21.06.2015
A cambio de mayores subsidios nacionales, el gobernador Paco Pérez, a través del decreto 390/15, reconoció unos 4.000 millones de pesos anuales de “ingresos no percibidos” a las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia, teniendo en cuenta el periodo julio 2013 – diciembre del 2015, en el cual no habrá aumento tarifario. Esto significa nada menos que un monto “reclamable” de 10.000 millones de pesos.
La movida se encuadra en lo que fijó el Convenio de Convergencia Tarifaria 2014 firmado entre Mendoza y la Nación para asegurar no tocar la tarifa eléctrica hasta enero del 2016, es decir cuando ya ni Paco Pérez ni Cristina estén en funciones y la decisión de cuándo aumentarla quede en manos del nuevo gobernador.
El decreto de Pérez abre la posibilidad para las eléctrica locales, pedir resarcimientos por casi 4.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que en el 2013, cuando debió recalcularse la tarifa, no se hizo; ocurrió lo mismo en el 2014 y ahora en el 2015, mientras que los subsidios, según las empresas, no alcanzan a cubrir el aumento de los costos.
Si bien por el momento el decreto de Paco no ha tenido efectos concretos, las distribuidoras minoristas de electricidad en Mendoza cuentan con la posibilidad de, desde enero, cobrar tarifas mucho más suculentas que las que perciben hoy en día. Pero a su vez, con el guiño oficial para reclamar el retroactivo a julio del 2013, lo que complicará cualquier política para el sector que plantee el nuevo gobierno.
La lupa está puesta en la poderosa Edemsa, la empresa de luz más grande de la provincia, propiedad en parte de la sociedad que forman el empresario de medios Daniel Vila y el ex ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano.
Edemsa es la empresa más complicada, teniendo en cuenta su tamaño (tiene más de 300.000 clientes) y sus costos operativos. La compañía mantiene una histórica deuda con el mercado mayorista, que a números de hoy, asciende a los 700 millones de pesos. El dato ha hecho que no todo el subsidio nacional que le correspondería por tu magnitud se le haya pagado. De ahí que el “reconocimiento” del Estado provincial, vía decreto de Pérez, de los 4.000 millones de pesos anuales reclamables, haya sido motivo de presión por parte de Vila y Manzano a Pérez desde el año pasado.
Por el lado de la oposición, el radicalismo tomó cartas en el asunto, ya viéndose gobierno desde diciembre próximo en Mendoza, y presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia “un pedido de admisión de medidas cautelares como acción de inconstitucionalidad contra la medida, en busca de atenuar el impacto en las finanzas provinciales y en el bolsillo de los usuarios”, según explicaron los legisladores provinciales Néstor Pares y Martín Kerchner.
“Desde julio del 2013, Pérez postergó en dos ocasiones la readecuación de los cuadros tarifarios, que por reglamento de concesión del servicio eléctrico debe hacerse cada 5 años (el último en hacerlo fue el ex gobernador Celso Jaque, en 2008). Sin embargo, las distribuidoras que daban por hecho el decreto del Ejecutivo como reconocimiento del atraso en el VAD (Valor Agregado de Distribución, el componente tarifario que determina sus ingresos) se mostraron sorprendidas por la iniciativa. El decreto 390 les reconoce en concepto de ‘ingresos no percibidos’ unos 4.000 millones de pesos anuales desde el 2013, ‘sin autorización legislativa previa’”, relata la acción de los radicales en manos de la Corte.
“Suspenda la ejecución del VAD provisorio, la ejecución del ‘reconocimiento’ a distribuidoras denominado ‘diferencial de VAD Propio por ingresos no percibidos’ durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y 31 de diciembre de 2015, dispuesto en el artículo 4 del decreto 390/2015”, agrega la demanda presentada ante la Corte local.
FUENTE
"LAPOLITICAONLINE", 21.06.2015
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