Una mujer murió en la mañana de este jueves mientras esperaba ser atendida en la delegación local del PAMI y estalló la bronca de los jubilados que hacían fila para realizar sus trámites. Tras esta situación, volvieron a escucharse los reclamos de los adultos mayores, quienes expresaron las serias deficiencias que hay en la obra social.
Sobre esta constante problemática se expresó la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, que estuvo a cargo del PAMI durante cuatro años, y culpó directamente al Gobierno nacional y al director de la delegación local, el camporista Marcelo Álvarez, por usar la plata del PAMI “para financiar ilegalmente la política”.
De acuerdo a lo que manifestó la ex funcionaria de Salud, la obra social de los jubilados tiene más de 17.000 empleados en todo el país y la queja generalizada es que contratan “personal político”, en lugar de sumar médicos, enfermeros y especialistas para mejorar la prestación a los jubilados.
“No se puede permitir que el dinero de atención de la gente se destine a la política.
Ubican personal de La Cámpora para financiar la política”, dijo Ocaña, en referencia al director de la delegación local, que no salió a hablar sobre la muerte de la anciana. En ese sentido expresó su malestar al considerar que los funcionarios cobran entre $70 mil y $90 mil y “ni siquiera dan la cara".
“No se puede permitir que el dinero de atención de la gente se destine a la política. Ubican personal de La Cámpora para financiar la política”, dijo Ocaña,A través de un Twitter, la legisladora publicó el bono de sueldo de Álvarez correspondiente al mes de junio donde se observa que el sueldo del director ronda en los $70 mil.
Asimismo, Ocaña recordó que en diciembre de 2014 presentó una denuncia en la justicia federal mostrando algunas irregularidades en el PAMI para que se investigue la malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
En el escrito hace referencia a las “irregularidades” en los alquileres en Mendoza. La denuncia precisa la contratación de un inmueble en la calle España 1168 de Ciudad por una suma de $2.906.904 y el alquiler de otro local en la calle Belgrano 1236 por un monto de $ 7.521.360.
El problema, explicó Ocaña, radica en que estas contrataciones excepcionales se han realizado porque el edificio ubicado en la calle Córdoba se encuentra, “curiosamente”, en estado de obra continua y por esa situación denuncia las “consecuencias perjudiciales que ocasiona el incumplimiento sistemático y constante de la obra pública contratada por el Instituto".
FUENTE
"EL SOL ONLINE", 08.01.2015
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