AYUDA MEMORIA CIUDADANA
-VIII'-
El “Caso Sosa”
Lo indiscutible es que en ese instante –dada su jerarquía- el litigio abandona la naturaleza de un mero problema entre partes para transformarse en una causa pública, en un emblema en el que una comunidad se siente identificada.
Sólo en calidad de muestra puedo recordar los siguientes: El “Caso Badaro”; el “Caso Carrasco”; el “Caso María Soledad”, entre tantos otros.
(Por Miguel Chazarreta)
Una causa pública de tal modo que su resultado involucra el destino de toda una comunidad.
En ese entonces fue designado por acuerdo en la Cámara de Diputados y sólo podía ser removido por medio de un Jury de Enjuiciamiento.
Eduardo Sosa asumió como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz el 28 de agosto de 1990.
Desde su nombramiento como Procurador General de la provincia, Sosa tuvo como misión defender los intereses del Estado al interior del Poder Judicial provincial, ejerciendo la jefatura de los Ministerios Públicos (Ministerio Fiscal y Pupilar).
Según dispone la carta magna provincial, gozaba del derecho a la inamovilidad.
El artículo 9°, dispuso, además, la cesantía de Sosa que no fue nombrado en ninguna de las dos jefaturas creadas.
Simplemente lo dejaron fuera del sistema judicial.
Como describiera la reforma salió por la ley provincial 2404, impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner por medio de sus espadas más duras de la Legislatura de entonces: su esposa, Cristina Fernandez de Kirchner y Carlos Zanini, actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Esa Sesión fue escandalosa y contra los argumentos constitucionales de la oposición frente a la barbarie, los diputados del Frente para la Victoria descargaban un nuevo mazazo contra la calidad institucional.
Muy simple: el total sometimiento del Poder Judicial en una sola maniobra legislativa.
Ante todo no olvidemos que por el Artículo 2° de esa Ley se ampliaba de tres (3) a cinco (5) los miembros del Tribunal Superior de Justicia emergiendo de esta manera la “Mayoría Automática” del máximo tribunal judicial al servicio de los intereses oficiales.
Es por demás obvio: allí posteriormente se designaron abogados sin más requisitos que haber dado muestras de ser simplemente “amigos” o súbditos del gobierno provincial.
Tampoco olvidemos que en ese entonces la oposición empezaba a fastidiar con molestos pedidos de informes con respecto a los “Activos Financieros del Estado” que el gobierno de Kirchner recibiera de Menem en Abril de 1.993 y se habían repatriado en el más oscurantista de los misterios. Kirchner ya había extirpado las leyes que obligaban a formar comisiones multisectoriales para la inversión de semejante masa de recursos y empezó a manejarlos como propios y –¡claro!- esto no se pudiera haber hecho sin la suma del poder público del que resulta participe necesaria una Justicia subordinada incondicionalmente.
El máximo tribunal Judicial del País ordenó, en 1998, la reposición del Dr. Eduardo Sosa en el cargo.
Pero la justicia provincial se negó a cumplir la orden; Sosa inició entonces una demanda por desobediencia ante la Corte.
Pero cumplido el plazo, la provincia solicitó que se revisara el caso nuevamente.
Esa vez el tribunal provincial, presidido entonces por Carlos Zanini (Autor y defensor de la Ley declarada inconstitucional), se negó a devolverle el puesto por no contar con partida presupuestaria.
Sosa no aceptó e insistió con su reclamo de lograr su reincorporación.
Y si acaso algún funcionario osara desempeñar su función constitucional en contra de los intereses del poder se lo echa y listo.
Avanzó al Poder Legislativo y, violentando una y otra vez la Constitución Provincial hasta llegar a esto, a lo de hoy, a lo que pasa en Santa Cruz.
Los Partidos de la oposición que en la última elección obtuvieran casi el 60% de la adhesión popular tenga el 16,6% de la totalidad de los legisladores y el Frente para la Victoria que obtuviera el 39% de los sufragios tenga una bochornosa mayoría de 20 Diputados (el 83,4% de la Cámara).
El “Caso Sosa” tendrá, además, la virtud de desnudar esta barbarie institucional diseñada por Kirchner, pero sostenida por sus sucesores Acevedo y Peralta.
El Poder inhumano, brutal y avasallante de un modelo de sometimiento institucional contra el simple poder de la honestidad, de la decencia sostenido por un hombre simple que no hace otra cosa que luchar por sus derechos conculcados. (Agencia OPI Santa Cruz)
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