Rechazaron la absolución del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por el desvío de 47 millones de pesos
El juez de Garantías de Paraná no aceptó sobreseerlo. Los fondos se habrían desviado para su campaña presidencial en 2015.
· Corrupción K
· Sergio Urribarri
Los delitos por los que los acusan son "negociaciones incompatibles con la función pública", "direccionamiento de publicidad oficial" y "peculado", entre otros, explicaron fuentes judiciales.
Indicaron que de haber cometido un delito, deberían ser imputados también los responsables de dichos organismos de control administrativo.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal integrado por Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano rechazó el pedido y afirmaron que existe "suficiente evidencia" como para iniciar un juicio.
El juez Bonazzola rechazó el pedido de los abogados defensores e inició el control de prueba para la elevación a juicio oral, aunque esta decisión será apelada por los letrados.
Además, están imputados los ex coordinadores de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014: Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes; el ex ministro de Turismo provincial, Hugo Marsó.
El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; la contadora de las empresas implicadas, Corina Cargniel, y el ex director de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, también figuran en la causa.
También para todos los implicados solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.
Si bien fueron tres las causas que se iniciaron, los fiscales unificaron los expedientes ya que todos se basan en la "utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Urribarri durante 2015".
Según la investigación, se desviaron 4.308.500 pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y 14.561.870 de pesos para la instalación de un parador playero en Mar del Plata.
Vuelven a postergar el remate de un avión de Lázaro Báez, ahora a menos de un tercio del precio original
A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio a prueba por un año, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar "campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario