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Expropiación y contratos.
El país lleva perdidos juicios por US$16.500 millones
Thomas Griesa, el juez que tuvo a cargo varias de las causas por los que la Argentina ya pagó sumas multimillonarias y que podrían significarle al menos US$8755 millones más Fuente: Archivo
Sofía Terrile
10 de junio de 2020
La Argentina siempre paga.
A pesar de su mala reputación como pagadora, ya lleva desembolsados US$16.538 millones por expropiaciones, pesificaciones de contratos y deuda en default en tribunales internacionales, y tiene pendientes demandas por al menos US$8755 millones, un monto al que podrían añadirse unos miles de millones según cómo sigan los casos en juzgados no tan amigables para el país.
Los datos se desprenden de un estudio de la consultora Research for Traders.El informe toma al menos cinco sentencias resueltas y al menos 34 pendientes de resolución, todas en tribunales internacionales y entre 2000 y 2019, es decir, en un período menor a 20 años.
Es un monto casi cuatro veces menor al famoso acuerdo con Repsol por el 51% de las acciones de YPF, aproximadamente de US$5800 millones, según consigna el informe.
Por montos menores, también hubo fallos en contra por Aerolíneas Argentinas (US$340 millones) y AySA (US$250 millones), por sentencias en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial que dirime en estas cuestiones.
Por la primera hay en juego unos US$495 millones; por la segunda, unos US$4000 millones.
Son dos demandas que podrían convertirse en un problema mayor: Burford Capital, un fondo buitre, adquirió el 75 y el 70% de los derechos económicos de cada juicio, respectivamente, y estima que los montos podrían convertirse en US$2300 millones y US$9000 millones.
Muchas de ellas en el juzgado del ya fallecido Thomas Griesa, hoy comandado por Loretta Preska.
"El 98% de estos juicios se desencadenó con el default de 2001, pero empezaron a caer hacia 2005. Se dividen en dos grandes grupos: juicios por la deuda y por expropiaciones y nacionalizaciones", detalla Sebastián Maril, socio de Research for Traders.
En ese caso, las cuestiones comerciales y de inversiones se dirimen en los tribunales de la ley bajo la que esté emitido un determinado contrato (como sucede con los bonos soberanos ley Nueva York, por ejemplo) o en organismos que dirimen cuestiones no tan locales, como el Ciadi.
Una raya más al tigre
Más allá de lo que salga en términos cuantitativos, la decisión de expropiar Vicentin "es una raya más al tigre", señala Fernando Marull, de la consultora FMyA.No solo podría implicar más déficit fiscal, sino que también constituiría una mala señal en un proceso de renegociación de deuda en el que los acreedores piden un sendero fiscal sustentable, apunta.
"Sin ir más lejos, el análisis de sostenibilidad de la deuda de inicios de la cuarentena del ministro de Economía señalaba un 0,5% de déficit primario, y vamos a tener uno cinco puntos por encima", dice.
"El track record que viene haciendo el Gobierno en los últimos seis meses tiene mucho que ver con el pasado, entonces uno se pregunta: '¿Cuál es la próxima?'", opina.
"Los gobiernos siempre luchan contra las expectativas, buenas o malas, que las personas tienen de ellos o que ellos mismos generaron. Esto confirma cosas malas que el mercado pensaban de este gobierno", analiza.
Por ahora, a su juicio, las justificaciones no son suficientes: la empresa exporta la mayor parte de su producción y no tiene demasiado poder de formadora de precios, señala Caamaño, porque se mueve en un mercado casi transparente, con valores de commodities.
Tampoco debería ser necesaria para mejorar la oferta de divisas en este contexto de ultracepo, dice.
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