C. Recursos Pesqueros
Desde hace más de una década, la AGN viene señalando los crecientes riesgos de colapso de nuestros principales recursos pesqueros, debidos a una crónica sobreexplotación y a prácticas que están devastando algunas especies de la rica y extensa plataforma continental del Mar Argentino, y en particular la merluza común, sin duda la especie más importante que según nuestras auditorías exportaba en 2008 más de 320 millones de dólares de los 1100 millones de dólares que exporta toda la industria pesquera. Sin embargo, a pesar de las constataciones y recomendaciones de la AGN, el Estado no ha adoptado aún las medidas necesarias para revertir esta gravísima situación.
Asombrosos registros reafirman la tendencia crítica que se verifica en la relación entre la captura y la biomasa reproductiva de recursos pesqueros que, desde hace más de una década, están por debajo del umbral de sustentabilidad.
Una cosa es el exceso y otra, quizás más grave, la devastación. Los informes de auditoría muestran que no se usan los instrumentos de pesca que evitan la captura de “juveniles”, lo cual no solo afecta la futura reproducción, sino que tiene, además, consecuencias ambientales negativas porque las especies que se devuelven al mar sin vida contribuyen a alterar los equilibrios del ecosistema, por ejemplo incrementando las poblaciones de especies carroñeras a expensas de las especies cazadoras, o reduciendo los niveles de oxígeno en el fondo del mar.
Como ejemplo, el último estudio de la AGN puntualiza que por descartes provenientes de la pesca de langostino –es decir, por no utilizar los dispositivos adecuados–, en 2007 se capturaron “incidentalmente” 32 mil toneladas de merluza juvenil, 160 millones de ejemplares muertos que se arrojaron al mar antes de que alcanzaran la edad reproductiva.
La situación descripta se ha visto facilitada y agravada por la ineficacia de los controles y falencias en la aplicación de sanciones. La AGN detectó que entre 2006 y 2009 se habían previsto multas por 90 millones de pesos y lo realmente cobrado fue apenas algo más de 13 millones. A esto se debe agregar, por un lado, un sistema dilatorio de sumarios. El tiempo que transcurre entre la infracción y su notificación a las empresas supera, en promedio, los tres años.
Con respecto a los inspectores, los sucesivos informes señalan que no están suficientemente capacitados para cumplir esa tarea y sin embargo, el último curso de capacitación de inspectores tuvo lugar diez años atrás.
Por otro lado, no es poco frecuente que haya amenazas que ponen en riesgo la vida de los inspectores cuando quieren realizar seriamente sus tareas a bordo. Cuando alguno de ellos denuncia haber recibido maltratos a bordo, no logra una respuesta institucional que no sea la de evitar que ese inspector vuelva a embarcar en el mismo buque o con la misma empresa.
Somos un país sin conciencia marítima. En la década del 60, durante la dictadura de Onganía, en la Argentina se permitió la pesca con explosivos, lo que provocaba una enorme mortandad de todas las especies marítimas. Tal despropósito se perpetraba para hacer harina de pescado, lo cual afortunadamente ha sido prohibido.
Hasta los 90, más que el recurso, lo que se protegía era la industria armadora local. La desregulación implicó una desmedida expansión de la actividad pesquera impulsada por un fuerte interés internacional en la riqueza ictícola de nuestra región. Los acuerdos de pesca celebrados por entonces con otros países precipitaron la sobreexplotación. La posibilidad de operar en un esquema poco regulado y sin costos ambientales, y un marco jurídico institucional permisivo, ha generado grandes beneficios de corto plazo y favorece la permanente sobreexplotación del recurso.
La Auditoría lo ha dicho y lo ha repetido muchas: se requieren medidas urgentes, vigorosas y eficaces que frenen esa tendencia hacia el abismo. De lo contrario, en pocos años nuestros principales recursos pesqueros podrían colapsar y el proceso de recuperación sería mucho más costoso y prolongado. Tal vez, hasta imposible.
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