Esto hizo recordar rápidamente a lo que sucedió en el segundo mandato de Cristina Kirchner.
Entre 2011 y 2015, el control de cambio fue una de las medidas más controvertidas de la última administración kirchnerista, ya que comenzó a implementarse en un momento en el que la economía empezaba a frenarse y que la escasez de divisas comenzaba a encerrar al Gobierno en la clásica trampa de la restricción externa.
Además, durante el primer gobierno de Cristina habían salido del circuito legal 70 mil millones de dólares, prácticamente la misma cifra que se fue durante estos cuatro años de macrismo.
Asimismo, una de las medidas que más molestó a los mercados fue que las empresas que debían comprar dólares y girarlos al exterior, ya sea para el pago de alguna importación o ahora también en concepto de distribución de utilidades, debían contar previamente con la aprobación verbal de la autoridad monetaria.
Asimismo, se obligaba a las exportadoras a liquidar las divisas (es decir, transformarlas en pesos) en un plazo determinado, que fue variando según el sector y la época.
Esta medida le permitió a Cristina Kirchner frenar la sangría de dólares, pero a la vez trajo trastornos en lo referente a la inversión, puesto que muchas empresas aducían que no traerían dólares a un país del cual luego no podían retirarlos.
Además, el ingenio criollo llevó a que muchas personas buscaran caminos alternativos para comprar dólares: dado que para acceder al mercado cambiario había que demostrar ingresos suficientes y se podía adquirir con límite, los ahorristas empezaron a volcarse al dólar blue, al contado con liqui u otras alternativas más ocurrentes.
Había argentinos que viajaban a Uruguay, compraban fichas en el casino utilizando pesos y las cambiaban por dólares.
Para evitar el drenaje vía turismo, el Gobierno "perfeccionó" el cepo, colocando un impuesto que llegó hasta el 35% de lo que se gastaba con tarjeta en el exterior.
Sin embargo, la persona que viajaba podía volver y solicitar que se le devolviera una parte.
No obstante, pagar con un 35% de excedente seguía siendo negocio, ya que la brecha entre el oficial y el blue era superior.
¿Cuáles son las similitudes y las diferencias con la medida anunciada ahora por el Gobiero?
En principio, el Gobierno de Macri asegura que busca no perjudicar al pequeño ahorrista, por lo que permite comprar hasta 10 mil dólares por mes por persona.Una cifra a la que muy poca gente puede acceder, si se tiene en cuenta que representa unos 620 mil pesos.
En este caso, lo que se busca es realizar un control más estricto sobre las empresas y no tanto sobre las personas físicas.
Las compañías no podrán comprar dólares para atesorar y, una de las cuestiones que más ruido pueden generar, los exportadores tendrán que liquidar las divisas que obtengan de sus ventas al exterior en el mercado local dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities).
No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento.
Además de los anuncios de este domingo, el Banco Central había adelantado ayer que los bancos deberán avisar a la AFIP para realizar giros al exterior.
Esta medida aún no afectará, en este último sentido, a las empresas no financieras.
No obstante, el Banco Central se ocupó de aclarar que nadie tendrá problemas para sacar los dólares de sus cuentas, ni las personas físicas ni las jurídicas.
También, que no habrá impedimiento alguno para el comercio exterior y que no habrá restricciones sobre los viajes al extranjero.
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