YPF…
BURFORD
(ESKENAZI&KIRCHNER)
-III-
Gritos, tensión y una orden de negociar en la primera audiencia por el
juicio de YPF
Terminó la primera audiencia del juicio multimillonario por la estatización de YPFCrédito: Shutterstock
11 de julio de 2019
NUEVA YORK.- Después de un duro
revés para la Argentina, la primera audiencia del juicio multimillonario por la estatización de YPF contra el país comenzó
en Nueva York.
Los abogados de la Argentina y el megabufete Burford Capital se
cruzaron frente a la jueza Loretta Preska en una tensa cita oficial que culminó
con una sugerencia de la magistrada: que ambas partes negocien un acuerdo.
Los
litigantes llegaron a la audiencia con un objetivo claro: solicitar que el
problema se resuelva de forma expeditiva, establecer cuáles fueron los daños
que llevaron a la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía y
fijar los montos que la Argentina debería pagar por ello.
Y no lo obtuvieron:
Preska dejó muy en claro que todavía hay materias a ser discutidas.
Por
otro lado, tras presentar una denuncia por fraude en la venta accionaria de
YPF, los representantes legales de la Argentina -de la Procuración del Tesoro,
a cargo de Bernardo Saravia Frías, y de la representación local en Estados
Unidos, a cargo del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom- fueron en
busca del juicio para ir al fondo del conflicto y, frente a nuevas pruebas, intentar
otra vez que el juicio vaya a la Argentina.
"Estos
reclamos pueden ser solo juzgados en la Argentina por una cuestión de
jurisprudencia, establecida en leyes argentinas", sostuvo Maura Grinalds
(Skadden), una de las abogadas estadounidenses de la Argentina.
En este
sentido, también remarcó que la inversión original que permitió la compra de
las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora deviene de
negociaciones corruptas (la familia local Eskenazi, a través de ambas empresas,
ingresó en 2008 al capital de la petrolera de forma polémica).
Frente
a la denuncia, Preska consultó de qué manera eso podía influenciar el reclamo
representado por Burford Capital.
"No lo entiendo, asumamos que es
cierto", expresó la magistrada, y continuó: "¿Por qué esto
invalidaría la compraventa de acciones y el reclamo?".
Grinalds,
la representante legal de la Argentina -a quien Preska solicitó repetidamente
que se calmara por su estado de exaltación- explicó que en el país si unas
acciones parten de un negocio corrupto es ilegal beneficiarse de ellas.
Visiblemente
alterado por los dichos, Mark Hansen, el abogado de Burford Capital, declaró
que las acciones son de libre transacción y que no hay problema con ello.
Además, ofuscado, explicó que su firma no suele estar más de cuatro años
litigando.
De
forma reiterativa, los abogados por la Argentina expresaron que esto debe ser
trasladado a la justicia argentina. "¡Error!", gritaba el abogado de
los demandantes en respuesta, y decía: "Este caso no aplica".
Preska
preguntó por qué no, y el letrado dijo que tenían la información en español y
seguían trabajando con especialistas.
La jueza se quedó mirando incrédula a
quien había esgrimido el argumento.
Después
de unos 40 minutos de un ida y vuelta fuerte, la magistrada -que se mostró dura
frente a ambas partes- sugirió que los abogados se reúnan para evaluar la
posibilidad de un acuerdo.
En
el cuarto de los jurados, allí estuvieron varios minutos.
El acuerdo no llegó.
La próxima semana se definirá un cronograma y las partes deberán expresar sus
argumentos frente a Preska para delinear cómo continuar.
"Fue
duro, pero positivo. Se rechazó el juicio sumario y la jueza dejó en claro que
había cosas que discutir", dijo una fuente de la defensa argentina a LA NACION.
Además, al
ser consultada por la posibilidad de un acuerdo, lo descartó, y explicó:
"Esto tiene un trasfondo político, no es un caso que se resuelva meramente
de manera comercial".
Días
atrás, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidosrechazó el pedido de los representantes argentinos
de trasladar el juicio al país, a pesar de las estrategias de la defensa
durante la etapa prejudicial.
En contraposición, los abogados argentinos
presentaron nuevos argumentos legales ante la jueza en busca de resolver la
disputa en la Argentina.
Pese
al golpe, fuentes cercanas a la defensa argentina indicaron aLA NACION que su
estrategia no falló: "Vamos a fondo. Esto fue lo que esperábamos".
¿Por
qué se busca llevar el juicio a la Argentina?
La estrategia de la defensa
nacional es que, de esa manera, el megabufete Burford desista de litigar:
tendrían pocas chances de imponerse.
Además, para iniciar un juicio deberían
pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria.
En
ese sentido, entre los motivos por los cuales se cree que sería imposible
llevar adelante el juicio en Estados Unidos, está el problema de los testigos:
la mayoría reside en el país, por lo que sería prácticamente imposible el
traslado de cada uno de ellos a un juicio en Nueva
York .
El
megabufete Burford, por su parte, sostiene que, al momento de la estatización
de YPF, el gobierno de la ahora senadora Cristina Kirchner violó los estatutos
de la compañía, sobre los cuales debía hacerse una oferta al resto de los
accionistas de la empresa petrolera.
El
gobierno de Mauricio
Macri intentó desestimar la demanda amparado en el argumento de
que la expropiación de la compañía petrolera fue un acto soberano amparado por
la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera.
Pese
a ello, la sucesora de Thomas Griesa, la jueza Loretta Preska y la Corte de Apelaciones
de Nueva York coincidieron con la firma demandante al evaluar que la demanda
estaba basada en la violación de estatutos de YPF, y no en los actos soberanos
de intervención y expropiación de la Argentina.
El origen de la disputa
Burford
-el megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas
de dinero con la expectativa de ganar mucho- adquirió en España la posibilidad
de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y
Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al
momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF.
En
2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el
Congreso tomó control de YPF tras aprobar la expropiación del 51% de las
acciones de la española Repsol YPF SA, quien en ese entonces era accionista
mayoritaria.
En total, se pagó US$5371 millones; los otros socios de la
compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para
venderle el resto de las acciones al Estado, a las vez que se les prohibió
recibir dividendos por un tiempo. En este contexto es que Petersen argumenta
que esto provocó la caída del valor de sus acciones, por lo que inició el
reclamo de aproximadamente 3000 millones de dólares.
Fuente
“LA NACIÓN”,
11.07.2019
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