GENTE DE CONFIANZA
Política y negocios, en la estrecha relación de Cristóbal López con Cristina Kirchner, Alberto y Aníbal Fernández
15 octubre, 2021
Por: Lucía Salinas - 15 octubre, 2021
Según publica Clarín Con un pedido de cuatro años y cuatro meses de
cárcel por defraudar al Estado, el empresario contrató al actual
ministro y fue asesorado por al ahora presidente.
Este jueves, por primera vez un fiscal federal pidió una condena para Cristóbal López en una causa por corrupción.
En el centro de las maniobras que le valieron un pedido de pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, se encuentra Oil Combustibles, la petrolera que no pagó al fisco más de 5.900 millones de pesos.
En diferentes momentos y por diversas circunstancias, existió un vínculo con tres integrantes del actual gobierno con la cuestionada compañía: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Aníbal Fernández.
Ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), el fiscal Juan García Elorrio dijo que el empresario K usó Oil Combustibles para financiar su holding, más específicamente: para garantizar su funcionamiento y expandirlo.
La contraparte era “no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) generando un perjuicio al Estado”.
¿Cómo fue posible esto?
La petrolera -explicó el fiscal-, accedía “sistemática e ilegalmente a planes de pago que le otorgaba sin controles la AFIP” que dirigía Ricardo Echegaray (1) que “lejos de resguardar los bienes patrimoniales del Estado, favoreció a la empresa y a sus dueños para que se financien”, se expuso en el alegato.
Una de las empresas que López capitalizó con el dinero que recaudaba en las estaciones de servicio de Oil fue Inversora M&S, firma que en ese momento era inquilina de Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero.
Entre 2009 y 2015, López y Lázaro Báez aportaron el 86% de la facturación de Los Sauces: garantizaron ingresos por $ 27 millones desde 2009 a 2016.
Ambos, junto a Cristina Kirchner y a sus hijos, fueron acusados de ser parte de una “asociación ilícita”.
Durante la instrucción de la causa, la Justicia dio por corroborada la existencia de una maniobra de “reciclaje de fondos” para “incrementar el patrimonio de los ex presidentes”.
Inversora M&S fue inquilina de Los Sauces desde 2012 a 2016.
Durante ese período, mientras la compañía accedía a planes de facilidades de pago por parte de la AFIP y no pagaba el ITC, Cristóbal López pagó a través de Inversora 32.250 dólares por mes por un alquiler en Puerto Madero.
Desde 2012 a febrero de 2016 garantizó a la ex Presidenta 1.727.500 dólares.
Además, durante los años que Oil Combustibles no pagaba al organismo recaudador en Inversora M&S estuvo designada Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y ex presidenta de Hotesur, la firma hotelera de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero.
Cristóbal López también tiene un estrecho vínculo con el ahora ministro de Seguridad.
En junio de 2018, un mes después de que la justicia Comercial dictó la quiebra de Oil Combustibles, Aníbal Fernández se presentó ante el juez Javier Cosentino para oponerse al proceso y pedir su corrimiento del expediente.
En ese momento oficializó que se sumaba al equipo de asesores letrados en dicho fuero, que defendían los intereses de López.
Logró parte de su cometido.
Cuando iba a iniciar el remate de los activos de la petrolera para que con los fondos obtenidos se realice la cancelación de la deuda con los acreedores, Aníbal Fernández logró detener el proceso con otra presentación.
Sin embargo, el expediente siguió después con el procedimiento contemplado en la ley de concursos y quiebras.
El año pasado, cuando Alberto Fernández envió al Congreso la nueva moratoria fiscal, se abrió una posibilidad para que Cristóbal López salve a Oil Combustibles de la liquidación final.
El contratista K Ingresó a la moratoria (porque la modificación habilitó a que firmas quebradas pidan un plan de facilidad de pago) bajo el consejo de Aníbal Fernández.
La decisión fue clave: este año la AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont salvó a la petrolera al concederle dos planes de pagos para pagar una deuda de más de 12.000 millones de pesos, y habilitó a que la compañía evite la liquidación final.
Aunque Oil está inactiva hace tres años, este salvataje le permitió evitar que la quiebra se haga extensiva a sus dueños y al Grupo Indalo.
La asesoría del ministro de Seguridad fue determinante.
Otro dato no pasó inadvertido.
Durante la quiebra, el primer juez que la tuvo a cargo, Javier Cosentino, encontró entre los documentos de Oil facturas del presidente Alberto Fernández, como también del exjefe del Banco Central, Martín Redrado.
Este último asesoró a López en el gerenciamiento de Finansur, el banco que compró el Grupo Indalo.
Aníbal Fernández y Cristóbal López confluyeron en la Casa Rosada el día que Alberto Fernández juró como Presidente, en diciembre de 2019.
Además, hasta que asumió como ministro de Seguridad tenía un programa de televisión en C5N, señal del Grupo Indalo y una de las firmas que según la justicia se vio beneficiada con el dinero que Oil Combustibles no aplicaba a la cancelación de la deuda fiscal, sino a los préstamos intercompany.
Respecto aquella factura del ahora presidente de la Nación, él dijo que “fue librada por error, anulada y consecuentemente jamás cobrada”.
La factura iba a nombre de Oil Combustibles.
Sin embargo, el jefe de Estado admitió que “asesoraba a las autoridades” del Grupo Indalo de López.
Los coadministradores judiciales en Oil, Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, que encontraron la factura, señalaron en un informe que era por 435.600 pesos, pero no llegó a cobrarse.
A raíz de esa situación, el diputado por la Coalición Cívica Juan Manuel López reclamó en varias ocasiones que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Felix Crous, le solicite a Alberto Fernández una “declaración jurada de intereses”, en la que “consten los clientes que tuvo en los últimos tres años” antes de asumir la Presidencia, y si en ese período “dirigió, administró, patrocinó, asesoró o prestó servicios” a algún concesionario o proveedor del Estado.
No hubo ninguna respuesta al respecto. (Clarín)
fuente
"OPI Santa Cruz", 15.10.2021
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