¡¡¡VAMOS POR TODO!!!
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ROSARIO 27 DE FEBRERO DE 2012
ESTADO TOTALITARIO
El Estado
totalitario se basa en la absorción delos poderes Legislativo y
Judicial, ejercido además por un solo individuo.
Según los totalitarios, la dictadura se
justifica porque el líder es la única
institución verdaderamente “democrática”, en tanto
es elegido directamente por el pueblo.
La hegemonía del
Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial implica además poner la actividad
en lugar de la deliberación, la decisión en lugar de la valoración, tal
doctrina de “decisionismo” del jurista nazi Carl Schmitt citado como
autoridad máxima por el legislador peronista Díaz de Vivar en la Asamblea
Constituyente de 1949, John Willian Cooke, antes de su viraje a la izquierda,
enseñaba derecho en la Facultad con texto de Schmitt.
Carl Schmitt, en París, 1943
El Estado peronista e basó en la concepción jurídica
de Schmitt; intentó en lo posible la destrucción de lo que despectivamente se
llamó “demoliberalismo” y “partidocracia” y la transformación de régimen
republicano en una dictadura
totalitaria.
El Poder Legislativo, en sus dos cámaras, Senadores y
Diputados, quedó totalmente subordinado al Poder Ejecutivo.
Para ello el peronismo contaba a su favor, desde el
primer período legislativo, con la mayoría de ambas cámaras, lo que le permitía
impedir que la oposición pudiera hacer demasiado uso de la libertad de
expresión.
La reforma constitucional de 1949 cercenó aún más los
derechos del Legislativo y lo privó de todo control sobre el gobierno.
Se autorizaba a los ministerios a presentar informes
por escrito a las cámaras en lugar de la rendición personal de cuentas que
regía hasta el 49.
Más tarde, por la Ley de Ministerios de 1954 se
suprimió hasta esa concesión.
Los ministros dependían exclusivamente del Presidente
de la República y el Congreso no podía ejercer ninguna influencia sobre ellos.
El Poder Legislativo se transformó en mero auxiliar
del del Ejecutivo.
Las consignas
de lo que debían decir los diputados venían de la Casa de Gobierno y en
algunos casos se remitían los discursos que debían leer.
La degradación a que llegó el Congreso
peronista lo muestra la comisión parlamentaria destinada a investigar las
acusaciones de torturas a presos políticos, que terminó con una investigación a
los periódicos que habían publicado dichas denuncias.
Del mismo modo fue subordinado el Poder Judicial.
Un intelectual K propuso eliminar el Poder Judicial y en el Gobierno lo criticaron: "Buscan un sistema político distinto"
El escritor y periodista Mempo Giardinelli aseguró que apunta a “un sistema de justicia que no debe ser más un poder”
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Ya en el mensaje leído en día de su asunción al mando
el 04 de junio de 1946, Perón mostró sus propósitos: “Pongo el espíritu
de Justicia por encima del Poder Judicial”.
En una reunión de diputados peronistas volvió sobre el
asunto: “Si el gobierno ha de funcionar con éxito, los tres
poderes deben funcionar en armonía… En la actualidad el Poder Judicial, con
excepción de algunos magistrados, no habla el mismo lenguaje que los otros dos
poderes”.
Un mes más tarde se iniciaba el juicio político a los
miembros de la Suprema Corte de Justicia con el paradojal argumento de haber
convalidado el gobierno de facto de 1943, prescindiendo del detalle que de ahí
había surgido el peronismo.
Destituidos todos los jueces, con
excepción de Tomás D. Cásares, hombre de la iglesia y además peronista, se los sustituyó por magistrados de reconocida conformidad
con el régimen.
El intendente Durañona propuso una Corte Suprema "militante"
Es el jefe comunal de San Antonio de Areco. Pidió ganar las
elecciones e integrar la Corte con "militantes" que defiendan "los
intereses del campo nacional y popular". habló de la necesidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia con "militantes nuestros".
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Dos años más tarde, se
purgaron también los Tribunales inferiores, según un “artículo provisional” adoptado por la Convención Constituyente de
1949 que remitió todos los nombramientos judiciales a la confirmación del
Senado.
En 1954 los miembros del Tribunal Supremo de Justicia
de la provincia de Salta que absolvieron al periodista David Michel Torino, en
un proceso por causas políticas, fueron acusados de
prevaricato y condenados, prohibiéndoseles el ejercicio de la profesión.
Dady Brieva pidió "una Conadep del periodismo": "no tendrían que salir indemnes"
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La mera sumisión a los dictados del régimen no era
suficiente; los nuevos jueces debían dar muestras de una obsecuencia humillante.
Alberto Fernández ya eligió a sus blancos en el Poder Judicial.
Son aquellos jueces a los que acusó de haber firmado "barrabasadas":
Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan
Carlos Gemignani. A la
Corte Suprema, en cambio, la elogió.
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Al asumir sus cargos en 1955 por cesantía de los anteriores jueces, los nuevos
miembros del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba se dirigieron a Perón con
estas palabras:
“Inspirados en el
prototipo de vuestra vida ejemplar, en la acción de nuestra inolvidable Eva
Perón y el principio que informa a la Doctrina, asumimos con fervor peronista
las altas funciones… juramentados en inquebrantable adhesión y lealtad hacia
vuestra insigne persona como líder dela nueva Argentina Justicialista.”
La subordinación del Poder Judicial siguió siendo una
preocupación constante del peronismo hasta el final.
En 1955 el gobernador de Buenos Aires, mayor Carlos
Aloé, decía:
“Los jueces de la
Nueva Argentina, no son jueces de orden común, sino jueces que deben saber
interpretar los principios dela Doctrina y la voluntad del General Perón. Perón
no es el nombre del presidente ni de un político, sino la expresión dela
Justicia”.
Al inaugurar el año judicial de 1955, el ministro
Borlenghi pontificaba:
“La Doctrina
Nacional constituye la fibra medular del nuevo derecho. En consecuencia, siendo
la misión del juez adentrarse en el espíritu del precepto para que fluya a
través de su dictamen la savia de la justicia contenida en su médula, sólo
podrá conocer, interpretar y aplicar la doctrina que es su esencia. No se puede
concebir al juez sin identificarlo con los términos absolutos dela pura
justicia: Perón y el Pueblo”.
El Plan de
Acción Política 1955-1956, publicación de carácter secreto de la Secretaría
de Asuntos Políticos, dedicaba el capítulo III, apartado catorce, a la
Justicia, donde recomendaba:
“La Justicia debe
destruir un movimiento sentando jurisprudencia contraria a la ‘doctrina’. Por
eso recordamos aquello que un lado de la biblioteca dice ‘Peronismo’ y otro
‘antiperonismo’ los fallos deben ser dados utilizando el lado Peronista de la
biblioteca”.
Para que no quedara lugar a dudas sobre la
subordinación de la justicia a los intereses partidarios, Perón escribió de
puño y letra en un memorándum al secretario de Asuntos Políticos, Subiza: “Al enemigo ni
justicia”.
Un juez peronista llegó a confesar, en el transcurso
de un discutido juicio, que “cumplía órdenes que la daban en
el Ministerio de Asuntos Políticos”, y añadió: “Yo no soy juez, soy un títere que
debe obedecer órdenes que vienen de Subiza”.
Los apologistas del peronismo argumentarán que la Justicia al fin no es sino una mera “formalidad” burguesa,
que el anterior Poder Judicial estaba al servicio de la oligarquía y no de la
justicia.
Sin duda, la balanza de la justicia suele inclinarse
de lado de las clases dominantes, pero la subordinación
de los jueces, no ya a una clase sino a un partido político o a una dictadura,
deja en el desamparo también a las clases bajas.
Cuando las obreras telefónicas torturadas presentaron
la denuncia ante un juzgado, debieron soportar la burla de ver como su torturador,
el comisario Lombilla, se abrazaba con el juez.
Todos los legajos con denuncias ante la Justicia de
presos de la Sección Especial eran enviados de vuelta por los jueces a dicha
Sección, donde Lombilla los archivaba.
Para quienes, sobre todo durante el segundo peronismo
1973-1976, eran sacados de sus casas por la noche sin orden de arresto y por
hombres de civil no identificados, encarcelados sin proceso, ni hábeas corpus
ni abogado, torturado, asesinados y arrojados sus cuerpos a un zanjón, las
garantías jurídicas dejaban de ser meramente formales para transformarse en una
dramática cuestión de vida o muerte.
El pueblo argentino debió comprender en carne propia
cómo las garantías jurídicas en la democracia aun burguesa y formal son
preferibles a ninguna democracia.
Los jueces se amalgamaron con la policía y la función
de ambos dejó de ser el respeto a los derechos de los ciudadanos para
transformarse en la defensa del régimen contra los ciudadanos.
Lograda la subordinación del Poder Legislativo y el
Poder Judicial al Poder Ejecutivo, era necesaria aun la subordinación de éste a
la persona del Presidente de la República.
Los ministerios comenzaron a perder autonomía,
mediante la creación de secretarías directamente dependientes de Presidente y
cuya función era informar a éste, y a la vez orientar y vigilar a los
ministros.
A partir de 1950 las secretarías adquirieron mayor
peso político que los ministerios.
Tampoco falto el intento de una organización
corporativa propiciada sobre todo por José Figuerola, falangista español, ex
asesor del dictador Miguel Primo de Rivera y eminencia gris del peronismo.
El corporativismo llegó a institucionalizarse en la
Constitución del Chaco de 1951, donde se estipulaba que la mitad de los
parlamentarios debían ser elegidos por diversas corporaciones locales.
Aunque el corporativismo, como todo en el peronismo,
quedó a mitad de camino, de hecho con los partidos políticos fueron
gradualmente perdiendo importancia frente al mayor peso de las llamadas
“organizaciones del pueblo”: CGT, CGE, GGP, CGU, UES y otras.
DIANA CONTI: CRISTINA ETERNA
Fuente
“LOS DESEOS IMAGINARIOS DEL PERONISMO”
JUA JOSÉ SEBRELLI
Editorial Sudamericana
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