LA PATRIA ES EL OTRO

 

 

 

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Curioso giro del Gobierno ante el escándalo

 

28 DE Febrero 2021

Hugo Krasnobroda

 

 

 

 

 

El mega escándalo por los vacunados VIP no sólo terminó con la carrera política de Ginés González García, sino que cambió radicalmente el eje de todo el debate político en la Argentina, centrado ahora en la necesidad de un Estado transparente y de una campaña de inmunización que ne (sic) genere desconfianza en la sociedad.

 Ambos temas, desde ya, son sumamente incómodos para el Gobierno nacional, quien había elegido al proceso de vacunación como su principal carta de presentación para las elecciones de medio término.

El presidente Alberto Fernández fue variando llamativamente su postura en relación al tema, a medida que se iban conociendo mayores derivaciones. 

Primero calificó al hecho de intolerable, luego lo matizó diciendo que no existe delito penal y finalmente salió a instalar que está en marcha una campaña mediática para potenciar el costo político del Gobierno. 

¿Cuál es el mensaje concreto que la Casa Rosada quiere hacer llegar a la gente? 

Todavía no está muy claro, lo que sí es evidente es que cada vez que se minimiza lo ocurrido, el desgaste para el Presidente es mayor, ya que se trata de un asunto cuestionado desde todo el arco político nacional e internacional, incluyendo a muchos sectores del oficialismo kirchnerista.

Una de las cosas que se le había destacado a Alberto hace ocho días era lo rápido que había actuado para repudiar los privilegios en la vacunación. 

Echó a Ginés, dejó trascender que “con la vacuna no se jode” y lanzó un monitor público para exhibir cuantas aplicaciones realizó cada provincia. 

Hasta ahí, se había visto un Presidente en sintonía con la indignación popular.

Curiosamente, eso ahora está bastante difuso. 

Consultado por El Tribuno, un cercano colaborador del jefe de Estado sostuvo que “la idea es ir dejando el tema de lado para abocarnos exclusivamente a la campaña de vacunación, esa será la única forma de escatimar un poco el escándalo en la opinión pública y retomar la iniciativa política que perdimos desde que habló Horacio Verbitsky”. 

La intención de Alberto Fernández es lógica, aunque de muy difícil aplicación cuando aún quedan muchas preguntas sin responder que se debaten diariamente en los medios de comunicación. 

¿Qué otras autoridades tenían conocimiento de esta situación? 

¿A qué llaman “personal estratégico” a la hora de inocular? 

¿Por qué el procurador del Tesoro Carlos Zannini fue vacunado como “personal de la salud”? 

¿Qué controles se ejercieron en las provincias para que el escándalo no se replique a menor escala? 

¿Qué lógica tiene que vayan a vacunar a Eduardo Duhalde, quien no cumple ninguna función esencial en el Estado, a su domicilio particular? 

Hasta que estos interrogantes no tengan una aclaración concreta, la desconfianza de la gente en el proceso vacunatorio irá aumentando de forma irremediable.

 El Presidente tiene como característica principal su racionalidad y su supuesta vocación de diálogo, a diferencia de Cristina Kirchner, a quien muchos ven como más autoritaria y menos abierta a las conversaciones con otros sectores que no sean de su paladar. 

Esos atributos de Alberto que le dieron la victoria al Frente de Todos en 2019 hoy se encuentran en un estado deliberativo. 

Eso quedó muy expuesto durante la visita oficial del mandatario a México, en donde lejos de hablar de integración estratégica en lo económico y trabajo conjunto en lo sanitario, el jefe de Estado calificó de “payasadas” las denuncias por el vacunatorio VIP, cuestionó a los periodistas por informar sobre el tema y minimizó los alcances del escándalo sólo 24 horas después de que el presidente Andrés López Obrador dijera que en su país no hay privilegios como los hubo en la Argentina. 

A veces, la humildad de reconocer un error y explicar los pasos para que no vuelva a cometerse es mejor escapatoria que cualquier desmentida pública. 

Afirmar que el escándalo afecta sólo al oficialismo sería ridículo. 

En la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Horacio Rodríguez Larreta, también hubo serias irregularidades que tuvieron menor impacto mediático. 

Una de ellas es la supuesta privatización de los operativos para inmunizar y otra, la de personas como Hugo Moyano que figuraba en un listado conocido por el Gobierno porteño, para ser vacunado por ser “director de dos obras sociales”. 

La lentitud

Mucho se habla de las pocas vacunas que llegan al país pero poco se discute sobre por qué se está demorando tanto aplicarlas a la población.

 

Según información del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el miércoles se llevaban utilizadas menos del cincuenta por ciento de las dosis que ya habían arribado al país. 

 

¿Cómo se entiende que habiendo habido tanto tiempo para preparar el proceso vacunatorio se esté avanzado de forma tan lenta? 

 

El dato es curioso. 

 

Otra revelación que surgió esta semana es la provincia de Buenos Aires -una de las más elogiadas por su estrategia de inoculación-, está entre las cuatro provincias que menos porcentaje de vacunas aplicó en relación a las que accedió.

 

 

fuente

"EL TRIBUNO", Jujuy, 28.02.2021

 

IMPUDICIA EXTENDIDA

 

 

 

 

IMPUDICIA EXTENDIDA

 

 

Vacunación VIP: denuncias de la oposición y causas judiciales ponen en jaque a gobernadores e intendentes

Hay revelaciones de inoculaciones irregulares en distintas provincias y municipios; el Gobierno las monitorea

 

Por

Brenda Struminger

28 de Febrero de 2021

 

 

 Uno de los escándalos más llamativos tuvo que ver con la inoculación de militantes kirchneristas en la provincia de 

Buenos Aires

 

 

Tras el escándalo nacional por las “vacunaciones VIP” en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, en distintos puntos del país se reproducen las denuncias públicas y formales ante la Justicia por irregularidades. 

Los casos complican a los gobiernos provinciales y municipales, mientras que en Casa Rosada los siguen de cerca.

Hasta la revelación del vacunatorio VIP, Salud había mantenido bajo celosa reserva la información vinculada al plan de vacunación.

Solo los viceministros de esa cartera, el Presidente y el jefe de Gabinete accedían a los datos, a través de una app digital diseñada especialmente para el Gobierno. 

Por caso, el argumento que dieron a este medio hace dos semanas, ante una consulta sobre la cantidad de dosis distribuidas de la vacuna a cada provincia, fue que estaban impedidos de entregar esos datos por “respeto a la autonomía de las provincias”.

Apenas después del escándalo que terminó en el desplazamiento del ministro Ginés González García, en la Casa Rosada se barajó la posibilidad de “abrir”, en lo inmediato, toda la información sobre las vacunaciones, para exhibir una intención de transparencia tras el duro golpe en la imagen del Gobierno por la revelación de la oscura trama de diálogos y favores entre figuras del poder, desde funcionarios, a periodistas y sindicalistas.

Según pudo saber Infobae, el fin de semana siguiente al estallido del escándalo por la vacunación irregular, hubo fuerte presión, desde las provincias, para evitar que se publicaran las listas de inoculados por localidad. 

La divulgación de esa información podría dejar mal parados a muchos funcionarios y causar daño político a las administraciones locales.

La idea, en un principio, se concretó parcialmente. 

El Gobierno decidió transparentar, esta semana, una porción de los datos. 

Publicó las dosis entregadas a cada provincia, los totales de aplicación de primera y segunda dosis, y los grupos que la recibieron hasta ahora.

Pero no difundió, por el momento, los nombres de las personas que fueron vacunadas.

Esa información estaría disponible en lo sucesivo. 

Vizzotti firmó el viernes una resolución que crea un “Sistema de Monitoreo” del Plan de Vacunación, donde se incluye un punteo sobre sus alcances. 

En el noveno ítem resuelve que “el Ministerio de Salud podrá difundir a través de los medios o poner a disposición de todo aquel que lo solicite, la información sobre quienes recibieron la vacuna contra Covid-19. Detallará nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, cargo o función, repartición, vacuna recibida, número de dosis, fecha de aplicación y lugar de vacunación”.

