LA REFORMA QUE VOS QUERÉIS...
SUFRE DE MALA SALUD
Reforma judicial
Una reforma que nace enferma
Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi Fuente: Archivo
28 de julio de 2020
Carlos Beraldi tiene fama de ser una buena persona y un buen profesional.
A Rodolfo Canicoba Corral lo rodea el eco de haber sido un mal juez durante casi 30 años.
Los dos expresan, cada uno a su manera y por motivos distintos, las razones por las que la reforma judicial que se conocerá hoy carecerá de consistencia política y de autoridad moral.
Uno, Beraldi, porque en la reforma influirán más los pobres intereses de Cristina Kirchner que los del país.
Resulta obvio que el trazo final de los anuncios que se harán hoy (si no hay otra postergación) se terminó diseñando en el Instituto Patria.
Canicoba Corral es el ejemplo de quien nunca debió ser juez y, sin embargo, fue defendido hasta el final por la expresidenta.
La decadencia desafiante de Canicoba Corral predice cómo serán los jueces que antes de su nominación deberán pasar por la aprobación de la vicepresidenta.
Beraldi y Canicoba Corral no son comparables como personas, pero ambos pronostican el destino que le aguarda a la Justicia tras la restauración del cristinismo en el comando de la política judicial.
Beraldi es el abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas más comprometidas por supuesta corrupción.
¿Alberto Fernández necesitaba la opinión de Beraldi para saber qué hacer con la Corte Suprema?
Difícil, si no imposible.
Beraldi fue una imposición de la expresidenta porque ella quiere cambiar la Corte.
Es una opinión que choca de frente con la del Presidente, que siempre dijo que prefiere mantener una Corte de cinco jueces.
El punto de vista de Cristina no es jurídico; es una decisión que busca la venganza con la actual Corte.
No la quiere desde que declaró la inconstitucionalidad de su reforma judicial, cuando ella era presidenta, y la quiere menos desde que no la defendió en los juicios que la persiguieron cuando ella estaba sin poder.
Cristina nunca creyó en la doctrina de que los jueces deben ser independientes hasta de sus instancias superiores.
Siempre sostuvo en la intimidad que los jueces del tribunal supremo debieron ordenarles a los jueces de instancias inferiores que dejaran de investigarla.
Si Alberto Fernández hubiera querido la opinión jurídica de Beraldi, le habría bastado con consultar a otro miembro de la comisión que evaluará a la Corte: León Carlos Arslanian.
Beraldi y Arslanian son amigos desde hace, por lo menos, 35 años.
Beraldi fue secretario de la cámara federal que juzgó a las juntas militares, de la que Arslanian fue presidente en el momento del anuncio de las sentencias.
Luego, ambos renunciaron a la carrera judicial y fundaron juntos un estudio jurídico que todavía es uno de los estudios más importantes de Buenos Aires.
Beraldi decidió en 2014 establecer su propio estudio, pero la buena relación personal entre ellos se mantuvo intacta.
Es difícil que Arslanian y Beraldi opinen distinto en temas de trascendencia judicial, como lo es el futuro de la Corte Suprema.
La presencia de Beraldi en esa comisión se parece más a una demostración de fuerza de Cristina que a una necesidad intelectual del actual presidente.
"Es una provocación", definió ayer un dirigente de la oposición.
Y cuestiona las futuras conclusiones de la comisión.
Nadie duda de que Beraldi pondrá más atención en los intereses de su defendida que en los del país.
Para eso fue puesto en ese lugar.
La comisión no es plural, como dice el oficialismo; tiene una mayoría peronista o que simpatiza con la expresidenta.
La oposición no tiene una representación formal en esa comisión.
La presencia en ella de Inés Weinberg es a título personal. Weinberg, que fue la candidata de Mauricio Macri para el cargo de procuradora general de la Nación (y a quien el peronismo nunca le dio el acuerdo), aceptó integrar ese cuerpo contra la opinión de los principales dirigentes de la oposición.
Su prestigio está en riesgo.
Tendrá en la comisión una presencia minoritaria y solo testimonial, junto con dos o tres juristas más que son independientes.
La presencia de la oposición en la comisión no la puede decidir el oficialismo, que ya resuelve sobre su propia participación.
Un acuerdo multipartidario debió incluir un acuerdo con la oposición sobre la representación de esta en esa comisión.
Un acuerdo no solo de nombres, sino también de números.
¿De qué le sirve a la oposición que nombren dos representantes suyos si habrá diez representantes del Gobierno o del partido gobernante?
