El espeluznante túnel del
tiempo kirchnerista
Por Fernando Laborda | LA NACION
Twitter: @flaborda
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A sólo 50 días del cambio de gabinete que marcó el
retorno de Cristina
Kirchner al gobierno tras su licencia médica, ha quedado en
evidencia la crisis de un modelo de gestión basado en la hiperconcentración del
poder en una Presidenta a la que, paradójicamente, le cuesta cada vez más tomar
decisiones.
Las telenovelas inspiradas desde el propio Gobierno
alrededor del impuesto a los bienes personales
y del precio del tomate pusieron de manifiesto el prematuro desgaste de un
elenco ministerial en el que cada uno parece hacer lo que cree mejor hasta que
se advierte que nadie puede adoptar medidas relevantes en ausencia de la
primera mandataria. Tanto la imagen de funcionarios condenados por sus propias
chapucerías como el llamativo silencio público de la Presidenta, que ya lleva
un mes, alimentan la sensación de un gobierno en el freezer y de vacío de poder
en el presente contexto de innegable crisis económica.
La desautorización presidencial por la anunciada
reforma del tributo sobre los bienes personales de la que fueron objeto Ricardo
Echegaray y Jorge
Capitanich, a través de Axel
Kicillof, apunta al corazón de los temores imperantes en el
cristinismo. Hay que mostrar a toda costa que la Presidenta ejerce
efectivamente el poder. Si quien tiene las riendas del gobierno no puede
exhibir capacidad de conducir termina devorado por el propio peronismo, según
una máxima implícita de este movimiento. El interrogante es si Cristina
Kirchner efectivamente conduce o apenas se limita a disciplinar funcionarios.
Las marchas y contramarchas en el impuesto a los
bienes personales y en la postergada importación de tomates de Brasil dieron
cuenta de una Presidenta que da órdenes que son anunciadas por sus ministros,
seguidas de contraórdenes que terminan dejándolos en ridículo. No son pocos los
que se preguntan en el peronismo hasta dónde llegará la paciencia de
Capitanich, que llegó a la Jefatura de Gabinete como el artífice del cambio y
que ahora no sólo ha sido descalificado por alguien que debería ser su
subalterno, como el ministro de Economía, sino que ni siquiera puede oficiar
como un vocero confiable del Gobierno.
Algunas voces de la Casa Rosada propician el fin de
las conferencias de prensa diarias de Capitanich. Si bien éstas ayudaron a
poner en evidencia el desconcierto del Gobierno, el verdadero problema no pasa
por ellas, sino por la falta de un piloto y de un plan integral para resolver
el descalabro actual.
La preocupación central del núcleo duro que rodea a
Cristina Kirchner pasa por dos objetivos: frenar la posible construcción de una
liga de gobernadores que pretenda condicionar a la Presidenta, y garantizar
impunidad a los suyos, cubriendo la retirada. El último paso dado con este
propósito fue la designación de conjueces absolutamente afines al kirchnerismo
en la Cámara de Casación Penal, incluidos abogados de Amado
Boudou y Julio De
Vido.
Pero afrontar las demandas de las provincias y las
reclamaciones salariales en el sector público exige una caja que al Gobierno le
resulta cada vez más chica, pese a que la presión fiscal ha alcanzado niveles
récord y a que los argentinos pagamos impuestos propios de países escandinavos
a cambio de servicios básicos propios de los países más subdesarrollados del
África subsahariana.
El finalmente frustrado anuncio de reformar el
impuesto a los bienes personales para tomar las propiedades a su valuación de
mercado y no, como hasta ahora, al valor que sea mayor entre la valuación
fiscal y el precio de escrituración, deja una certeza: si el Gobierno se
plantea la alternativa de recurrir a una medida tan antipática como impopular
es porque el agujero fiscal debe ser muy grande.