Aunque la información aún no está disponible, durante la semana que siguió a la revelación del “vacunatorio VIP” comenzaron a brotar datos de personas vacunadas que no se encuentran en los grupos prioritarios, a través de presentaciones judiciales de las oposiciones locales.

En Córdoba, el diputado nacional Luis Juez y el senador Ernesto Martínez, ambos representantes de Juntos por el Cambio, hicieron una presentación ante el fiscal federal Carlos Casas Noblega, con un pedido para que se investiguen casos de posible vacunación irregular en la gobernación, que conduce el peronista Juan Schiaretti, y en distintos municipios.

Según pudo saber este medio, los legisladores opositores recibieron información que indicaba que se estaba inoculando a personas a las que no les correspondía por función, edad o situación de salud. 

Aunque tenían esos datos desde antes de que se conociera el vacunatorio VIP, ante el escándalo nacional, decidieron apurar las acciones judiciales que tenían previstas.

En tanto, en Entre Ríos se filtró una lista de inmunizados y la administracion local debió reconocer que la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, gran parte del gabinete y hasta personal de servicio fueron inmunizados contra el Covid-19 antes de que finalice la etapa correspondiente al personal esencial y los grupos de riesgo. 

Mientras tanto, concejales de Juntos por el Cambio denunciaron privilegios por parte de funcionarios y personas vinculados al municipio de Gualeguaychú.

También en la Ciudad de Buenos Aires hay denuncias y pedidos de acceso a la información por supuestas irregularidades, aunque en el caso porteño las acusaciones son por haber presuntamente beneficiado a instituciones de salud privadas y a sus socios por encima de la población general. 

Desde el Frente de Todos sospechan que el gobierno de la Ciudad “privatiza la vacunación”, como remarcaron el senador Mariano Recalde y el legislador porteño Javier Andrade. 

Y el caso ya se judicializó.  

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación, y el juez Ariel Lijo ordenó un procedimiento que llevó a cabo la Gendarmería en el ministerio de Salud porteño, para obtener la documentación sobre el modo en que se repartieron las vacunas que fueron recibidas por la Ciudad. 

Desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta niegan que haya privilegios en la entrega de vacuna en el sistema de salud y aseguran que la oposición busca “politizar” el tema.

 

     En el gobierno de Axel Kicillof hay preocupación por los casos de vacunación irregular en la Provincia

 

Mientras tanto, en La Pampa fue desplazado el intendente de la localidad de Alvear, Juan Cruz Barton, por recibir la vacuna Sputnik V sin autorización oficial, y el director del hospital donde se vacunó fue desplazado. 

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

Y el gobierno provincial, que conduce el peronista Sergio Zilliotto, se puso a disposición.

El gobernador se había vacunado en diciembre, cuando llegaron las primeras dosis, públicamente, para dar un mensaje de confianza en la vacuna.

Una situación similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan y la exfuncionaria de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, Florencia Arietto, hicieron una presentación ante la Justicia contra el ministro de Salud, Daniel Gollán, y otros funcionarios, para que se investigue si hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “malversación de caudales públicos”. 

Mientras tanto se realizaban denuncias similares en distintos municipios bonaerenses. 

El gobernador Axel Kicillof defendió su gestión, aunque admitió que “puede haberse vacunado algún colado” y marcó que este tipo de situaciones ocurren, también, “en el sector privado, cuando dejan pasar a alguien amiguismo”.

Según pudo saber Infobae, el gobernador podría anunciar el lunes, en su discurso del acto de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que se impulse una ley para sancionar a aquellos que se vacunen contra el coronavirus de manera irregular.

Los mencionados son solo algunos de los casos de denuncias e investigaciones en las provincias.

Al igual que en la Nación, en muchos puntos país no se delinearon cuáles son los parámetros exactos para que una persona se considere “esencial” y pueda acceder a la vacuna -como en el caso de los intendentes. 

Mientras que muchos funcionarios, y sus amigos y familiares, a quienes no les correspondía vacunarse, accedieron a inyectársela de forma irregular. 

Los casos afectan a los oficialismos y benefician a las oposiciones.

En el Gobierno creen que el brote de casos similares al nacional, más allá de que también afecte a gobernantes locales de su misma fuerza política, distribuye el peso de la indignación popular en varios hombros políticos. 

La influencia del caso de la vacunación irregular en la imagen del oficialismo nacional, de todas formas, solo se verá con claridad dentro de seis meses, cuando se celebren las elecciones de medio término, clave para los planes del Gobierno de cara a 2023.

fuente

"infobae", 28.02.2021

 

PREPOTENCIA… SOLO ESO

 

 

 

 

 

PREPOTENCIA…

SOLO ESO

 

 

Jueces intimados a renunciar accionan judicialmente contra ANSES

 

Magistrados mendocinos analizan adoptar esa conducta que ya ejecutan sus pares de CABA.

 Dicen que ANSES actúa por fuera de la Constitución y los fuerza a renunciar

 

Por José Luis Verderico

 

 

Los jueces mendocinos intimados recientemente por la ANSES a renunciar para no perder el beneficio jubilatorio otorgado analizan reaccionar del mismo modo que sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: demandando judicialmente al organismo previsional por inmiscuirse en la potestad del Poder Ejecutivo, como pedirles la renuncia a los magistrados. Incluso hablan de coacción para que decidan contra su voluntad.

Así, los efectos del emplazamiento quedarían congelados hasta que haya alguna definición.

Los jueces de CABA accionarán unidos. 

Los usías mendocinos lo harían individualmente pero con el respaldo de la Asociación de Magistrados de Mendoza, que ya advirtió a sus colegas nacionales acerca de la llegada de las primeras notificaciones.

En las últimas horas, ANSES, tensó los ánimos dentro de la Justicia de Mendoza, que este viernes se apresta a escuchar el discurso del jefe de la Corte, Dalmiro Garay, para dar por iniciado el Año Judicial 2021.

Aquí, no solo el histórico juez de la Suprema Corte Pedro Llorente, de 79 años, fue intimado a renunciar en 30 días al cargo al que accedió en 1987 para acceder a la jubilación que él mismo tramitó hace muchos años.

Lo mismo sucedió con Eduardo Lalo Brandi, de 69 años de edad, miembro de la Cámara Penal de Menores y ex presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, y la jueza civilista Elda Scalvini, de 75 años. 

Pero hay más.

Llorente, Brandi, Scalvini y los demás intimados tienen en común haber iniciado el trámite jubilatorio durante los últimos 12 años y nada tienen que ver con la nómina de casi 30 jueces que renunciaron para retirarse desde que comenzó la gestión de Rodolfo Suarez, quienes, intuyen, deberán seguir esperando mucho más para jubilarse.

Mucho se habla en las últimas horas acerca de las intimaciones de ANSES. Se dice que afectan "derechos adquiridos" porque los jueces que no renuncien perderán la mejor jubilación posible y deberán tramitar una nueva y menos conveniente en dinero.

Pero de lo que más se habla es de una palabra grabada a fuego en las intimaciones: renuncia.

Entonces, los jueces consideran que ningún organismo ni local ni nacional -ANSES en este caso- puede meterse con la potestad de los gobiernos de provincias de pedir la renuncia de los magistrados porque así lo fija la Constitución.

El modelo CABA

Carlos Rolero, titular del Colegio de Magistrados, Carlos Rolero, anticipó que esa institución cuestionará judicialmente la validez constitucional de la reglamentación de ANSES.

Será a través de un planteo colectivo que reúna a todos los magistrados de la zona en conflicto.

Para el juez Rolero y sus pares, la intimación emitida por el organismo previsional "determina una coacción indebida e ilegal para con nuestros magistrados. Una resolución administrativa no puede determinar la aplicación retroactiva de una ley”.

fuente

"UNO", 27.02.2021