problemas de fondo, los adultos mayores decidieron
terminar con la toma de la institución pero aseguraron que si los
problemas continúan, no dudarán en permanecer en la sede del Pami.
Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.
La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.
Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.
El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.
Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.
De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.
A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).
¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.
¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?
¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!
El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.
Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio