Mucho
tiene que mejorar la asignación de recursos la Argentina para poder
afrontar los gastos de las prestaciones jubilatorias el día de mañana.
Si se sigue de la misma manera, el colapso del sistema previsional es un
casi un hecho
Mientras que hoy hay seis personas en edad activa por cada adulto de
65 años o más, en 2050 habrá tres y en 2100, sólo dos. Y esas dos
personas tendrán que sostener, con parte de los recursos generados por
su trabajo, a una que -buena noticia, sin dudas- vivirá muy
probablemente más años que los jubilados actuales. En ese escenario, la
alta informalidad, además de ser un problema en sí mismo, frena las
posibles y necesarias mejoras de productividad.
En un profundo análisis realizado por Silvia Stang para el diario La
Nación, revela que la distribución por rangos de edad que muestra hoy
la población ubica al país en una etapa de “ventana” o “bono
demográfico”.
Con una participación del 10% de las personas mayores de 65 años
sobre el total de habitantes -un índice que se duplicará hacia 2050-;
una tasa de fecundidad en caída -la participación de los menores de 15
años no variará de aquí a 2100-, y la expectativa de vida en alza -hoy
es de 75 años y será de 85 al final del siglo-, la Argentina está en la
etapa previa a la signada por los costos asociados al envejecimiento
poblacional.
El “bono”, que implica una condición demográfica favorable para
crecer, terminará hacia 2035. Entonces se agravarán los problemas para
financiar a los pasivos. Esto plantea, según un informe del Banco
Mundial, un desafío urgente.
Lo que se necesita, según coinciden los expertos, es un crecimiento
significativo de los niveles de ahorro e inversión, un alza de la
productividad y una reducción de la informalidad.
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Así como las edades de ingreso y egreso del mercado laboral influyen
para determinar la necesidad de recursos, poder contar con más
trabajadores mejoraría la ecuación. “Entre las medidas posibles para
abordar el desafío de la sostenibilidad están el aumento de las tasas de
actividad (porcentaje de personas que trabajan o buscan hacerlo, sobre
la población total) y de empleo, especialmente entre las mujeres y los
jóvenes”, dice Fabián Repetto, director del Programa de Protección
Social de Cippec, quien agrega que también podría promoverse un alza de
la población en edad de trabajar por flujos inmigratorios.
Actualmente, la participación de los jóvenes de entre 25 y 29 años no
sólo es más baja aquí que en un grupo de países desarrollados como
Estados Unidos, Alemania o España, sino que, además, la tasa cayó de
79,8 a 77,5% entre 2004 y 2014, según un informe basado en datos del
Indec y de la OIT hecho por los economistas del Ieral Marcelo Capello,
Gerardo García Oro y Laura Caullo.
¡¡¡PESICIDIO!!!... ¿ASÍ SE DIRA? $1,=m/n (1969) = U$S 28.409.000,=
Lunes, 13 de julio de 2015
Los cambistas de Salem
Marcelo Bátiz - Especial para Los Andes
Las comparaciones serán odiosas pero es la propia
presidenta la que insiste en que todo tiene que ver con todo. Pasaron
más de tres siglos de los juicios de Salem, y el kirchnerismo lanzó su
“Nueva Doctrina de la Inteligencia Nacional”, renovado intento de caza
de brujas que periódicamente se ensaya para no atender la causa por la
que, desde las grandes empresas hasta el más modesto de los empleados,
recurren a la compra de dólares.
Desde la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia, la base
monetaria se incrementó un 1.396 por ciento y la participación de las
Lebac en ella pasó, en el mismo lapso, del 15 al 60 por ciento.
En mayo
de 2003 la relación entre reservas y base monetaria era de 3,05 pesos
por dólar y en la actualidad de 14,90, cifra que podría duplicarse si se
tomaran sólo las reservas de libre disponibilidad.
Y si los argentinos saben algo, es que después de períodos
prolongados de dólar subvaluado sobreviene una devaluación. Así ocurrió
en 1975, 1981 y 2002. Y al igual que en esos años, tratan de que sus
ahorros no se deterioren.
Una realidad tan evidente no parece ser tenida en cuenta por las
autoridades que, por el contrario, recurrieron a tomar el toro por la
cola y apelar a las teorías conspirativas. En ese marco se presentó el
decreto con la “Doctrina”.
Subordinada a la conducción de Oscar Parrilli en la AFI estará la
Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera, que
entre las problemáticas de relevancia a las que se abocará figuran un
conjunto de hechos y protagonistas tan amplio como impreciso, coronado
con un “etcétera” que deja abierta cualquier posibilidad de
intervención.
La compra de dólares para tenencia personal en el mercado formal se
aceleró en los primeros días de julio y hace prever que el mes finalice
con un nuevo récord. Basta confrontar los primeros seis días hábiles con
el mismo período de junio, el récord aún vigente: 336,1 millones contra
218,7 millones. Solo con mantener esa diferencia (que, mal que le pese a
la AFI, se amplía día a día), julio terminará con compras por 630
millones de dólares.
Movimientos similares se observan en el mercado paralelo, en parte a
través de ventas de quienes adquieren los dólares mediante la modalidad
permitida por la AFIP y el Banco Central, en una bicicleta alentada
desde el mismo poder que permite compras a valores subvaluados. Y en
parte, también, porque por más que se haya flexibilizado parcialmente el
cepo, solo pueden acceder al “dólar ahorro” aquellos que ganen el
equivalente a por lo menos dos salarios mínimos. Y dentro de ese
limitado universo, no se les permite adquirir más del 20 por ciento de
sus ingresos mensuales.
Si este raro esquema se diera en un contexto sin inflación, moneda
estable y opciones de ahorro convenientes y a disposición de todos, sólo
se trataría de una de las tantas curiosidades de un país cuya historia
no se ha caracterizado por contar con instituciones económicas sólidas.
Pero la realidad es otra: con la breve interrupción de enero de 2014, la
inflación le viene ganando al dólar desde junio de 2002. Trece años
consecutivos, casi el triple del tiempo que duró la “tablita” de
Martínez de Hoz.
Si Parrilli busca antecedentes, podría prestar atención, entre
tantos, al ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, quien a más
de doce años de dejar el cargo considera “pésimo, terrorífico,” el
actual desempeño de la autoridad monetaria.
“El Banco Central hoy es un apéndice de la Tesorería de la Nación y
no hace más que emitir para cubrir el déficit. Tiene que recuperar su
autonomía, que quiere decir aplicar las leyes que aprueba el Congreso y
no las órdenes diarias que le da el Ministerio de Economía”, puntualizó.
Mucho más sencillo y eficaz que pinchar todos los teléfonos de la City.
O bien, recordar un ejemplo muy usado para explicar por qué los
argentinos en general se volcaron y se vuelcan al dólar como nadie en el
resto del mundo.
En julio de 1969, una persona encuentra diez billones de pesos moneda
nacional y tiene dos opciones: cambiarlos por dólares (que por entonces
cotizaban a 352 pesos m/n por unidad) o conservarlos en su denominación
original.
En el primer caso, hoy tendría 28.409 millones de dólares. En el segundo, un peso.
Si a algunos les alarma la brecha entre el dólar oficial y el
paralelo, que tomen nota de la inconmensurable diferencia entre las dos
opciones del ejemplo: 26 billones por ciento en 46 años.
Aquellos expertos en inteligencia que velan por la seguridad y el
orden internos deberían tener en cuenta una cuestión tan simple antes de
emprender su Salem cambiario. A no ser que crean que un peso equivale a
28.409 millones de dólares.
El fiscal de Estado criticó el fallo del 82% móvil
Jorge
Posse Ponessa anticipó que la Provincia apelará la acción de amparo a
favor de un jubilado ante la Corte Suprema de Tucumán El representante
legal del PE indicó que la vía utilizada por los demandantes no es la
adecuada. Alperovich había dicho que acatarían la decisión de la
Justicia.
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
La Casa de Gobierno recibió con sorpresa, pero no con
satisfacción, la sentencia de la Justicia Provincial que hizo lugar a
una acción de amparo planteada por un jubilado, que reclamaba el pago de
sus haberes con el 82% móvil. Por lo que se vio ayer, el fallo fue tan
inesperado que la estrategia del Gobierno provincial fue variando con el
correr de las horas. “Nosotros acataremos todo lo que digan los
fallos judiciales. Estos 12 años, la división de Poderes ha sido
fundamental. Les consta que todos los fallos de la Justicia los
acatamos”, señaló el gobernador José Alperovich en la mañana de
ayer, durante un acto de entrega de pensiones y microcréditos del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el complejo Belgrano. A la tarde, LA GACETA consultó al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa,
quien si bien se mostró de acuerdo con respetar las decisiones
judiciales, adelantó que la idea del Poder Ejecutivo es la de apelar la
sentencia para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) dirima
la cuestión. “Sin lugar a dudas vamos a ir a casación. El amparo no es
la vía adecuada. Tenemos la acción ordinaria para realizar esta clase de
trámites. En todos estos años la Provincia ha pagado los juicios de
acción ordinaria”, aseguró el representante legal del PE. En diciembre pasado, el ex empleado legislativo Francisco Ismael Saleh acudió a la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. Con el asesoramiento de los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada,
el jubilado planteó una acción de amparo para exigir el pago del 82%
móvil. Fundamentó su pedido en que se había producido una lesión de
derechos reconocidos en la Constitución; en que esa lesión fue provocada
mediante una arbitrariedad por parte del Gobierno provincial; y en la
carencia de otro medio ideal para el reclamo. El lunes, los
vocales Ruiz (preopinante) y Castellanos dictaron una sentencia que
ordena a la Provincia “observar fielmente en lo sucesivo el porcentual
de movilidad oportunamente acordado”. Así, a partir de ese
pronunciamiento, el jubilado Saleh comenzará a percibir sus haberes de
manera completa, con el 82% móvil incluido. Más allá de que
Alperovich se mostró a favor de respetar el fallo de la Justicia
provincial, la Fiscalía de Estado ya está trabajando en la apelación de
la sentencia. El abogado de la Provincia, Posse Ponessa, confía en que
la Corte Suprema descartará la vía del amparo para este tipo de
reclamos. Pero el fiscal de Estado además se mostró molesto por algo que
consideró “una irregularidad”. “Me llama la atención que (los
Tribunales) no hayan notificado a la Provincia; no conocemos la
sentencia. Hice una presentación hoy mismo (por ayer) en la Corte,
porque (en el sistema) consta que está para resolver el expediente. La
cuestión es que la prensa y la parte que formuló la demanda tienen el
fallo, pero no la parte demandada. ¿De qué igualdad de las partes
hablamos?”, lanzó el fiscal de Estado. Sin embargo, prefirió no
profundizar respecto a si podrían haber existido intereses políticos
alrededor de la causa “Saleh”. “No pienso nada, sólo digo la realidad.
Después el tiempo aclarará las cosas”, indicó Posse Ponessa. Agregó
que si bien no tiene “conocimiento del alcance de la sentencia”,
apelará la decisión de los camaristas. “No es la vía, más allá de que
corresponda o no (el pago del 82%). ¿Para qué existen los Códigos de
Procedimiento si no los vamos a respetar? Para determinado juicio,
determinado tipo de vías”, insisto el letrado. Fallo.- En
diciembre pasado, Francisco Ismael Saleh planteó una acción de amparo
para exigir que se le paguen sus haberes jubilatorios con el 82%. La
sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por
Salvador Ruiz (preopinante) y Horacio Castellanos, dictó el lunes una
sentencia que ordena a la Provincia “observar fielmente en lo sucesivo
el porcentual de movilidad oportunamente acordado”. El proceso.-
El proceso fue impulsado por los abogados Roberto Toledo y Arnaldo
Ahumada. Argumentaron que se registraban en el caso los tres requisitos
para un amparo: lesión de derechos reconocidos en la Constitución; que
esa lesión sea provocada mediante una arbitrariedad, y la carencia de
otro medio ideal para el planteo. Beneficio constitucional.-
La sala I en lo Contencioso Administrativo contempló el artículo 14 bis
de la Constitución nacional para arribar a algunas de sus conclusiones.
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable”, indica la Carta Magna nacional. Y
menciona las “jubilaciones y pensiones móviles” entre esas cargas. A la
vez, los camaristas recordaron que, según la Corte Suprema de la
Nación, uno de los principios que sustenta el sistema previsional
argentino “es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre
el haber de pasividad y el de actividad”. Jurisprudencia.-
Los camaristas contemplaron la sentencia en el caso “UPCN”, dictada
por la Corte nacional en 1996. “Todo incumplimiento por parte del Estado
nacional de las obligaciones que asuma frente a la Provincia con
relación a los beneficiarios de pasividades (...), y toda situación que
implique (...) una supresión, disminución o restricción por causa
fáctica o jurídica de las pasividades, su monto y porcentualidad
respecto del haber de los activos, engendrarán para la Provincia la
obligación de resarcir a las personas afectadas por los perjuicios ya
producidos y de hacerse cargo de las prestaciones futuras”.
El
fallo dice que el Gobierno provincial deberá “observar fielmente en lo
sucesivo el porcentual de movilidad” del demandante, y empezar a pagar
de manera correcta. La sala I de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo hizo lugar al amparo que había planteado un empleado
legislativo jubilado.
FRENTE A LA SEDE DEL PE. Los jubilados protestan por el 82% móvil
en la plaza Independencia desde 2004. la gaceta / foto de antonio
ferroni (archivo)
En agosto de 1990, Francisco Ismael Saleh obtuvo los
beneficios de la jubilación provisoria; ocho años después, se le
concedió el pase definitivo al sector pasivo como director del Cuerpo de
Taquígrafos de la Legislatura. En todos estos años, el trabajador
retirado percibió una suma inferior a la que le correspondía por ley,
según las consideraciones de un tribunal de la Justicia local. Por fin,
la cuestión se resolvió a su favor. Y en sólo siete meses. En
diciembre pasado, Saleh concurrió a la Justicia provincial -en paralelo
impulsa un expediente en el fuero federal- para reclamar, mediante una
acción de amparo, el 82% móvil al Gobierno provincial. Ayer, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Salvador Ruiz (preopianante) y Horacio Castellanos,
dictó una sentencia que ordena a la Provincia “observar fielmente en lo
sucesivo el porcentual de movilidad oportunamente acordado”. Así, a
partir de ese pronunciamiento, Saleh comenzará a percibir sus haberes de
manera completa, con el 82% móvil incluido. Para llegar a esa
decisión, los magistrados se apoyaron en parte en un fallo de 1996 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en una causa iniciada
por la Unión el Personal Civil de la Nación (UPCN). Allí, el alto
tribunal nacional señala que “todo incumplimiento por parte del Estado
nacional de las obligaciones que asuma frente a la Provincia con
relación a los beneficiarios de pasividades (...), y toda situación que
implique (...) una supresión, disminución o restricción por causa
fáctica o jurídica de las pasividades, su monto y porcentualidad
respecto del haber de los activos, engendrarán para la Provincia la
obligación de resarcir a las personas afectadas por los perjuicios ya
producidos y de hacerse cargo de las prestaciones futuras”. Por un trato similar Si
bien la sentencia es válida para el caso particular de Saleh, otros
jubilados en su situación podrían concurrir a los tribunales
provinciales citando esa acción de amparo, para solicitar un trato
similar. El trabajador retirado, que participó desde 2004 en
marchas en la Plaza Independencia y en diversos reclamos por el 82%
móvil, realizó el trámite judicial representado por los abogados José Roberto Toledo y Arnaldo Ramón Ahumada. La
acción de amparo le permitirá a Saleh percibir un haber jubilatorio que
trepará aproximadamente al doble de lo que cobra actualmente. Durante
la tramitación del expediente, según consta en la sentencia, la Fiscalía
de Estado no entregó los informes que le correspondían a la Provincia
como supuesta autora del agravio (paso previsto en el artículo 21 del
Código Procesal Constitucional provincial), y tampoco contestó cuando se
le corrió traslado de la demanda. La sala I en lo Contencioso
Administrativo contempló el artículo 14 bis de la Constitución nacional
para arribar a sus conclusiones. “El Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”,
indica esa normativa. Y menciona las “jubilaciones y pensiones móviles”
entre esas cargas. A la vez, los camaristas recordaron que, según la
CSJN, uno de los principios que sustenta el sistema previsional
argentino “es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre
el haber de pasividad y el de actividad”. Si bien esto no esta regulado
en la Constitución nacional, Ruiz y Castellanos advirtieron que eso no
puede redundar “en un desequilibrio”. “Lo que la pauta de movilidad
persigue es que el jubilado perciba durante todo el tiempo de pasividad
un beneficio cuya suma sea razonablemente proporcional no sólo a la
remuneración que ganaba a la fecha de jubilarse, sino a la que seguiría
ganando en cada momento si estuviera en servicio activo”, señala la
sentencia, a la que accedió LA GACETA. Para tener en cuenta 1.- ¿Qué es la movilidad porcentual de la jubilación? El cálculo conocido como “82% móvil” permite que el valor real del haber
jubilatorio se mantenga, más allá de los cambios nominales. Así, tal
como lo dispone la Constitución nacional, el jubilado conserva los
recursos que tenía estando en actividad. 2.- ¿Por qué correspondía una acción de amparo? Saleh y sus abogados sostuvieron que se registraban los tres requisitos
para un amparo: lesión de derechos reconocidos en la Constitución; que
esa lesión sea provocada mediante una arbitrariedad; y la carencia de
otro medio ideal para el planteo. 3.- ¿Qué implicancias puede tener esto en Tucumán? Si bien los Jubilados de la Plaza sostienen que el Gobierno provincial
no respeta los fallos que ordenan el pago del 82% móvil, el amparo que
obtuvo Saleh abre la puerta a otros en su situación para que inicien su
propia demanda. 4.- ¿Por qué la Provincia no paga el 82% móvil? Si bien hay jurisprudencia de la Corte de la Nación respecto a la
movilidad del haber pasivo, los Jubilados de la Plaza afirman que la
Provincia no cumple con esas sentencias. Por eso, Saleh, que participó
de las marchas, se inclinó por un amparo. 5.- ¿Había sentencias similares con anterioridad? La Corte de la Nación había fallado ordenando el respeto por el 82%
móvil. En 2007 (causa “Badaro”) expresó que la Carta Magna nacional ha
reconocido la movilidad “para asegurar al beneficiario un nivel de vida
acorde con sus años de trabajo”. 6.- ¿Qué hará el Gobierno provincial? Una vez que la Provincia sea notificada de la sentencia, el fiscal de
Estado, Jorge Posse Ponessa, deberá resolver si apela ante la Corte
Suprema de la Provincia, o si cumple con la orden de respetar el 82%
móvil de la jubilación de Saleh. fuente "La Gaceta", Tucumán, 07.07.2015
Francisco Ismael Saleh, el jubilado de 72 años que
logró un recurso de amparo para poder cobrar sus haberes con el 82%
móvil, se enteró con LA GACETA del miércoles que el Gobierno provincial
apelará la sentencia, dictada por la sala I de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo. “Podemos recurrir, hay que esperar el
resultado final”, dijo entonces el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Y el mensaje no cayó bien al demandante.
“Lo
que se pretende es dilatar y no pagar. Gracias a esta política
implementada (por la Provincia), muchos jubilados se han ido de este
mundo sin cobrar. Es hora de que alguien asuma la responsabilidad por la
vida y los bienes de los adultos mayores indefensos”, expresó Saleh,
preocupado.
Hace ocho días, los vocales Salvador Ruiz (preopinante) y Horacio Castellanos dictaron la sentencia en la acción de amparo planteada por Saleh, asesorado por Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada.
La demanda instaba a la Provincia a que aplicara la movilidad
porcentual sobre los ingresos jubilatorios, prevista en la Constitución
provincial y en leyes nacionales y provinciales.
Los magistrados
dictaron el amparo, y ordenaron a la Provincia que cumpla de ahora en
más con el depósito íntegro de los recursos de Saleh. “Lo que la pauta
de movilidad persigue es que el jubilado perciba durante todo el tiempo
de pasividad un beneficio cuya suma sea razonablemente proporcional no
sólo a la remuneración que ganaba a la fecha de jubilarse, sino a la que
seguiría ganando en cada momento si estuviera en servicio activo”,
señala el fallo, al que accedió LA GACETA.
Posse Ponessa
cuestionó la vía del amparo para este tipo de trámites, y afirmó que
correspondía un juicio ordinario para que hubiera oportunidad de
presentar y valorar pruebas para las partes. Además, adelantó que
apelará el fallo y llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
(CSJT).
Los jueces Ruiz y Castellanos le respondieron a través
de este diario que la vía del amparo era adecuada, y cargaron contra la
Fiscalía de Estado. “La Provincia nunca contestó la denuncia”, dijeron.
Saleh se muestra preocupado, pese a que confía en que finalmente podrá percibir sus ingresos con el 82% móvil.
Según
dijo, tras la sentencia dictada por Ruiz y Castellanos recibió
“llamadas de amigos y también de desconocidos, que me imploraban
consejos para lograr un resultado similar, después de años de lucha”. Y
mencionó el caso de un ex comisario de 89 años que, según dijo, le
confesó que “no quiere morir sin haber cobrado” sus ingresos como
corresponde; mencionó a una ex maestra del interior que gana “menos de
la mitad del personal activo y no tiene ni para comer”; y recordó que en
una marcha se le acercó un anciano “humilde” y le preguntó: “¿usted
sabe si soy jubilado transferido o no? Porque yo realmente no lo sé”. “A
esta gente el fiscal de Estado la invita a iniciar un juicio ordinario
para recuperar sus derechos. Si no fuera tan trágico, por la cantidad de
años que demoran estos procesos, diría que parece una broma de mal
gusto”, dijo Saleh. Y consideró que, por las respuestas de Posse
Ponessa, pareciera que se ha abierto “una caja de Pandora”. “Muchos
funcionarios se alborotaron como si no supieran todo lo que pasa con los
jubilados”, afirmó. Y recordó que no hubo apoyo durante estos años de
litigio por parte de la Defensoría del Pueblo, hoy a cargo de Hugo Cabral. “En la etapa final de la gestión del gobernador José Alperovich,
esperamos que se termine con la humillación que sufrimos los jubilados.
Así, podremos decir que al menos al término de su mandato hubo una
actitud de grandeza, un gesto de humanidad. El gobernador tiene la
última palabra”, remató Saleh. FUENTE "La Gaceta", Tucumán, 11.07.2015
Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) que regirá desde el 1º de enero de 2016 será de $ 6.060 y tendrá un “2.930% de aumento desde 2003”, en la reunión anual del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
El aumento que informó la Presidenta es correcto si se toma en cuenta el salario en términos nominales,
en el cual no se considera la inflación. Desde el 2003 – cuando el
SMVyM era de $ 200 – hasta la actualización de $ 6.060 de 2016, existe
una evolución del 2930% (ver datos).
Sin embargo, si se considera la inflación entre junio de 2003 y enero de 2015, antes de este último aumento, el salario mínimo real creció un 226%
al aplicar el Índice de Precios al Consumidor que elabora el Centro de
Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA en base a
las mediciones de nueve provincias.
Por: Juan Pablo Parrilla Si conserva el promedio, hará 28 transmisiones en lo que queda del año. Ya superó la cantidad de 2014
5 de 5
1 de 5
2 de 5
3 de 5
4 de 5
5 de 5
1 de 5
Si se toman en cuenta sólo los 43 minutos que se tomó ayer en su trigésima cadena nacional en 2015, la presidente Cristina Kirchner habló el triple de tiempo que Néstor Kirchner en todo su mandato. El ex mandatario apenas apeló a ese recurso dos veces y sumó un cuarto de hora.
Su esposa lleva 23 horas en lo que va del año y podría llegar a 58 transmisiones en total si mantiene el promedio.
Los datos surgen del Observatorio de Cadenas Nacionales, creado por el diputado Mario Negri (UCR). "Se está haciendo abuso de la cadena nacional, en particular usándola para hacer campaña del partido gobernante",
se quejó el jefe de bancada radical. Y puso como "ejemplo
paradigmático" a la emisión de ayer realizada desde Río Gallegos, que "se utilizó para presentar a los candidatos oficialistas, que por si fuera poco son familiares de la Presidente".
Según las proyecciones del observatorio, si
se mantienen los promedios actuales de cadenas realizadas, habrá 28
transmisiones más en lo que resta del año, lo que arrojará un total de
58 en 2015, más de una por semana, en 21 horas de emisión.
La cifra parece baja al lado de las "por ahí, dos (cadenas) por semana" que en mayo la propia Cristina Kirchner advirtió que podría hacer. Si ese "anuncio" se cumple, habrá 40 más en 2015.
Ante la falta de respuestas concretas, el legislador presentó un
escrito el 1 de julio exigiendo una definición, pero al otro día le
informaron que "el expediente está en etapa de estudio en la Dirección
de Análisis" y que de ahí irá al departamento jurídico. No hay ninguna
decisión a la vista.
Hay dos cosas que la presentación de Negri deja en claro. Por un lado, que la cantidad de cadenas y su duración fueron in crescendo desde 2008; por otro, que los temas se fueron devaluando, pese a que la ley exige "trascendencia institucional" para justificar una cadena nacional.
En este sentido, Cristina Kirchner realizó cuatro cadenas nacionales en 2009 y 28 en 2014. En esos primeros días de mandato, se tomó 16 minutos para presentar la Asignación Universal por Hijo, mientras que el año pasado usó 24 minutos para inaugurar el edificio de un municipio bonaerense.
Más
claro es el ejemplo de Atucha II a la hora de mostrar cómo aumentó la
duración: la central nuclear fue el eje de dos transmisiones, una de 18
minutos en 2011 y otra de 43 minutos este año, la misma cantidad de
tiempo que se tomó ayer.
Me atrevo a interpelar, por sentirlos muy cercanos, por más que las apariencias parecieran indicar lo contrario; insisto en lo de la cercanía, por que estamos en el mismo bote – que hace agua - , tenemos pesares, angustias y problemas comunes, recién después vienen las diferencias.
La idea es dialogar, hablar de nuestras cosas, hay textos que nos proporcionan la información básica – no única-, solo es una propuesta como para empezar. La continuidad depende de Ustedes, un eventual resultado adicional depende de todos.La idea es hablar desde un “nosotros” y sobre “nuestro futuro” desde la buena fe, los problemas exigen soluciones que requieren racionalidad, honestidad intelectual que jamás puede nacer desde la parcialidad, la mezquindad, la especulación.
Encontraran en “HASTA EL PELO MÁS DELGADO ...”, textos y opiniones sobre una temática variada y sin un orden temporal, es así no por desorganizado, sino por intención – a Ustedes corresponde juzgar el resultado -.Como no he vivido en una capsula, ya peino canas, tengo opiniones y simpatías, pero de ninguna manera significa dogmatismo, parcialidad cerrada.Soy radical (neto sin adiciones de letras ninguna), pero no se preocupen no es contagiosos … creo, solo una opción en el universo de las ideas argentinas. Las referencias al radicalismo están debidamente identificadas, depende de Ustedes si deciden “pizpear” o no.
El acá y ahora, el nosotros y el futuro constituyen la responsabilidad de todos.Hace más de cuatro décadas, en mi lejana secundaria, de una pasadita que nos dieron por Lógica, recuerdo el Principio de Identidad, era más o menos así: “Si 'A' no es 'A', no es 'A' ni es nada”, por esos años me pareció una reverenda huevada, hoy lo tomo con mucho más respeto y consideración. Variaciones de los mismo: no existe un ligero embarazo; no se puede ser buena gente los días pares.
Llegando al Bicentenario – y aunque se me tildé de negativo- siento que como pueblo, desde 1810, hemos estado paveando … a vos ¿qué te parece?. En algún momento perdimos el rumbo y ahí andamos “como pan que no se vende. Cuentan que don Ángel Vicente Peñaloza decía: “Como ei de andar, en Chile y di a pie, cuando hay de que no hay cunque, cuando hay cunque no hay deque”.
De tanto mirarnos el, ombligo y su pelusa, tenemos un cerebro paralitico, cubierto de telarañas y en estado de grave inanición. Padecemos una trágica concurrencia de factores que nos impiden advertir – debidamente -, este, nuestro triste presente y lo que es peor aún, nos va dejando sin futuro.
A los malos, los maulas, los sotretas, los villanos, los mala leche, los h'jo puta, los podemos enfrentar pero … ¿qué hacemos con los indiferentes, con los que solo se meten en sus cosas, y no advierten que el nosotros y el futuro por más que sean plurales son cosas personalisimas? Y luego dicen que quieren a sus hijos y su familia; ¡JA!, ¡doble JA!, ¡triple JA! (il lupo fero).
¡¡EL REY ESTÁ EN PELOTAS!!, dijo el niño de la calle, hijo de padre desconocido y madre ausente, ese niño es mi héroe favorito.
¿QUÉ ES PEOR LA IGNORANCIA O LA INDIFERENCIA?
¡¡NO LO SÉ Y NO ME IMPORTA!!
El impertinente, el preguntón es nuestra esperanza, nuestro “Chapulin Colorado”.
Mis querido “Chichipios” - diría don Tato- no olviden que además de ver el vaso medio vació o medio lleno, hay que saber que contiene – sino que le pregunten a Socrates - ¡Bienvenidos! Adelante. Julio