Horacio Rodríguez Larreta le transmitió hace poco a Federico Pinedo que Alberto Fernández lo quería en esa comisión.
Pinedo le respondió, con razón, que él debía consultar a su partido, porque se definió como "un hombre de partido".
Esa advertencia incluía una consulta con el propio Rodríguez Larreta, con Macri, con María Eugenia Vidal y con Patricia Bullrich.
Pinedo también objetó que no hubiera una representación del radicalismo en la comisión.
"Es un partido importante y es nuestro aliado", reflexionó ante el jefe de gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta trasladó la decisión de Pinedo al Presidente, pero este le respondió que la representación no era partidaria, sino personal.
Fin de la historia.
Según el pronunciamiento de ayer de Juntos por el Cambio, y tal como están las cosas en la comisión, puede concluirse que poco importarán las conclusiones de los juristas convocados y también la decisión final del Gobierno.
Por más que la administración de Alberto Fernández decida crear una Corte Suprema de 9 o de 12 miembros en lugar de los cinco actuales (o de 20, como propone Raúl Zaffaroni), al final del camino estará siempre el necesario acuerdo del Senado para los nuevos miembros del máximo tribunal de Justicia.
Necesitarán el voto favorable de los dos tercios del cuerpo, que solo lo puede proporcionar la oposición del viejo Cambiemos.
Sin el acuerdo de la oposición, el Gobierno podrá tener teóricamente una Corte de 20 jueces, pero en la práctica seguirá siendo un tribunal de cinco miembros.
"No se puede hacer política pateando puertas", señaló ayer otro dirigente opositor.
¿Qué sentido tiene poner en discusión nada menos que a la Corte Suprema?
¿No hay, acaso, mayor señal de inseguridad jurídica que cuando la política debate sobre si el máximo tribunal de justicia es bueno o malo en su actual configuración?
Canicoba Corral está dando ya suficientes mensajes de inseguridad jurídica.
Un ejemplo: la empresa española Abertis, concesionaria de las autopistas del Sol y del Oeste, se presentó espontáneamente ante Canicoba Corral para aportar todos los documentos de esas concesiones.
El juez rechazó la presentación y luego allanó espectacularmente la sede de la empresa para buscar los mismos documentos que la compañía le había ofrecido de buena manera.
Los abogados españoles de la empresa se asombraron ante la inseguridad de la Justicia argentina.
¿Por qué se lamentan después cuando muchas empresas internacionales se van de la Argentina?
Los actuales miembros de la Corte podrían sorprenderse si fueran, como eventualmente serán, defendidos por banderazos de los argentinos que reclaman mejor calidad institucional.
Nunca habrán imaginado semejante apoyo social, pero es posible que suceda.
A Canicoba Corral lo defendió Cristina Kirchner hasta el minuto final.
No pudo hacer nada por él porque el Presidente había dicho, en sus años lejos del poder, que Canicoba Corral era una muestra de la corrupción judicial.
El juez se está vengando del gobierno de Macri, porque lo quiso sacar de la Justicia al principio de su gestión.
Los procesó a los exministros de Macri Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne en aquella causa por las concesiones de las autopistas administradas por Abertis.
Ni a Dietrich, ni antes a Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional, les permitió ver las pruebas que tenía en su contra.
A Dietrich le habilitó formalmente la observación de las pruebas cinco minutos antes de la indagatoria, pero luego le dijo que el sistema era lento y no podía cargar las pruebas.
Nada. Dietrich no pudo ver nada.
Lo mismo le pasó a Iguacel.
No pudieron ver las pruebas ni el expediente.
En el auto de procesamiento de Dietrich, Canicoba Corral consigna entre las pruebas "un pendrive", sin informar qué dice el supuesto pendrive.
El derecho a la defensa dejó de existir en el despacho de ese juez que se va.
Felizmente, Canicoba Corral se irá hoy de la Justicia porque le llegó la hora de la jubilación, no por todas las cosas injustas que hizo como juez.
Su final no deja de ser institucionalmente indigno.
¿Serán como Canicoba Corral todos los jueces que nombrarán tanto en el fuero federal como los que propondrán para una eventual ampliación de la Corte?
¿Qué otra cosa podría hacer Beraldi si no promover una Corte Suprema con más jueces que los actuales para mejorar la situación de su defendida Cristina Kirchner?
Esos nombres son emblemáticos y se mezclan con los buenos propósitos declamados de la reforma judicial de Alberto Fernández.
El Presidente debió saber de antemano que sus intereses políticos se enfrentarían con los intereses políticos de su vicepresidenta.