La iniciativa le hubiera provocado al Gobierno más
problemas que beneficios. Más allá de las dificultades técnicas para definir
una valuación real en un mercado inmobiliario virtualmente paralizado desde el
cepo cambiario, este tributo, que comenzó siendo concebido como un impuesto a la
riqueza cuando fue creado por el gobierno menemista, iba a convertirse en un
mero impuesto a la vivienda, que hubiese alcanzado a jubilados y sectores de
clase media baja, transformados de la noche a la mañana en "nuevos
ricos" por tener un departamentito de uno o dos ambientes. Conllevaba
asimismo el riesgo de una rebelión fiscal para un Gobierno que ya no está en
condiciones de tirar de la cuerda, y hasta el peligro de que el Congreso, aun
con mayoría kirchnerista, no lo hubiese aprobado y reprodujera lo ocurrido con
la recordada resolución 125 contra el campo, en 2008.
Esta improvisación impositiva hubiera llevado también
a blanquear la verdadera fortuna de muchos funcionarios, empezando por la
propia Cristina Kirchner, cuyos 48 millones de pesos declarados en 2012 como
patrimonio pasarían a una cifra de nueve dígitos, muy próxima a los diez.
Es que si se toma la última declaración patrimonial de
la Presidenta conocida en detalle, correspondiente a 2011, podrá advertirse que
entre las 28 propiedades inmuebles que declara, hay dos departamentos en
Recoleta de 392 y 160 metros cuadrados, respectivamente, valuados en 71.811
pesos el primero, y en apenas 17.587 pesos el segundo. Una estimación
profesional indica que ninguna de esas viviendas puede ofrecerse en el mercado
a menos de 1700 dólares el metro, por lo que la suma de ambas arrojaría unos
938.000 dólares, una cifra setenta veces mayor a lo que declara la primera
mandataria por esos dos bienes.
De acuerdo con la misma declaración jurada, los seis
terrenos que declara en El Calafate y que ocupan un total de 181.324 metros
cuadrados, ascienden a tan sólo 151.900 pesos, un valor inferior al de un
simple terreno de apenas 500 metros cuadrados en la misma zona, por el que su
dueño pide 30.000 dólares. Habría que recordar que Néstor Kirchner adquirió en
su momento gran parte de esos terrenos, que estaban en manos del fisco, a
valores tan insignificantes como irrisorios.
Afortunadamente, el Gobierno permite hoy que haya
negocios para casi todos, como la posibilidad de obtener dólares a alrededor de
9,50 pesos en la Bolsa de Comercio, de acuerdo con la última cotización del
título Bonar X, mientras en el mercado marginal roza los 11 pesos. Esto es
posible adquiriendo en pesos determinados títulos públicos dolarizados y
vendiéndolos 72 horas después en dólares, que se pueden transferir a una caja
de ahorro bancaria.
Al equipo económico esta operatoria le ha generado la
esperanza de que se puede frenar la demanda sobre el llamado dólar blue en el
mercado paralelo. A muchos otros, la ilusión de vivir sin trabajar, repitiendo
una y otra vez el proceso de comprar dólares en el mercado bursátil para luego
venderlos más caros en una cueva y volver a comprarlos a precio menor en la
Bolsa. Para aceitar este mecanismo y garantizar una ecuación que aleje a los
inversores del mercado marginal, la Anses ha salido a desprenderse de bonos
dolarizados de su cartera, probablemente a riesgo de una descapitalización
futura.
Frente a la ilusión oficial de que así bajará el
dólar, habría que recordar que, en un contexto de inflación, con cualquier
control de cambios la brecha cambiaria está condenada a crecer. Basta mirar a
Venezuela.
El progresismo kirchnerista, casi sin que nos demos
cuenta, nos ha conducido, a través de un espeluznante túnel del tiempo, a los
años de las bicicletas financieras del último régimen militar que tanto dice
cuestionar..
FUENTE
LA NACIÓN .COM, 12.01.2014
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