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Opinión
Hay una campaña judicial contra el periodismo en Perú. Soy una de las víctimas.
Personas ligadas al Sodalicio han buscado con ello malograr mi reputación como periodista.
Este uso faccioso del Poder Judicial y el Ministerio Público, y de la propagación de noticias falsas, ha sido utilizado desde hace años en contra de más periodistas peruanos para desestimar nuestras investigaciones y amedrentarnos.
En Perú, la Fiscalía Nacional puede procesar a cualquier persona que sea acusada de una falsedad.
Es una entidad que carece de mecanismos para filtrar la veracidad de las denuncias, y por ello es usada como un instrumento para investigar a periodistas.
A la Fiscalía, cuya ley fundacional dice defender “la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses públicos y la recta administración de justicia”, hay que exigirle como ciudadanía que realice un mínimo control de calidad a las denuncias que recibe, antes de abrir una investigación que solo es un agujero negro donde la verdad es lo que menos importa.
El más reciente ataque en mi contra sucedió en enero de 2021, cuando el fiscal provincial, Walter Villanueva, miembro del equipo del fiscal José Domingo Pérez —quien investiga el Caso Lavajato—, inició una investigación hacia mí por los delitos de lavado de activos.
Lo hizo por una denuncia cuya base principal son unos mensajes de WhatsApp falsos que publicó el diario Expreso de Perú, en dos portadas de septiembre de 2020.
La denuncia fue presentada por Luciano Revoredo Rojas, excandidato en 2021 al Congreso por el partido Renovación Popular y director del sitio La abeja, donde soy protagonista habitual de historias rocambolescas.
En una, se señala que junto a Morgana Vargas Llosa, fotógrafa e hija menor del ganador del premio Nobel de Literatura, buscamos que la organización Sodalicio de Vida Cristiana se vaya de la ciudad de Piura porque tenemos una empresa que busca extraer plutonio y uranio ahí, para después venderlo a grupos extremistas en el medio oriente.
El autor de los dos artículos de Expreso es el periodista Uri Ben Schmuel, quien fue parte de la red de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador Alberto Fujimori, que en la década de 1990 acostumbraba a enlodar a los rivales del gobierno a punta de portadas difamatorias.
Mezclar hechos verdaderos con mentiras fue su fórmula exitosa.
En mi caso se hizo lo mismo, pues los artículos presentan hechos verdaderos: que trabajé de diciembre del 2012 a enero del 2014 como jefa de Redes Sociales en la municipalidad de Lima, y que viajé en noviembre de ese mismo año a un curso en Guatemala.
Pero después hay afirmaciones totalmente falsas, como que tuve tanto poder como la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien nos decepcionó al reconocer que recibió dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña.
La denuncia presentada ante la Fiscalía por Revoredo se basa en los mensajes falsos hechos en Microsoft Word publicados por Expreso, donde supuestamente coordiné la entrega de 600,000 dólares que habría recibido de Villarán en varias maletas que me entregó en Panamá, en noviembre del 2014, y que luego repartí en 2020 a una red de personas que no conozco.
Estas denuncias falsas no solo minan la credibilidad de las y los periodistas, sino que incluso de las propias autoridades.
El 27 de mayo se publicó el artículo “Fábrica de estiércol” en el semanario Hildebrandt en sus trece, donde se reveló una campaña de desinformación contra el fiscal José Domingo Pérez, en la que se mostraron conversaciones falsas en WhatsApp creadas a través de la aplicación Fake Chat Conversations.
Al fiscal le preguntaron en el programa televisivo “Sálvese quien pueda” sobre estas acusaciones y conversaciones falsas.
Contestó: “El objetivo es desprestigiarnos (…) primero, para incomodar; segundo, perjudicar a las investigaciones porque te deslegitiman como fiscal. Y a eso apuntan, a generar indagaciones contra uno (…) se están creando comunicaciones, pruebas o evidencias para que alguna prensa que no haga el control de calidad las publique”.
Después le preguntaron sobre la denuncia en mi contra, y solo dijo: “Entiendo que, por algunos chats falsos, alguna fiscalía me abrirá alguna investigación (…) Si no hay evidencia para continuar, el caso se archiva. A mí me han abierto innumerables investigaciones (…) es una situación que incomoda, pero los fiscales no damos las leyes, las dan los legisladores”.
Esto no solo me ha sucedido a mí.
Mi colega Pedro Salinas también fue denunciado con base en una denuncia falsa enviada a la Fiscalía por el excandidato al Congreso por Renovación Popular, Edgardo Palomino Martínez.
En su caso también se mezclan hechos reales con falsedades: Salinas era socio de una empresa de relaciones públicas y fue contratado por el exfiscal Pablo Sánchez para realizar un trabajo de consultoría que costó 4,500 dólares.
La denuncia consiste en decir que dicho trabajo fue simulado.
El 8 de enero el fiscal que abrió la indagación, Reynaldo Abia, ordenó un allanamiento a la casa de Pedro Salinas, hasta donde llegaron cinco autos policiales, como si fuera el jefe de una peligrosa red criminal.
Hasta hoy no hay resultados de la investigación.
El 11 de enero el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, publicó sobre este allanamiento: “Abia parece haber entendido que era el momento de sacar la artillería reservada para los grandes casos de criminalidad; y eso fue lo que hizo, perpetrando no solo un abuso sino oscureciendo casi del todo la investigación”.
El fiscal Abia ordenó entonces que se citara a declarar a Gorriti, quien contestó que era “inevitable concluir que se trata de una acción de represalia”.
Gorriti, quien además conoce el acoso de parte del Sodalicio contra mí y contra Salinas, me dijo esto sobre las denuncias falsas: “Las campañas de desinformación son tan antiguas como la historia. El periodismo debe entender que la revelación profunda va a traer una contraofensiva tóxica y debe saber enfrentarla con las armas de la verdad”.
El periodismo seguirá haciendo su parte, pero la Fiscalía peruana debe frenar que las campañas de desinformación se utilicen para amedrentar judicialmente a quienes estamos investigando al poder.
La única solución es verificar previamente las denuncias que recibe antes de hacerlas públicas, para que nadie pueda ensuciar la reputación de las personas en nombre de la ley.
fuente
"THE WASHINGTO POTS", EE.UU. 30.06.2022
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