La reforma nace enferma y su pronóstico no es bueno.
A Rodolfo Canicoba Corral lo rodea el eco de haber sido un mal juez durante casi 30 años.
Los dos expresan, cada uno a su manera y por motivos distintos, las razones por las que la reforma judicial que se conocerá hoy carecerá de consistencia política y de autoridad moral.
Uno, Beraldi, porque en la reforma influirán más los pobres intereses de Cristina Kirchner que los del país.
Resulta obvio que el trazo final de los anuncios que se harán hoy (si no hay otra postergación) se terminó diseñando en el Instituto Patria.
Canicoba Corral es el ejemplo de quien nunca debió ser juez y, sin embargo, fue defendido hasta el final por la expresidenta.
La decadencia desafiante de Canicoba Corral predice cómo serán los jueces que antes de su nominación deberán pasar por la aprobación de la vicepresidenta.
Beraldi y Canicoba Corral no son comparables como personas, pero ambos pronostican el destino que le aguarda a la Justicia tras la restauración del cristinismo en el comando de la política judicial.
Beraldi es el abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas más comprometidas por supuesta corrupción.
¿Alberto Fernández necesitaba la opinión de Beraldi para saber qué hacer con la Corte Suprema?
Difícil, si no imposible.
Beraldi fue una imposición de la expresidenta porque ella quiere cambiar la Corte.
Es una opinión que choca de frente con la del Presidente, que siempre dijo que prefiere mantener una Corte de cinco jueces.
El punto de vista de Cristina no es jurídico; es una decisión que busca la venganza con la actual Corte.
No la quiere desde que declaró la inconstitucionalidad de su reforma judicial, cuando ella era presidenta, y la quiere menos desde que no la defendió en los juicios que la persiguieron cuando ella estaba sin poder.
Cristina nunca creyó en la doctrina de que los jueces deben ser independientes hasta de sus instancias superiores.
Siempre sostuvo en la intimidad que los jueces del tribunal supremo debieron ordenarles a los jueces de instancias inferiores que dejaran de investigarla.
Si Alberto Fernández hubiera querido la opinión jurídica de Beraldi, le habría bastado con consultar a otro miembro de la comisión que evaluará a la Corte: León Carlos Arslanian.
Beraldi y Arslanian son amigos desde hace, por lo menos, 35 años.
Beraldi fue secretario de la cámara federal que juzgó a las juntas militares, de la que Arslanian fue presidente en el momento del anuncio de las sentencias.
Luego, ambos renunciaron a la carrera judicial y fundaron juntos un estudio jurídico que todavía es uno de los estudios más importantes de Buenos Aires.
Beraldi decidió en 2014 establecer su propio estudio, pero la buena relación personal entre ellos se mantuvo intacta.
Es difícil que Arslanian y Beraldi opinen distinto en temas de trascendencia judicial, como lo es el futuro de la Corte Suprema.
La presencia de Beraldi en esa comisión se parece más a una demostración de fuerza de Cristina que a una necesidad intelectual del actual presidente.
"Es una provocación", definió ayer un dirigente de la oposición.
Y cuestiona las futuras conclusiones de la comisión.
Nadie duda de que Beraldi pondrá más atención en los intereses de su defendida que en los del país.
Para eso fue puesto en ese lugar.
La comisión no es plural, como dice el oficialismo; tiene una mayoría peronista o que simpatiza con la expresidenta.
La oposición no tiene una representación formal en esa comisión.
La presencia en ella de Inés Weinberg es a título personal. Weinberg, que fue la candidata de Mauricio Macri para el cargo de procuradora general de la Nación (y a quien el peronismo nunca le dio el acuerdo), aceptó integrar ese cuerpo contra la opinión de los principales dirigentes de la oposición.
Su prestigio está en riesgo.
Tendrá en la comisión una presencia minoritaria y solo testimonial, junto con dos o tres juristas más que son independientes.
La presencia de la oposición en la comisión no la puede decidir el oficialismo, que ya resuelve sobre su propia participación.
Un acuerdo multipartidario debió incluir un acuerdo con la oposición sobre la representación de esta en esa comisión.
Un acuerdo no solo de nombres, sino también de números.
¿De qué le sirve a la oposición que nombren dos representantes suyos si habrá diez representantes del Gobierno o del partido gobernante?
Horacio Rodríguez Larreta le transmitió hace poco a Federico Pinedo que Alberto Fernández lo quería en esa comisión.
Pinedo le respondió, con razón, que él debía consultar a su partido, porque se definió como "un hombre de partido".
Esa advertencia incluía una consulta con el propio Rodríguez Larreta, con Macri, con María Eugenia Vidal y con Patricia Bullrich.
Pinedo también objetó que no hubiera una representación del radicalismo en la comisión.
"Es un partido importante y es nuestro aliado", reflexionó ante el jefe de gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta trasladó la decisión de Pinedo al Presidente, pero este le respondió que la representación no era partidaria, sino personal.
Fin de la historia.
Según el pronunciamiento de ayer de Juntos por el Cambio, y tal como están las cosas en la comisión, puede concluirse que poco importarán las conclusiones de los juristas convocados y también la decisión final del Gobierno.
Por más que la administración de Alberto Fernández decida crear una Corte Suprema de 9 o de 12 miembros en lugar de los cinco actuales (o de 20, como propone Raúl Zaffaroni), al final del camino estará siempre el necesario acuerdo del Senado para los nuevos miembros del máximo tribunal de Justicia.
Necesitarán el voto favorable de los dos tercios del cuerpo, que solo lo puede proporcionar la oposición del viejo Cambiemos.
Sin el acuerdo de la oposición, el Gobierno podrá tener teóricamente una Corte de 20 jueces, pero en la práctica seguirá siendo un tribunal de cinco miembros.
"No se puede hacer política pateando puertas", señaló ayer otro dirigente opositor.
¿Qué sentido tiene poner en discusión nada menos que a la Corte Suprema?
¿No hay, acaso, mayor señal de inseguridad jurídica que cuando la política debate sobre si el máximo tribunal de justicia es bueno o malo en su actual configuración?
Canicoba Corral está dando ya suficientes mensajes de inseguridad jurídica.
Un ejemplo: la empresa española Abertis, concesionaria de las autopistas del Sol y del Oeste, se presentó espontáneamente ante Canicoba Corral para aportar todos los documentos de esas concesiones.
El juez rechazó la presentación y luego allanó espectacularmente la sede de la empresa para buscar los mismos documentos que la compañía le había ofrecido de buena manera.
Los abogados españoles de la empresa se asombraron ante la inseguridad de la Justicia argentina.
¿Por qué se lamentan después cuando muchas empresas internacionales se van de la Argentina?
Los actuales miembros de la Corte podrían sorprenderse si fueran, como eventualmente serán, defendidos por banderazos de los argentinos que reclaman mejor calidad institucional.
Nunca habrán imaginado semejante apoyo social, pero es posible que suceda.
A Canicoba Corral lo defendió Cristina Kirchner hasta el minuto final.
No pudo hacer nada por él porque el Presidente había dicho, en sus años lejos del poder, que Canicoba Corral era una muestra de la corrupción judicial.
El juez se está vengando del gobierno de Macri, porque lo quiso sacar de la Justicia al principio de su gestión.
Los procesó a los exministros de Macri Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne en aquella causa por las concesiones de las autopistas administradas por Abertis.
Ni a Dietrich, ni antes a Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional, les permitió ver las pruebas que tenía en su contra.
A Dietrich le habilitó formalmente la observación de las pruebas cinco minutos antes de la indagatoria, pero luego le dijo que el sistema era lento y no podía cargar las pruebas.
Nada. Dietrich no pudo ver nada.
Lo mismo le pasó a Iguacel.
No pudieron ver las pruebas ni el expediente.
En el auto de procesamiento de Dietrich, Canicoba Corral consigna entre las pruebas "un pendrive", sin informar qué dice el supuesto pendrive.
El derecho a la defensa dejó de existir en el despacho de ese juez que se va.
Felizmente, Canicoba Corral se irá hoy de la Justicia porque le llegó la hora de la jubilación, no por todas las cosas injustas que hizo como juez.
Su final no deja de ser institucionalmente indigno.
¿Serán como Canicoba Corral todos los jueces que nombrarán tanto en el fuero federal como los que propondrán para una eventual ampliación de la Corte?
¿Qué otra cosa podría hacer Beraldi si no promover una Corte Suprema con más jueces que los actuales para mejorar la situación de su defendida Cristina Kirchner?
Esos nombres son emblemáticos y se mezclan con los buenos propósitos declamados de la reforma judicial de Alberto Fernández.
El Presidente debió saber de antemano que sus intereses políticos se enfrentarían con los intereses políticos de su vicepresidenta.
La reforma nace enferma y su pronóstico no es bueno.
Por:
Joaquín Morales Solá
fuente
"LA NACIÓN", 28.07.2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario