AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AUDITORÍA GENERA DE LA NACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (CUENTA DE INVERSIÓN)

h. Ejecución Presupuestaria (Cuenta de Inversión)
Uno de los roles más importantes del Congreso es la aprobación del Presupuesto Nacional y el examen de su ejecución al tratar la Cuenta de Inversión que desde 1994 con la reforma constitucional debe contar necesariamente con un dictamen previo de la AGN.
Este rol constitucional del Congreso no ha sido cumplido en forma acabada en todos los casos a lo largo de nuestra vida institucional. Hay largos periodos en que las cuentas de inversión no han sido tratadas por el Congreso y en otros se desconoce el resultado de dicho tratamiento al extremo de que resulta dificultoso reconstruir con precisión a lo largo de nuestra historia la suerte que ha corrido cada una de las Cuentas de Inversión. Lo cierto es que en 2002 el retraso en el examen de las cuentas de inversión de los años precedentes era considerable y la propia auditoría registraba también crecientes demoras en sus exámenes. Los esfuerzos de normalización  de esta tarea por la AGN han sido mayúsculos y nos han permitido dar cumplimiento en término. En 2003 se aprobó la Cuenta de Inversión del año 1999 mientras que en 2011 trabajamos en la aprobación de la Cuenta de Inversión 2009. En ese sentido cabe destacar el sostenido empeño de Oscar Lamberto, primero en el Congreso y luego en la AGN.
Acabamos de completar el examen del dictamen de la cuenta de 2010 y hemos dado inicio a la de 2011. En el Congreso no ha acontecido lo mismo y si bien se produjo una notoria mejora en el tratamiento de la cuenta aún se registra déficit temporales significativos.
En lo esencial, los dictámenes de la AGN son de suma trascendencia para el Congreso ya que permiten conocer la verdadera canalización de los recursos públicos por las distintas jurisdicciones y sobre todo si se han respetado o no las pautas fijadas por el Congreso mediante su aprobación.
Si bien el Presupuesto Nacional es un instrumento clave para una correcta administración del Estado, ya que como ley fundamental establece el programa de gobierno donde están plasmadas las políticas, en la práctica de los últimos años le ha hecho perder gran parte de sus rasgos esenciales debido a la conjunción de varios factores, particularmente a la subestimación de los ingresos, de la inflación real y del crecimiento económico.
La facultad del Poder Ejecutivo de reasignar libremente partidas a través de los llamados “superpoderes” (Ley 26.124) y las delegaciones realizadas por el Congreso de la Nación a través de las respectivas leyes de Presupuesto han creado grandes distorsiones y lo han transformado en una suerte de alegoría que encierra un nuevo esquema de distribución de fondos. En algunos ejercicios el desvío entre el Presupuesto aprobado por el Congreso y el ejecutado alcanzó un 30%; mientras que el promedio del último quinquenio supera el 20%. Esto se traduce en una ejecución presupuestaria de otro color, otro ritmo y otro contenido.
El rol de la AGN se acentúa cuando el Congreso delega funciones. Debido al abanico de ampliaciones y modificaciones, solo puede evaluarse el resultado de la gestión presupuestaria cuando se procede al análisis anual de la Cuenta de Inversión. Según surge del informe de la AGN correspondiente al ejercicio 2009, el 82% de las modificaciones presupuestarias se encuentran concentradas en solo siete organismos, de los cuales el Ministerio de Planificación Federal, siempre es el más beneficiado.
Inciden en la composición del Presupuesto las transferencias identificadas como “discrecionales” (sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo), ya que permiten remitir considerables fondos a provincias, municipios, organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. El total de transferencias discrecionales en el período 2000-2010 se incrementó 10 veces (1000%), de  11 mil millones a 116 mil millones de pesos.
Durante 2010, las Provincias recibieron un 26% más de recursos nacionales a través de transferencias discrecionales que por Coparticipación Federal de Impuestos ($ 100 mil millones y $ 80 mil millones, respectivamente). Así se introdujo una divergencia en los coeficientes de distribución de ambos recursos. Otro dato relevante –observado por la AGN–  es el incremento sucesivo de los subsidios a empresas del sector privado, que alcanzaron en 2010 un monto de $ 45 mil millones.
La AGN creó en 2008 una nueva gerencia para auditar este tipo de transferencias y verificó que la asignación directa de recursos presenta debilidades en el circuito de control interno, ausencia de un adecuado sistema de rendición de cuentas y serias deficiencias de calidad en la ejecución de obras.
También detectó desajustes entre los avances físicos y financieros de varios programas, sin información que justifique esos desvíos, abriéndose así una puerta a posibles irregularidades. Estamos realizando la auditoría del programa Sueños Compartidos, cuyo principal gestor, Sergio Schoklender, está siendo investigado por la Justicia.
El cuestionamiento a esta nueva modalidad en la distribución de fondos no radica solo en su incremento: su manejo arbitrario puede vulnerar el principio de equidad, al permitir que algunas provincias reciban más recursos que otras, en muchos casos por preferencias políticas o agudos desajustes con los criterios preestablecidos.
Informes de la AGN correspondientes a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2009 revelan que las provincias que recibieron mayores transferencias respecto del crédito inicial fueron Jujuy (46,8%), Santa Cruz (41,2%) y Santiago del Estero (40,2%). Por el contrario, otras recibieron transferencias por debajo del crédito inicial; tal es el caso de Santa Fe (-25,3%) y Catamarca (-18,2%).
La intervención del Congreso podría limitar las consecuencias económicas y políticas desfavorables de este manejo concentrado de los fondos y evitar el doble juego de privilegios o restricciones presupuestarias infundadas.
También es imperioso que el Congreso fije, con la aprobación de la ley de presupuesto, criterios de asignación de los recursos que se recauden por sobre lo previsto. De lo contrario, el país será cada vez más unitario no solo en lo económico sino también en lo político.
Con respecto al balance del Estado, la AGN ha mantenido abstención de opinión sobre los estados contables hecho este último de carácter permanente, basado en la carencia de inventario con la valoración de los bienes inmuebles del Estado, la incertidumbre sobre el recupero de créditos de diversos organismos, la incertidumbre sobre el patrimonio consolidado de entes y organismos de la Administración Nacional, en particular de la ANSES y las contingencias sobre la deuda pública no regularizada, Club de París, otros préstamos, el saldo remanente de la deuda reestructurada (“hold outs”) y sus intereses, la incertidumbre sobre el resultado y los montos reclamados en juicios contra el Estado.
Estas distorsiones no solo se profundizan y se ven facilitadas por las modalidades de transferencias a provincias, municipios y sector privado, sino también por la creciente aplicación  de los fondos fiduciarios que hoy ocupan un porcentaje importante en el Presupuesto Nacional.

FUENTE

LEANDRO DESPOUY.COM

10 AÑOS EN LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN