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La soledad de Cristina
Si la Vicepresidenta cree que el acuerdo con el FMI es contrario al interés del país, no hay lugar para reacciones ambiguas.
Callarse no es oponerse, aunque lo parezca
30 de Enero de 2022
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El miércoles por la tarde, en Tegucigalpa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desplegó un discurso de barricada en contra del Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito multilaterales a los cuales, esta vez, los responsabilizó por el crecimiento del narcotráfico en la región.
Había concurrido a Honduras para compartir la asunción como presidenta de Xiomara Castro.
Era un episodio muy sentido para la líder argentina. Castro, como ella, fue Primera Dama en Honduras.
Su esposo, Manuel Zelaya, fue derrocado en 2008 y ambos debieron huir de su país.
Zelaya y Castro, en aquel entonces, formaban parte de la experiencia que integraba a Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Rafael Correa y Evo Morales.
Por eso, el día del triunfo de Castro, Cristina tuiteó: “El pueblo siempre vuelve”.
Sin embargo, al día siguiente del discurso de Cristina, en el momento de su asunción, Xiomara dijo: “Vamos a renegociar la deuda con los acreedores privados y los organismos multilaterales”.
No denunció la deuda.
No anticipó que la iba a desconocer.
Es evidente que las dos amigas pensaban distinto acerca del modo de encarar el problema de la deuda y no solo sobre eso.
Un rato después de la ceremonia, Xiomara se reunió con la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, quien destacó que la llegada de la hondureña al poder es un paso adelante en la región.
Xiomara y Cristina comparten una historia común.
Cristina fue tratada como si fuera presidenta en Tegucigalpa.
Pero la realidad es que Castro dijo e hizo algo muy distinto a lo que dijo y hace Cristina.
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XIomara Castro y Cristina Kirchner
La Vicepresidenta argentina también afirmó que “el pueblo siempre vuelve”, el día del triunfo de Gabriel Boric en Chile.
Boric es el protagonista de un fenómeno interesantísimo.
A principios de marzo, efectivamente, un grupo de jóvenes agitadores de izquierda tomarán el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile.
No lo harán por la vía armada ni por asalto sino por el método más razonable que inventó hasta ahora la humanidad para definir quién llega al poder: los votos. Boric y sus muchachos lideraron un proceso de movilización de masas que desnudó ante el mundo que el ejemplar modelo chileno dejaba afuera a millones de personas que estaban hartas de ser marginadas de la educación, la salud y las jubilaciones.
Su llegada al poder despertó esperanzas en todo el arco progresista latinoamericano y miedo en las élites conservadoras.
Pero, otra vez, el pueblo que siempre vuelve respaldó a un líder cuyo enfoque sobre lo que se debe hacer en América Latina es distinto al de la ex presidente argentina.
El ministro de Hacienda de Boric será Mario Marcel, que fue el presidente del Banco Central designado por Michelle Bachelet en 2016 y ratificado en su cargo en diciembre por Sebastián Piñera, el multimillonario de centro derecha que entregará los atributos del poder a Boric.
En los últimos días, ante la creciente inflación, Marcel apeló a un método bastante tradicional: subió las tasas de interés.
Boric designó como canciller además a Antonia Urrejola, una experta en derechos humanos que fue muy combativa al denunciar las violaciones producidas en Venezuela y Nicaragua.
Urrejola fue parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su designación fue saludada, entre otros, por el titular de la OEA, Luis Almagro, a quien Cristina acusó en Honduras de respaldar golpes de Estado.
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Gabriel Boric con Mario Marcel
Ese contraste, entre el discurso de denuncia de Cristina y la moderación de dos presidentes cuyo triunfo ella comentó con emoción, se puede registrar con casi todos los primeros mandatarios América Latina.
Los ejemplos abundan: el peruano Pedro Castillo, por ejemplo, esta semana concedió un reportaje a CNN donde fue taxativo: “No quiero que mi país se convierta en Venezuela o Nicaragua”.
Castro, Castillo y Boric han sido calificados como comunistas por las élites del continente, y por el liderazgo conservador que se nuclea alrededor, por ejemplo, del escritor Mario Vargas Llosa.
La verdad es que son etiquetas de los tiempos de la guerra fría que impiden entender la legitimidad de búsquedas distintas, moderadas, democráticas para resolver problemas muy serios que tienen los países de la región: entre ellos, en primer lugar, el de la pobreza y la desigualdad.
Ninguno de ellos es comunista: pero sus enfoques son menos rupturistas que los de CFK.
Todo esto pasa también en la Argentina.
El preacuerdo que el Gobierno nacional firmó con el Fondo Monetario Internacional ha recogido la aprobación expresa de los sectores políticos mayoritarios, salvo el de la Vicepresidenta de la Nación, que ha dejado trascender su malestar.
Los dirigentes que se nuclean alrededor del presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el jefe de Gabinete Juan Mansur fueron los encargados de informar y defender el acuerdo.
Pero además, ante la irrupción de dirigentes cercanos a Cristina que propusieron una vía alternativa hasta minutos antes del cierre del acuerdo, empezaron a aparecer por primera vez, quienes los cruzaban con dureza: entre otros, el ministro de Producción, Matías Kulfas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el asesor presidencial Fernando Navarro.
La posición de la Vicepresidenta la deja en un lugar de soledad muy ostensible.
Eso no necesariamente demuestra que sus ideas sean correctas o incorrectas.
Muchas veces, lo que parece irracional termina siendo sensato y viceversa.
Pero, en cualquier caso, hoy son minoritarias.
Y, en ese contexto, tendrá que tomar decisiones dramáticas a medida que el Gobierno avance en las tratativas con el Fondo Monetario.
La primera es central: ¿Debe avalar lo que hizo el Gobierno que ella articuló en un tema central?
¿O debe patear el tablero y debilitar la estrategia diseñada en la Casa Rosada?
Si ella cree que el acuerdo que firmó su Gobierno es contrario al interés del país, o del pueblo, no hay lugar para reacciones ambiguas.
Callarse no es oponerse, aunque lo parezca.
Tiene un significado simbólico y nada más que eso.
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Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados (Maximiliano Luna)
En las próximas semanas, ese dilema se expresará en dos momentos clave.
El primero será cuando se discuta en el Congreso.
¿Qué dirá Máximo Kirchner?
¿Qué votarán los diputados del Instituto Patria?
El segundo momento será cuando haya que discutir en serio un aumento de tarifas.
No hay manera de cumplir con los objetivos acordados con el FMI sin una suba que supere ampliamente la inflación.
¿Qué harán los hombres de Máximo que conducen el sector energético, que hasta ahora permitieron apenas un 7 por ciento de aumento en un contexto inflacionario que supera el 100 por ciento?
El ministro Matías Kulfas anticipó esta semana la posición del “albertismo”.
Tarifa plena para todos menos para quienes reciben la tarifa social.
Hay, en el Frente de Todos, dos miradas que son profundamente antagónicas sobre lo que pasó en estos dos años.
Cerca de Cristina le recriminan al Presidente haber pagado vencimientos por 6.500 millones de dólares sin haber obtenido nada a cambio.
Cerca del Presidente creen, en cambio, que ese dinero se hubiera ahorrado de haber cerrado antes el acuerdo, y que eso no se hizo por las trabas que ponían Cristina y Máximo Kirchner.
“Si esto lo cerrábamos a principios del 2021, como quería Guzmán, ganábamos las elecciones y la brecha no habría llegado adónde está ahora”, sostuvo un hombre de Fernández en medio de la discusión.
“Por culpa del cristinismo tuvimos que negociar desde una posición de mayor debilidad porque ya no teníamos reservas y porque habíamos perdido las elecciones”.
Para Cristina es exactamente al revés: se perdió porque se pagó.
Cada cual tiene sus argumentos, y no es objetivo de esta nota dirimir quién tiene razón.
Es cierto que es difícil encontrar países con desempeño exitoso luego de un acuerdo con el FMI.
Pero tampoco aparecen ejemplos a imitar entre quienes declararon el default.
En cualquier caso, como desde hace muchos años, Cristina Kirchner se ve obligada a batallar con sus ideas desde una posición que es minoritaria en la Argentina, en América Latina y que no es respaldada por el Gobierno al que pertenece.
Tampoco, hay que agregar, se entiende qué hubiera hecho ella en lugar de Alberto Fernández.
De hecho, a diferencia de Leopoldo Moreau y Claudio Lozano, ella nunca pronunció la palabra “default”.
Mientras tanto, el preacuerdo con el Fondo aporta un elemento más en el debate sobre qué es, en realidad, este Gobierno.
Un sector muy importante del periodismo sostuvo desde el día 1 que el Frente de Todos estaba constituido por un presidente títere y una vicepresidenta cruel y despiadada que instauraría una dictadura chavista y persecutoria, y se alejaría definitivamente de la democracia occidental.
Ese relato le dio sentido a la vida de muchas personas.
Transcurridos más de dos años, ¿no es evidente que se trataba de un enorme disparate?
¿O se necesitan más evidencias?
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