Thales Spectrum
La Argentina, como un ningún otro país, salvo dos repúblicas africanas –Gabón y Burkina Faso- dispuso en julio de 1997, la privatización de todo el espectro radioeléctrico del país, otorgando su gestión a la empresa Thales Spectrum. De esta forma el país no solo violaba reglas elementales de seguridad y defensa nacional sino que confería con ligereza uno de los patrimonios intangibles y estratégicos más preciados por todos los países del mundo. El informe de auditoría, que estuvo a cargo de la Comisión presidida por el auditor Javier Fernández, puso de manifiesto que la obligación básica del contrato fue incumplida porque Thales Spectrum no entregó el sistema informático para la gestión del espectro, lo que constituía la principal exigencia de la licitación. Tampoco realizó el relevamiento inicial de los usuarios, para identificar a los autorizados y no autorizados, lo que profundizó y prolongó el daño causado. Pero, en forma inversa a estos incumplimientos, la empresa obtuvo ganancias fabulosas logrando una tasa de retorno exorbitante, quizá la mayor de todas las empresas concesionadas que la AGN estimó en un 154% anual, entre 1997 y 2001.
Un informe de la AGN, a fines de 2003, puso de manifiesto la vulnerabilidad del Estado, los incumplimientos contractuales, la ausencia de control por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y destacó que los incumplimientos contractuales de la empresa desde el inicio de la concesión eran de tal magnitud que el Estado Nacional tenía derecho a solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
El Poder Ejecutivo rescindió el contrato en 2004 y recuerdo que el juez interviniente solicitó a la AGN copia del contrato originario de concesión para disponer el allanamiento de dependencias en algunas provincias. Lo llamativo es que la AGN disponía de una copia porque había auditado a la CNC desde el comienzo, pero en ese momento el Ejecutivo no disponía del documento original de la concesión que, como en muchos otros casos había desparecido en esa suerte de Triangulo de las Bermudas que existía entre el Ministerio de Economía y el Congreso de la Nación.
También fue de aquellos años la emblemática auditoría sobre el Correo Nacional, que de igual manera sirvió de base y abonó la decisión del Ejecuto de proceder a la rescisión del contrato y su reestatización.
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