Existe una tendencia que se viene consolidando: alcanzar los 30 años de aportes establecidos por la ley se ha convertido en una excepción en
el actual mundo del trabajo.
Esto se explica en parte por la expansión
de los empleos informales, la precariedad laboral, la intermitencia y el
desempleo.
La brecha entre la cantidad de trabajadores que aportan a
algún sistema previsional y la población activa señala la existencia de
una parte significativa de la fuerza laboral que carece de cobertura y
derechos laborales básicos.
Fundación Éforo se propuso conocer el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
para ofrecer una visión integral de la situación actual, evaluar su
sostenibilidad, comprender el grado de cobertura, entre otros datos que
contribuyan al debate sobre un problema que atraviesa a millones de
adultos mayores.
Cómo se compone el SIPA
Básicamente,
el Sistema Previsional Nacional Argentino (SIPA) está integrado por
aportantes (activos) y beneficiarios (pasivos).
En la actualidad el SIPA cuenta con, aproximadamente, 10,9 millones de trabajadores/as aportantes (activos) y otorga 6,8 millones de beneficios.
El
total de aportantes representa el 48% de la población económicamente
activa (PEA) y sólo el 65,6% corresponde a trabajadores/as en relación
de dependencia.
En cuanto al grado de cobertura, el informe resalta el alto grado de protección ofrecido por el SIPA.
Prácticamente, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el Sistema.
El 9% restante comprende a adultos mayores que aún se encuentran
trabajando, están sin empleo o se desempeñan en la informalidad.
Y de
esta población, alrededor del 50% de los beneficiarios perciben una jubilación mínima.
Durante
los últimos 20 años, las distintas leyes de moratoria previsional han
permitido abordar la necesidad de ingresos de la población adulta mayor.
Esta política excepcional surge como respuesta del Estado ante la disminución en la cobertura de la seguridad social producto de las transformaciones en el mundo del trabajo.
![Los años de aportes: el dato ausente del sistema previsional]()
Del total de jubilaciones vigentes, el 67% se explica por la implementación de moratorias.
Esto da cuenta de la proporción de aportantes necesarios para cada beneficiario.
La relación activo-pasivo actualmente es de 1,6 activos por cada pasivo, que resulta significativamente más baja de lo necesario para lograr el equilibrio a largo plazo.
La relación activo-pasivo de referencia para garantizar un resultado
financiero sostenible ronda entre los 3 o 4 aportantes (activos) por
cada beneficiario.
Más allá del sistema de actualización y movilidad implementado, en un contexto inflacionario las jubilaciones pierden sí o sí.
En 2023, la fórmula de movilidad vigente no frenó la caída del poder
adquisitivo: sin tomar el efecto compensatorio de los bonos otorgados,
las jubilaciones perdieron un 32,2% del poder de compra real, mientras
que los haberes más bajos, que son los que recibieron compensaciones
mediante el otorgamiento de bonos, cayeron un 14,1% el valor real de sus
ingresos (aproximadamente el 48% de los beneficiarios).
Esto se
suma a lo que sucedió entre diciembre de 2023 y enero 2024, momento en
que las jubilaciones cayeron un 17% en términos reales.
En total, en el
último año, incluyendo el primer mes de 2024, la caída de las
jubilaciones mínimas sin bonos y las jubilaciones máximas perdieron un
49,7% de poder de compra real, mientras que las jubilaciones con bonos
un 23,6%.
Un dato falta en el debate
Con
el propósito de profundizar en la temática, Éforo inició un trámite de
acceso a la información pública a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS), dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El objetivo fue caracterizar y analizar a la población de personas que
reciben un beneficio previsional por vía moratoria.
El dato que se
buscaba era conocer los años promedios de aportes que realizaron estas
personas como una forma de acercarse a una problemática interna del
mundo del trabajo.
¿Cuántos beneficiarios de jubilaciones
por moratoria aportaron 20, 10 o 5 años?
¿Cuántos no lograron nunca
acceder a un empleo formal y realizar por lo menos un aporte?
Son
algunas de las preguntas que pueden ser contestadas con este tipo de
información.
A su vez, brindaría una perspectiva actualizada de las
trayectorias laborales de los últimos 20 años, y permitiría identificar
claramente cuántas personas no accedieron en ese tiempo a ningún empleo
formal.
Recientemente, Éforo recibió la respuesta por parte del
director de la Dirección Previsional de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).
El organismo advirtió la excepción al deber de
brindar la información prevista en el art. 5° de la Ley Nº27.275,
cuanto establece que “la información debe ser brindada en el estado en
el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando
obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. El Estado
tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo
casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara
un esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará la Agencia de
Acceso a la Información Pública.”
Dado que la información
solicitada no (¿SIC?) resulta imposible de ser confeccionada y no requiere
revelar información privada o personal, el pedido entraría en la
categoría de excepción de “un esfuerzo estatal desmedido.”
La Ley 27.275 y sus funciones
En 2016 en Argentina se sancionó la Ley 27.275 que establece el acceso a la información pública.
A partir de ese momento se puede pedir información en las instituciones
estatales nacionales, de manera online o presencial, de forma gratuita
en ambos casos.
También se puede solicitar información a las provincias y sus organismos, pero cada una tiene una metodología diferente.
La información pública es aquella generada o en poder del Estado, o por sus organismos descentralizados y centralizados.
Cualquier ciudadano argentino puede solicitar información pública sin necesidad de explicar la razón del pedido.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), creada por la Ley 27.275, es garantizar que el derecho se cumpla a nivel nacional.
Además entre sus funciones también está la de fomentar la transparencia
activa en el mismo ámbito y la protección de datos personales.
Los
pedidos se pueden realizar de forma presencial, por escrito, en el
organismo al cual se le está solicitando información, por mesa de
entrada.
O de forma virtual a través de la plataforma Trámites a
Distancia (TAD).
- Para empezar es necesario ingresar a la plataforma TAD con el DNI o la Clave Fiscal de AFIP.
- Una vez dentro, buscar el trámite “Acceso a la Información Pública”.
- El tercer paso es completar el formulario, con los datos correspondientes en cada caso e indicando el organismo al cual se le está solicitando información.
- Lo último es confirmar el trámite. Pero antes es necesario chequear que el mail de contacto sea el correcto.
- Una vez finalizado, se genera un número de expediente y en 15 días hábiles el organismo responderá por mail. Pueden prorrogar por 15 días más la respuesta.
- La plataforma TAD permite ingresar para realizar el seguimiento del expediente.
- Si en el plazo estipulado no responden, se puede presentar una queja ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
fuente
"el Auditor info", 22.07.2024
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