CONFISCACIÓN A LOS JUBILADOS
Los tres poderes, responsables de una confiscación a los jubilados
La Columna.Ismael Bermúdez
En la Asamblea Legislativa, la Presidente
Cristina Kirchner arremetió contra el “índice Badaro” de la Corte
Suprema porque no habría sido favorable para los jubilados en relación a
los ajustes jubilatorios aplicados con la ley de movilidad partir de
marzo de 2009. El fallo Badaro comprende sólo el período enero
2002-diciembre 2006. Y ajustó los haberes en un 88,3% — de acuerdo al
índice de salarios del INDEC. En ese lapso el gobierno de Eduardo
Duhalde no otorgó ningún aumento general y el de Néstor Kirchner aprobó
un aumento de sólo entre el 10 y el 21,5% para los que ganaban entonces
más o menos $ 1.000 mensuales.
Para la legislación argentina, la jubilación es el salario que le corresponde al trabajador aportante, después de reunir los requisitos de edad y años de aportes. Ese haber debe ser móvil y guardar una proporción razonable con los últimos sueldos percibidos debidamente actualizados, según marca la Constitución Nacional. Demás está decir que esa legislación no fue respetada, que el fallo Badaro fue muy positivo para los jubilados y constituyó un antecedente para que alrededor de medio millón de jubilados hicieran reclamos similares.
En su respuesta a Cristina, una secretaría del Alto Tribunal señala que “el reproche no toma en cuenta que la Corte no ha dispuesto reajuste alguno para el periodo 2009-2014, como tampoco que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación han solucionado la señalada falta de aumentos del lapso 2002-2006, al punto que ello ha llevado a miles de jubilados a demandar la aplicación del fallo ‘Badaro’ ante la justicia, y al Defensor del Pueblo a pedir la generalización del criterio adoptado por el Tribunal, reclamos a los que se ha opuesto la ANSES con el argumento de que su admisión llevaría a una grave crisis del sistema”.
En esta discusión, la clave es esto último. Porque ni el Gobierno ni el Congreso otorgaron a todos los jubilados el ajuste Badaro, obligando a que cada jubilado tuviera que iniciar un juicio individual, y tampoco la Corte extendió su propio fallo a todos los jubilados como reclamó ya en 2008 el Defensor del Pueblo.
Así, los tres poderes del Estado son responsables de esta confiscación contra los jubilados.
Por eso las demandas judiciales fueron creciendo a tal punto que se calcula que la ANSeS aún tiene más de 300.000 juicios por “reajuste de haberes” en su contra, en especial del caso Badaro. Y de los que no hicieron juicio (alrededor de un millón), una parte ya falleció y el resto sigue esperando.
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com
FUENTE
"Clarin.com", 10.03.2015
(facebook, H.G.Dupuy, 10.03.2015)
Para la legislación argentina, la jubilación es el salario que le corresponde al trabajador aportante, después de reunir los requisitos de edad y años de aportes. Ese haber debe ser móvil y guardar una proporción razonable con los últimos sueldos percibidos debidamente actualizados, según marca la Constitución Nacional. Demás está decir que esa legislación no fue respetada, que el fallo Badaro fue muy positivo para los jubilados y constituyó un antecedente para que alrededor de medio millón de jubilados hicieran reclamos similares.
En su respuesta a Cristina, una secretaría del Alto Tribunal señala que “el reproche no toma en cuenta que la Corte no ha dispuesto reajuste alguno para el periodo 2009-2014, como tampoco que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación han solucionado la señalada falta de aumentos del lapso 2002-2006, al punto que ello ha llevado a miles de jubilados a demandar la aplicación del fallo ‘Badaro’ ante la justicia, y al Defensor del Pueblo a pedir la generalización del criterio adoptado por el Tribunal, reclamos a los que se ha opuesto la ANSES con el argumento de que su admisión llevaría a una grave crisis del sistema”.
En esta discusión, la clave es esto último. Porque ni el Gobierno ni el Congreso otorgaron a todos los jubilados el ajuste Badaro, obligando a que cada jubilado tuviera que iniciar un juicio individual, y tampoco la Corte extendió su propio fallo a todos los jubilados como reclamó ya en 2008 el Defensor del Pueblo.
Así, los tres poderes del Estado son responsables de esta confiscación contra los jubilados.
Por eso las demandas judiciales fueron creciendo a tal punto que se calcula que la ANSeS aún tiene más de 300.000 juicios por “reajuste de haberes” en su contra, en especial del caso Badaro. Y de los que no hicieron juicio (alrededor de un millón), una parte ya falleció y el resto sigue esperando.
Ismael Bermúdez
ibermudez@clarin.com
FUENTE
"Clarin.com", 10.03.2015
(facebook, H.G.Dupuy, 10.03.2015)
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